La intención de PSOE, IU y sus medios amigos es mantener el escándalo de los ERE como un caso de corrupción local, frente a Gürtel o los papeles de Bárcenas que serían gravísimos sucesos nacionales. Parece que en España el afán territorial sirve a algunos incluso para rebajar su responsabilidad en ciertos robos. Sin embargo, la gravedad de la corrupción en España sólo se contempla en su totalidad si se tienen en cuenta todos los delitos (condenados o presuntos) que se localizan a lo largo y ancho de nuestra geografía, ya sea en el nivel central de la administración (caso Campeón, por ejemplo), en el autonómico (ERE, Gürtel, ITV y un larguísimo etcétera), en el local (el caso Brugal quizás sea el más simbólico entre cientos), o bien en los partidos y sus entornos (Bárcenas, Amy Martin…).
Además de esto, el siniestro asunto de los ERE plantea la cuestión de la responsabilidad política del presidente del PSOE y de la Junta de Andalucía. Según informa hoy el diario El Mundo, José Antonio Griñán, como consejero de Economía y Hacienda, fue quien firmó el incremento del famoso 'fondo de reptiles', una partida sin control de ningún tipo que ha servido para que algunos se hagan ricos a costa del dinero público. El tamaño del fraude hace que sea inaceptable que tanto Griñán como antes Manuel Chaves no conocieran lo sucedido. Las cantidades que se manejan dejan pequeñas las de cualquier otro delito contra la Administración: de momento, se estima que se distrajeron 50 millones de euros, aunque la opacidad de las operaciones aconseja no dar por cerrada todavía la cifra. En el complejo entramado, los presuntos delincuentes han contado con la inestimable colaboración de los sindicatos UGT y CCOO. Así pues, el caso de los ERE tiene una relevancia que trasciende lo meramente autonómico.
Para completar el cuadro, el gobierno andaluz no está formado sólo por el PSOE, sino que tiene la colaboración (complicidad) de Izquierda Unida. Esta coalición, azote puramente retórico de la injusticia, que anda metida en una campaña exigiendo la dimisión completa del Ejecutivo de Mariano Rajoy, tiene en su mano forzar al de Griñán a reconocer lo sucedido y a colaborar con la justicia. Este doble rasero es la marca de la casa del comunismo patrio, sectario hasta la médula y orgulloso de serlo, incapaz de lograr, allí donde es decisivo, reformas de calado como la de la Ley Electoral, que tanto les perjudica. Ellos también tienen sus corruptos y sus consejeros en las cajas de ahorros desvalijadas, lo que no les impide apuntarse con entusiasmo al acoso a los representantes legítimos de la ciudadanía.
Los partidos tradicionales siguen exigiendo dimisiones en todos los casos de corrupción que afectan a los demás. Por supuesto son muy libres de seguir haciéndolo, pero alguna vez deberían pararse a pensar si les sale rentable. A estas alturas, con la credibilidad por los tobillos, cada vez que alguien del PSOE aparece en los medios con aire de gravedad para denunciar la inacción del PP ante los escándalos que le abruman, está llamando la atención sobre la corrupción propia (y viceversa). El intercambio de descalificaciones resulta altamente desmoralizador para la sociedad. ¿Qué pasaría si un partido, en lugar de ofrecer ruedas de prensa acusatorias se dedicara a limpiar su casa, a investigar (de verdad) lo sucedido, a colaborar sin ambages con la justicia, a modificar sus estatutos para que los acusados no puedan ir en listas electorales? ¿Qué pasaría si se pusieran manos a la obra en las reformas legislativas que pueden servir para luchar de verdad contra la corrupción? Quizás descubrirían que los ciudadanos se lo agradecen.