Estas son algunas de las cosas que el Gobierno, y en particular el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, está diciendo a los españoles:
1. Si usted pagó los impuestos que le correspondían, muchas gracias. Ahora va a pagar más. Si, en cambio, usted no lo hizo, puede acogerse a una amnistía fiscal cuyas condiciones, además, se irán haciendo más laxas con el tiempo.
2. Si un ciudadano tiene deudas con la Seguridad Social o con Hacienda, se le aplicará la ley y no tendrá acceso a subvención pública alguna. Pero si se trata de un partido político, veremos qué se puede hacer.
3. Si una Comunidad Autónoma cumple con la ley y alcanza su objetivo de déficit, es que era su obligación. Si otra Comunidad no lo hace, y además sus dirigentes están embarcados en el delirio de la secesión, entonces vamos a llegar a un acuerdo.
Parece que Montoro está considerando seriamente la posibilidad de asignar diferentes objetivos de déficit a las diferentes CCAA, y se da por hecho que Cataluña será una de las agraciadas con un criterio más flexible. La Comunidad Autónoma con peores cifras macroeconómicas, la gobernada (antes y ahora) con mayor irresponsabilidad, la que considera que el cumplimiento de leyes y sentencias es optativo, la que desprecia el Estado de Derecho y lo fía todo a un tramposo "derecho a decidir". En cambio, a aquellas CCAA que hayan alcanzado las metas impuestas se les seguirá exigiendo en la misma medida. Una vez más, Montoro y Rajoy premian al que incumple frente al riguroso.
Algunos dirán que criticar un posible apaño del Gobierno con la Generalitat es muestra de desprecio hacia Cataluña. En absoluto. Los que más están sufriendo la pésima gestión de los sucesivos gobiernos nacionalistas son los catalanes. Los que más sufrirían si se consumara el desvarío independentista serían los catalanes. Los más perjudicados si continúa el déficit y sigue creciendo la deuda de Cataluña serían los catalanes. Y los más interesados en una política presupuestaria sensata, que salve los servicios esenciales mientras suprime los gastos superfluos (que allí son en buena parte identitarios), son los ciudadanos españoles, entre ellos los catalanes.
El Gobierno siempre plantea los incentivos equivocados. Permanentemente observamos cómo el peso de los recortes cae sobre los asalariados, sobre los parados, sobre los que hacen más uso de los servicios públicos. No se investigan las responsabilidades de los gestores que han conducido a las cajas de ahorros a la quiebra (tiene que ser un pequeño partido como Unión Progreso y Democracia quien vaya al juzgado a denunciar los abusos relacionados con las cuentas y con los sueldos de los directivos), mientras se abandona a su suerte a las miles de personas que fueron estafadas con las participaciones preferentes. El Gobierno anunciará hoy una ayuda a los propietarios de este tipo de productos que, como ha denunciado el diputado de UPyD Álvaro Anchuelo, no es tal, ya que impone quitas de hasta el 60% sobre el valor de las participaciones. En el fondo, se pretende hacer con las personas que adquirieron preferentes algo parecido a lo que podría ocurrir a los chipriotas con depósitos bancarios.
Los ciudadanos deben elegir a personas decentes para que gestionen las instituciones públicas, pero nunca deben dejar de vigilarles. Todo gobernante está sometido a múltiples presiones y todos tienen sus intereses particulares. Por eso es tan importante que las leyes y la actuación de los poderes públicos establezcan un sistema que premie la virtud y castigue el desatino y el abuso. Y esto es lo contrario de lo que hace el gobierno de España. Artur Mas y su govern han hecho mucho daño a la confianza internacional en España, a la convivencia y a las arcas públicas. Su aventura independentista es tan absurda, que puede que se estrelle incluso aunque el Gobierno no haga nada. Pero es fundamental que no quede la sensación entre los líderes políticos y entre los ciudadanos de que si se orquesta un desafío constitucional y se tensa la cuerda lo suficiente, se pueden obtener réditos políticos. Rosa Díez ha pedido esta misma semana que el acceso al Fondo de Liquidez Autonómico esté condicionado a la observancia estricta de la constitución y a la lealtad con el Estado, algo que contemplan los países más federales y la propia Unión Europea. UPyD se quedó sola en la defensa de esta posición.
Montoro (y Rajoy) no parecen ser conscientes de su responsabilidad. No sólo se trata de cuadrar las cifras y salir de la crisis (cosas que están lejos de suceder), sino de hacerlo con justicia, para que en el futuro todos los ciudadanos sepan a qué atenerse.