El debate sobre la Corona desborda la agenda de Gobierno y partidos (por Fernando Garea)

La fatiga de los materiales por el paso del tiempo es un principio básico de
la ingeniería. En el caso de la Monarquía, los casi 35 años transcurridos desde
su instauración no explican por sí solos el notable desgaste de la institución.
La imputación de la infanta Cristina en el caso Urdangarin ha desbordado el debate sobre la Corona, después de una
acumulación de traspiés y escándalos que han acelerado el desgaste y han llevado
a medios extranjeros a utilizar titulares como: “Tiembla la Corona en
España”.

La Corona ha pasado de ser un asunto tabú, al margen de la agenda política, a
ser objeto de polémica y crítica pública, con un reflejo claro en un descenso de
su valoración en todas las encuestas. La controversia desborda a los partidos y se habla
abiertamente de cambios en distinto grado. Por primera vez es casi unánime la
opinión de quienes defienden cambios en la institución. Los matices de esos
cambios van desde los que proponen retoques legales y de funcionamiento en la
Casa del Rey, pasando por quienes hablan abiertamente de la abdicación de don Juan Carlos, hasta llegar a los que cuestionan la propia Monarquía. Entre los primeros, y con muchas
prevenciones, se incluye el Gobierno de Mariano Rajoy, que acepta,
aunque sea arrastrando los pies y empujado por todos, una regulación muy
limitada de la Casa del Rey en la Ley de Transparencia, tras negar
reiteradamente que eso fuera posible.

La tesis de la abdicación es manejada ya en privado por destacados dirigentes
políticos, incluidos algunos del PP, que sostienen que ese proceso debería
acompañar a la reforma del funcionamiento de la institución. Y en la última
opción están los grupos minoritarios, que se estrellan contra la abrumadora
mayoría parlamentaria de PP más PSOE, que mantienen posiciones firmes de defensa
de la Corona como garantía de estabilidad, aunque sea con cambios en su
regulación y estatus.

El episodio de la cacería de elefantes, la relevancia pública de Corinna zu Sayn-Wittgenstein y, sobre todo, la investigación
judicial por un caso de corrupción que, según el juez, tuvo lugar en los
aledaños de la Zarzuela, han acelerado el deterioro. La crisis económica y la
desafección ciudadana hacia las instituciones actúan como lupa que agranda
notablemente el problema. Lo fundamental es que en los últimos años se ha
levantado parcialmente el velo de silencio y opacidad sobre la Casa del Rey; se
publican informaciones sobre el caso Corinna; la amiga del Rey irrumpe
de forma no aclarada con entrevistas estelares; se investiga en un juzgado; se
amplifica el eco en redes sociales libérrimas y en el Parlamento se piden
cuentas por primera vez sobre la Casa Real. Todo eso estaba escondido bajo la
alfombra levantada ahora. La veda se ha abierto y se avecinan episodios más
tortuosos sobre los Príncipes.

“Somos muy conscientes del deterioro de la imagen pública de las
instituciones y de la Corona en los últimos años. Todas las encuestas, tanto las
públicas como las que manejamos nosotros internamente, muestran esa tendencia
negativa y por supuesto, ese deterioro nos preocupa mucho, afecta a nuestras
actuaciones”, admite un portavoz de la Casa del Rey. La Monarquía reinstaurada
en 1975 se fundamentó exclusivamente en don Juan Carlos y doña Sofía, y la
opinión pública solo tomó como referencia su actuación. Según el diputado de IU
Gaspar Llamazares, el problema reside en lo que fue considerado una virtud clave:
el juancarlismo. “El Rey era el activo de la Corona, ahora que ya no lo
es se convierte en lastre por desgaste de su imagen personal y la pérdida
galopante de prestigio”, explica.

La naturaleza y la biología cumplieron su inexorable función y las fotos de
la familia real incluyeron cada vez a más miembros, lo que ampliaba el margen de
error y la exposición. Con los años, se han ido cayendo caras de esas fotos
(Jaime de Marichalar, Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina), hasta el punto de
que en la web oficial de Casa del Rey no hay ahora imagen de grupo alguna en la
pestaña de familia real.

Para el expresidente José
Luis Rodríguez Zapatero, pese a todo, la Monarquía es una institución
consolidada. “Las grandes democracias, las sociedades democráticas avanzadas,
son aquellas que han sabido consolidar sus instituciones, las más relevantes
para la democracia misma. Y en España la Monarquía lo es. En nuestra memoria aún
reciente está el papel desempeñado por el Rey en la reconciliación, en el
impulso de la Transición, en la elaboración y aprobación de una Constitución que
garantiza los principios del Estado de derecho, en la propia salvaguarda de esa
democracia recién conquistada frente a la amenaza que supuso el golpe del 23-F. Está también el aprecio e identificación
exterior de la España democrática con la figura del Rey”, asegura Zapatero a
este periódico.

“Por eso, creo que la democracia parlamentaria española está tan ligada a la
Monarquía, y en concreto a la trayectoria de Juan Carlos I, como la propia
Monarquía a aquella. En su origen, en el fundamento de su legitimidad y en su
respectivo desarrollo futuro. Sabemos, asimismo, que esas democracias más
avanzadas son las que sirven a sociedades abiertas, críticas y autocríticas, con
voluntad de cambio y de perfeccionamiento. Esta tarea, la de mejorar la
democracia y nuestras instituciones, debe estar igualmente presente en nuestro
debate colectivo (aunque no me corresponda a mí ya participar en él en primera
línea)”, dice el expresidente. Ese activo del 23-F y su contribución a la
llegada de la democracia han dejado de ser importantes para una mayoría de
españoles, según la socióloga Belén Barreiro, expresidenta del CIS.

Barreiro explica que hay ya varias generaciones de españoles que nacieron en
democracia y no valoran ese activo. “La Monarquía es una institución no
democrática, y por eso precisa de un refuerzo que le daba esa gestión del Rey.
El problema es que ahora ya no existe ese refuerzo y la Monarquía pierde apoyo
sobre todo entre los jóvenes, porque el Rey no tiene episodios a los que
agarrarse”, añade.

Para esa generación, la imagen del Rey es la del “lo siento mucho, me he
equivocado”, la caza de elefantes, el caso Corinna y la pasarela de los
juzgados de Palma de Mallorca. Barreiro sostiene que “el Rey no da más de sí, y
sería adecuado preparar el relevo. Deja buen recuerdo, pero corre el riesgo de
echarse a perder”. En su opinión, el Príncipe está bien valorado en las
encuestas; por eso sería conveniente hacer coincidir el relevo con “una
inyección de transparencia y cambios legales”.

En lo político, el Rey cuenta con el respaldo de los dos grandes partidos,
que han gobernado con él, aunque comparten la preocupación. Sobre ambos se
imponen el sentido de Estado, el sentido práctico y, en algunos casos, la
convicción monárquica. “Muy directamente, puedo referir la experiencia de mi
relación con la Corona mientras ocupé la presidencia del Gobierno. Y quiero ser
muy claro: siempre constaté el compromiso del Rey con su responsabilidad de
actuar como factor de integración, así como de apoyo a las instituciones
democráticas, en concreto de apoyo al Gobierno en la defensa del interés general
de España. No sé si es muy habitual en el comportamiento de los monarcas, pero
yo además puedo decir que siempre sentí su cercanía, disponibilidad y estímulo
personales en los momentos más delicados o ante los desafíos más difíciles para
nuestro país. Por cierto, esta misma actitud también la vi en el Príncipe”,
asegura Zapatero.

El PSOE tiene un ideario de máximos y unas bases republicanas, pero se impone
la defensa de la Constitución y el sentido práctico para defender la monarquía.
Alfredo Pérez Rubalcaba suele asegurar que lo que sostiene a
la Monarquía es el PSOE. Es decir, que si este partido revisara su posición
sobre el jefe del Estado, se haría muy difícil su mantenimiento. La conferencia
política que celebrará en septiembre para hacer su programa y que prepara Ramón
Jáuregui no tiene previsto debatir sobre este asunto. “No contemplamos la
alteración de la arquitectura institucional del Estado, aunque podría haber
enmiendas de compañeros en línea con el ideario republicano tradicional que
hagan inevitable el debate, pero no lo alentaremos”, dice Jáuregui. Explica que
la idea de pacto constitucional, con la Monarquía como garantía de estabilidad,
“no es el pasado, sino que está presente y no conviene removerlo”. En su
opinión, la elección de un jefe de Estado partidario no garantizaría esa
estabilidad y consenso, y menos en un momento de desafección de la política.
“Hay que llamar a la prudencia para no abrir la puerta a que todo pueda
revisarse”, añade. El PSOE vive en el equilibrio entre el apoyo oficial al Rey y
la presión de unas bases mayoritariamente republicanas. Las Juventudes
Socialistas empujan hacia el ideario republicano, pero nunca logran que el
debate llegue a los congresos del partido. El asunto es tan sensible que se
abrieron grietas cuando el líder del PSC, Pere Navarro, pidió públicamente la
abdicación.

Esa posición de “responsabilidad” es mayor en el Gobierno del PP. Un miembro
del Ejecutivo explica que son conscientes de la situación, agravada por el hecho
de que la mala salud del Rey le impide ejercer como embajador en otros países o
participar en actos oficiales. En su agenda se han acumulado actividades
aplazadas que incluyen entrega de cartas credenciales de nuevos embajadores o
inauguraciones, ente otras.

Ese miembro del Gobierno explica que la Corona es una institución especial y
cualquier paso será siempre a instancias del Rey. Por supuesto no contemplan
ningún escenario que no sea la Monarquía, entre otras cosas porque dicen que
tendría un efecto demoledor en el exterior y abriría un abismo en el que habría
que disolver las Cortes, convocar un referéndum e iniciar un periodo de
inestabilidad. Esos miedos y el pánico al debate sobre la Monarquía frenaron a
Zapatero de seguir con la reforma de la Constitución para eliminar la anacrónica
prevalencia machista de la sucesión. La iniciativa acabó en un cajón tras pasar
por el Consejo de Estado.

La abdicación, siempre según ese ministro, es decisión exclusiva y personal
del Rey, aunque como opción se abre paso en muchos ambientes, incluido el
Gobierno. No se ha desarrollado el artículo 57 de la Constitución, que prevé una
ley orgánica para regular la sucesión, pero según esta fuente si el Rey quisiera
abdicar los dos grandes partidos tardarían una semana en aprobar la norma, como
hicieron en 2011 con la reforma constitucional exigida por la UE sobre el
déficit.

En ese equilibrio entre la iniciativa del Rey y la actuación del Gobierno
siempre hay una gestión extremadamente discreta. Por ejemplo, en la supervisión
de los discursos del Monarca, sobre los que La Moncloa interviene a veces
notablemente, como este año en el de Navidad. Esta posición de preservar la
estabilidad de la Corona la mantiene Benigno Pendás, director del Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales, dependiente de La Moncloa: “La Corona es
la clave de bóveda de nuestro sistema constitucional. Es símbolo de unidad y
permanencia del Estado, pero también de la nación. El Rey ejerce una función
imposible de definir en términos jurídicos, pero determinante en el equilibrio
político de las instituciones. Para quienes creemos en la España constitucional,
la imagen de la más alta magistratura del Estado es garante de una democracia
que nos sitúa en el único lugar posible para una sociedad civilizada del siglo
XXI. La monarquía como forma de gobierno es un éxito en países tan avanzados
socialmente como Suecia, Noruega o Dinamarca y en democracias de larga tradición
como Reino Unido”.

“La sociedad española debe expresar la madurez que nos ha permitido superar
tiempos convulsos. El Estado de derecho funciona en el caso
Nóos y ampara la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. La
fortaleza de las instituciones al margen de las personas es una seña de
identidad de una sociedad capaz de sobrevivir a tormentas pasajeras. El balance
es más que favorable. Todo un éxito, si recordamos una historia plagada de
exclusiones, venganzas y conflictos”, asegura Pendás, asesor del Gobierno.
Explica que “es tiempo de sosiego y no de ruido artificial al servicio de
intereses a veces espurios. La responsabilidad nos incumbe a todos, porque nadie
vendrá en nuestra ayuda si dejamos que prenda la mecha del populismo”.

Otros, como Llamazares, aseguran que es inevitable el debate sobre la
monarquía. En su opinión, en el peor de los casos son precisos cambios como para
dar “transparencia y llevar a la institución el laicismo y el republicanismo,
aunque parezca una contradicción, y la aplicación de la tesis de Lampedusa de
que todo cambie para que todo siga igual”.

La pregunta es si es posible modernizar o mejorar la imagen de la Corona. Se
intentó con escaso nivel de éxito con gestos y pasos como la transparencia del
presupuesto, la web, el polémico blog del Rey sobre Cataluña y la entrevista con Jesús Hermida en TVE. Ahora se buscan otras
soluciones. En el marco legal hay margen de maniobra porque, según los
constitucionalistas, la Ley Fundamental fue fruto de la cesión voluntaria de
poder por parte del Rey, por lo que se mantuvo el privilegio de la imputabilidad
y la opacidad de su presupuesto, sin control externo alguno.

Un portavoz de la Casa del Rey asegura que La Zarzuela ha tomado algunas
medidas para intentar frenar ese deterioro, como la publicación de sus cuentas por primera vez en 2011 o
la llamada del jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, a la vicepresidenta,
Soraya Sáenz de Santamaría, hace dos meses para pedir ser incluidos en la Ley de Transparencia. Desde
entonces, indican, se han reunido media docena de veces con el Ejecutivo para
debatir la fórmula. Tras consultar los modelos existentes en otras monarquías
europeas e intercambiar varios documentos, han cerrado prácticamente una
propuesta, que ahora debe ser presentada como enmienda a la ley y debatida por
los grupos. Fuentes de La Zarzuela, consciente de que una incorporación
descafeinada a la ley podría ser peor, insisten en que habrá “pocas
limitaciones”. Señalan que ya el anterior jefe de la Casa del Rey, Alberto Aza,
manifestó hace más de dos años la necesidad de abrir la institución a una mayor
transparencia para adaptarse a los tiempos y aseguran que en el futuro van a
seguir haciendo esfuerzos en ese sentido.

José Luis Ayllón, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, afirma
que la transparencia de la Casa del Rey no puede ir más lejos que la establecida
para el Tribunal de Cuentas o el Constitucional en lo que se refiere a sus
gastos. Sí se acepta que se incluya en la Ley de Transparencia el conocimiento
de sus actividades y presupuestos globales.

Preguntado por la posibilidad de que se apruebe la ley orgánica de desarrollo
de la Constitución sobre la Corona, Ayllón asegura contundente: “No. Jamás he
oído hablar de eso o que alguien se lo plantee”. Tampoco hay posibilidad de
control parlamentario de la Casa del Rey. Según explica estos días Jesús Posada,
presidente del Congreso, solo se pueden tramitar preguntas dirigidas al
Gobierno, y por eso es habitual que se rechacen o se obligue a reformular
cuestiones planteadas por la oposición sobre la Corona.

La transparencia ni siquiera se produce sin esperar reformas legales. Así,
una semana después de que se publicara la noticia, La Zarzuela no ha aclarado
aún si el Rey mantiene una cuenta en Suiza como consecuencia de la herencia que
recibió de su padre.

El citado miembro del Gobierno explica que lo que más daño hace es la imagen
de chantaje de un imputado en el caso Urdangarín y la sombra de la
sospecha. Y un diplomático de una embajada europea en Madrid corrobora que,
precisamente, el de la Monarquía española es el asunto de nuestro país que más
atención requiere de su Gobierno. Es lo que el Ejecutivo llama el efecto en la
marca España del desgaste de materiales.