Publicado en Agenda Pública de eldiario.es-Caffe Reggio, aquí)
OPINIÓN
La financiación de los partidos políticos constituye uno de los aspectos más controvertidos de los sistemas democráticos. La democracia tiene un coste que debe ser asumido por alguien, la pregunta clave es quién. ¿Tendrán los partidos españoles capacidad de innovación y de autocontención?
¿De quién son los partidos, a quiénes representan? ¿A sus dirigentes, a sus afiliados o a los votantes? Y en consecuencia, ¿quién debería asumir el coste de su funcionamiento? La financiación de los partidos políticos constituye uno de los aspectos más controvertidos de los sistemas democráticos. Los partidos son los instrumentos básicos de la democracia representativa y los actores centrales en la intermediación entre ciudadanos e instituciones. Pero su funcionamiento tiene notables costes económicos. La democracia, en general, cuesta dinero: campañas electorales, movilizaciones, comunicación, etc. Y este coste siempre será asumido por alguien. La pregunta clave es quién.
Básicamente hay dos grandes modelos de financiar los partidos. Se puede optar por que lo asuman actores privados, bien sean individuales o colectivos, o, por el contrario, por que lo paguemos entre todos a partes iguales, es decir un modelo de financiación pública. Cada una de estas opciones tiene implicaciones para el funcionamiento del sistema político. Si se opta por la financiación privada se suele asumir que entonces los partidos responderán a intereses particulares en vez de a intereses generales mientras que se da por supuesto que si los partidos se financian públicamente no solo se favorecerá la competencia entre las distintas opciones políticas sino que se verán favorecidos los intereses generales. Más allá de los prejuicios, ni una cosa ni la otra son necesariamente ciertas. Por un lado aceptar la existencia de partidos es aceptar el pluralismo y, por tanto, las diferencias, de ahí que la idea rousseauniana de la voluntad general parece algo ingenua en las sociedades complejas. Y por otro, el hecho de que los partidos se financien con dinero público no es garante de la defensa de los intereses generales ni impedimento para que los propios partidos acaben desarrollando intereses autónomos, como sobrevivir, sin ir más lejos.
En España, desde la Transición se fue conformando progresivamente un modelo basado de forma preeminente pero no exclusiva en la financiación pública. Entre ocho y nueve de cada diez euros que se gastan los partidos provienen de los presupuestos públicos, esto es, de los impuestos de los ciudadanos. Este modelo ha favorecido la estabilidad y el funcionamiento de los principales partidos españoles, y ha limitado, hasta cierto punto, la influencia de los intereses privados en la competencia partidista. No obstante, hay problemas importantes que persisten o se agravan, no siendo la corrupción el más preocupante o extendido: la pérdida de peso de los afiliados en las decisiones de los partidos, el incremento de los costes, la influencia de las grandes corporaciones, las deudas que todos los partidos tienen contraídas con las entidades bancarias, la manipulación de las normas a conveniencia de los propios partidos, la insuficiencia de los mecanismos de control, no sólo por la escasez de medios materiales sino también por la ausencia de capacidad sancionadora ante las transgresiones, etc.
Las disfunciones generadas han situado la reforma del sistema de financiación en la agenda. Para contribuir a situar este tema central en la agenda pública, acabamos de presentar el informe “Financiación de los partidos y transparencia democrática. Buenas prácticas en Europa y América del Norte”, encargado por la Fundación Catalunya Europa, donde proponemos algunas alternativas inspiradas en práctica de países de nuestro entorno (Reino Unido, Alemania, Canadá y Estados Unidos) y que se podrían trasladar al nuestro, adecuadamente adaptadas. No hay una modelo ideal de resolver esta cuestión, pero todos los países observados tienen un elemento en común: en estos países, los partidos fueron capaces de innovar en reformas y autoregularse por el bien de la democracia. ¿Tendrán los partidos españoles esta capacidad de innovación y de autocontención?
Las reformas en la financiación de los partidos no debe ser visto sólo como un instrumento para frenar la corrupción. Significa sobre todo definir qué modelo de democracia queremos tener. Qué relación debe haber entre ciudadanía, partidos y Estado. Hay diversas vías y ninguna receta mágica. Sólo hay una certeza: la democracia ni es ni será gratis.
Los autores del informe somos miembros del Grupo de Investigación sobre Elites Partidos Políticos