Antoni Gutiérrez-Rubí (Publicado en Micropolítica-Blogs El País, aquí)
Mientras el Rey sigue su proceso postoperatorio, el juez Castro ha decidido, finalmente, imputar a la infanta Cristina en el ‘caso Urdangarin’. El juez se ha tomado su tiempo, por método procesal y actitud garantista. La imputación culmina —y a la vez abre— una etapa. Todos los miembros de la junta directiva del Instituto Nóos están imputados, incluido Carlos García Revenga, el primer empleado de la Casa del Rey imputado en un proceso judicial, y que entró a su servicio en La Zarzuela hace casi 20 años.
Las nuevas pruebas (los correos aportados por Diego Torres, otro de los imputados) han sido, quizá, decisivas para la decisión del juez, tal y como deberá constar en el auto judicial. En uno de ellos, Iñaki Urdangarín se dirige a su esposa por correo electrónico pidiéndole consejo sobre unas actividades relacionales y promocionales de su lucrativa organización, al tiempo que se disculpa por no haberla informado antes: "Gracias mi amor, a veces por no saber lo que piensas voy más perdido, pero mi reacción no es la de dejarte así". Y concluye con un "Léelo y dime lo que piensas, please". Parece que hay amor, explícito e implícito, en la correspondencia. Pero también cooperación, colaboración y posible relación jerárquica. Y esto es lo nuevo y grave para quien había pasado como una esposa que ignoraba todo. Amor ciego, le llaman. Ahora sabemos que, posiblemente, haya algo más que amor.
Este golpe no es, por posible y previsible, menos doloroso y brutal para la imagen de la Corona y del Rey. La Infanta decidirá su suerte el próximo día 27, día de su declaración ante el juez. Pero Juan Carlos I, y la Casa del Rey, no puede aguantar 25 días más sin dar explicaciones. Y sin tomar la iniciativa y ofrecer una salida al estado de shock institucional en el que nos encontramos. Además, otras informaciones han socavado más el agujero de confianza política entre la ciudadanía y el Jefe del Estado.
El deterioro es profundo. Y reclamará medidas de choque excepcionales e históricas. Todo lo contrario de lo que va a suceder: se utilizará el derecho a la presunción de inocencia y el carácter preliminar del proceso judicial para no mover ficha, resistir, y protegerse tras la responsabilidad de los partidos mayoritarios y del Gobierno. Pero nos encontramos en el caso de la teoría del ahogado: si le das la mano, te hundes con él. Necesita un salvavidas y una boga. La democracia española está por encima.
El Rey debe contemplar y completar su rehabilitación física con la rehabilitación política de la Institución. Curiosamente, la misma palabra sirve para lo físico, lo ético y lo político. También para lo judicial, pero esto veremos si sucede y cómo. La rehabilitación personal difícilmente podrá tutelarla y pilotarla. Pero ahora toca hacer historia, antes de sucumbir a ella.
El Rey debe pedir comparecer ante el Congreso de los Diputados para dar explicaciones (todas), proponer soluciones (abdicación, regencia o continuidad) y ofrecer una amplia gama de reformas, una auténtica transición de la monarquía hacia un diseño institucional más acorde con los tiempos y la sociedad española. Se trata de una medida excepcional que puede hacerse sin humillación, pero que rescataría la dignidad perdida. Aunque sea duro, puede ser necesario. El Congreso, representante de la soberanía de los ciudadanos, sabrá encontrar el formato más adecuado para este momento excepcional. Sin servilismos ni privilegios innecesarios, pero con sentido común.
Un gesto así, un gesto sincero, profundo, real… haría grande al Rey. Nos daría un oportunidad democrática y política. Residenciaría en las Cortes, y no en los juzgados, el futuro de la Jefatura del Estado y nos permitiría preguntarle, directamente: Dime lo que piensas, please.