La imputación

La convocatoria judicial a Cristina de Borbón viene a confirmar que el Estado
de derecho funciona en España. Proporciona asimismo la ocasión de demostrar que
“la justicia es igual para todos”, como proclamó el propio Rey ante las cámaras
de televisión en la Navidad de 2011, una vez conocida la implicación de su
yerno, Iñaki Urdangarin, en el caso Nóos. El juez había rechazado una
petición anterior de imputación de la Infanta por falta de materia para hacerlo,
pero testimonios y documentos recibidos recientemente —sobre todo los correos
electrónicos administrados con cuentagotas por Diego Torres, socio de
Urdangarin— le han hecho cambiar de opinión.

El juez José Castro se aparta así del criterio del fiscal, con el que ha
actuado en absoluta sintonía a lo largo de todo el proceso sobre los negocios de
Urdangarin, pero que ahora se muestra contrario a la imputación de la Infanta.
El juez precisa que ninguno de los indicios disponibles, aisladamente
considerados, tienen peso para imputarla, pero que ha de tenerlos en cuenta en
su conjunto y no debe cerrar la instrucción sin preguntarle por ellos, lo que le
lleva finalmente a tomar la decisión que comunicó ayer.

Las 18 páginas del auto del juez despliegan un argumento sólido sobre la
necesidad de la imputación, aunque esa solidez se desvanece un tanto a la hora
de acotar los hechos por los que se procede a ello, dejando siempre el regusto
de que Castro ha tenido en cuenta la enorme presión de la opinión pública a la
hora de tomar una decisión que no transmita la impresión de que la Infanta
escapa al destino procesal del resto de protagonistas del caso
Urdangarin.

Sin prejuzgar el futuro procesal, resulta pues necesario aclarar si los
indicios disponibles encajan en las conductas penales de “cooperación necesaria”
o de “complicidad” para la comisión de delitos. Si no hubiera tomado la decisión
de llamar a la Infanta, se habría pensado en un enjuague destinado a apartar a
la hija del Rey de toda molestia procesal por el hecho de serlo. En todo caso,
los miembros de la familia del Rey carecen de fuero y, por tanto, si el auto de
convocatoria adquiere firmeza —la fiscalía ha anunciado que va a recurrirlo— la
hija del Rey habrá de acudir al juzgado como una ciudadana más.

Está claro que la Infanta no tomó parte en la gestión del Instituto Nóos ni
en otras actividades sospechosas. Lo que se investiga es si prestó su
consentimiento a la utilización de su nombre, tratamiento y cargo —en
definitiva, de su parentesco con el Rey— para que empresas e instituciones
públicas pagaran al Instituto Nóos, presidido por su marido, y que para hacerlo
prescindieran de “los cauces y controles administrativos que eran de rigor”,
beneficiándose de ello. Es decir, si se pretendía un aprovechamiento
“utilitarista” de doña Cristina para impresionar a las autoridades y empresas a
las que se implicaba en los proyectos amparados bajo el paraguas de Nóos, a fin
de que estas creyeran en el respaldo de la Casa del Rey; impresión reforzada por
la presencia en la directiva de esa entidad de Carlos García Revenga, el
secretario de las Infantas.

Declarar como imputada —es decir, asistida de abogado— no implica el
señalamiento de delito concreto alguno. Es el único modo de que la Infanta se
explique ante la justicia. Por el contrario, si fuera llamada simplemente como
testigo podría haberse acogido al derecho de declarar por escrito o incluso no
hacerlo. Es imprescindible que la justicia llegue hasta el final del caso
Nóos, no solo por tratarse de un asunto grave de corrupción, sino de un
escándalo que está causando un daño considerable al prestigio de la
Monarquía.