Lejos de hacer economía, durante su última presencia en Londres la presidenta de Castilla-La Mancha ha repartido amplias dosis de ideología, dirigidas por esas coartadas que orientan su poder desde que asumió éste en las últimas elecciones autonómicas. Son una serie de reformas gestadas en plena crisis del paradigma globalizador y alejadas de las esencias del Estado social. Las propias palabras de Cospedal pronunciadas en la capital inglesa son un desplazamiento de las tradicionales formas de intervención estatal en el ámbito socio-económico, con su permuta por otras nuevas que se han gestado en torno al paradigma de la centralidad del mercado y que revelan ese incisivo proceso –descrito por la profesora Ainhoa Lasa en el último número de la revista Sistema– de "desmantelamiento del Estado Social".
Así lo evidencia la presidenta del Gobierno regional, María Dolores Cospedal, al destacar que las comunidades autónomas españolas y, en concreto, Castilla-La Mancha, son "capaces de cumplir con nuestra obligación, de recortar el déficit y gobernar de una forma sostenible nuestros servicios sociales básicos". Posiblemente no era muy consciente al expresarse así en la rueda de prensa ofrecida en la Embajada de España en Londres y tras reunirse con varios fondos de inversión. En este sentido, ha destacado que las comunidades autónomas, desde el punto de vista internacional, "son las grandes desconocidas, sobre todo para los economistas fuera de nuestro país". De ahí que ha subrayado cómo desde Castilla-La Mancha queremos transmitir "que nuestro país es un país gobernable, que las comunidades cumplimos", ha añadido.
La presidenta se ha reunido con fondos de inversión, inversores y empresarios británicos y ha ofrecido nuestra región "para todo aquel que quiera invertir, para quien quiera crear riqueza que genere empleo", así como para todos aquellos –ha continuado- "que quiera invertir en deuda cuando Castilla-La Mancha pueda emitir deuda"…; "vamos a seguir trabajando en las reformas que ya hemos comenzado y complementándolas con las que está llevando a cabo el Gobierno de España", ha recalcado.
Para hoy martes, Cospedal ha reservado la exposición de las oportunidades inversoras de Castilla-La Mancha ante varias empresas de diferentes sectores, como el turístico, el agroalimentario y el de energías renovables. En este sentido, la presidenta de Castilla-La Mancha ha asegurado que "explicaremos nuestra capacidad para recoger, admitir y recibir inversores por la cantidad de suelo industrial que tiene nuestra región, sectores logísticos, con carácter general, y muy particularmente para el sector aeronáutico, para el sector de las manufacturas, en determinados ámbitos, y en nuestro sector agroalimentario".
Contra lo que pudieran creer ella y sus próximos, esos movimientos y fundamentos ilógicos son vulgares parámetros del llamado "constitucionalismo de mercado", consolidado a través de elementos de legitimación del mercado global de la organización estatal, cuyos correlatos y malestar han conducido a los Estados miembros de la Unión Europea a tasas de desempleo desconocidas desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Unos índices que, como subraya la profesora Ainhoa Lasa, lejos de recuperar la dimensión humana del capital, han acentuado los mecanismos de remercantilización del trabajo, "como si la introducción de mayores dosis de competitividad y eficiencia económica fueran la única receta posible para subsanar los desvaríos de un sector financiero que han conducido a las economías mundiales a una situación de inestabilidad e incertidumbre permanentes".
En verdad, el colectivo de Economistas Frente a la Crisis en su obra No es economía, es ideología, publicada por la Editorial Deusto en 2012, ratifica los argumentos de Ainhoa Lasa y, al mismo tiempo, constata que toda la política de Cospedal y sus fórmulas ante la crisis no es sino "la coartada para cambiar el modelo de convivencia social". En esa obra se demuestra que no hay economistas incompetentes sino ideología y, por esto mismo, si el PP no logra dar un giro a los resultados del desempleo, es porque su propia política conduce al precipicio del paro. Así lo vemos en dicho ensayo, cuando después de un análisis de la crisis se analiza el mercado de trabajo, y determina con toda razón que "no tiene la culpa de todo", al igual que el papel jugado en los últimos años por la desregulación laboral, para señalar las limitaciones que tiene una estrategia de competitividad basada simplemente en reducir los costes laborales, en lugar de estar centrada en resolver otros cuellos de botella estructurales que atenazan más gravemente a las empresas españolas: su financiación, los costes de energía o de distribución, la escasez de inversión en I+D+i o la baja calidad del capital humano. Ciega se halla Cospedal precisamente ante todos ellos, como pude demostrarlo en el artículo que dediqué al análisis de la sociedad disfuncional generada por su gestión pública, hasta requerir una renovación total de esas personas, sobrantes en la Administración autonómica, mucho más que las expulsadas con sus recortes.
La reseña que el profesor Juan Torres realiza de No es economía, es ideología, destaca el interés de una cuestión que el demandado nuevo gobierno de Cospedal debería tener en cuenta y que, sin embargo, ha sido siempre una especie de tabú en el debate político y económico español: la participación de los trabajadores en la empresas como un factor generador de innovación y competitividad. Algo cada vez más necesario si se tiene en cuenta que lo que se está haciendo es justamente lo contrario, "aumentar (el poder) de las cúpulas empresariales, mientras se debilita el poder de los trabajadores y sus representantes en los comité de empresas en el nivel empresarial y de los sindicatos en el nivel sectorial".
Todo el comentario anterior, que nos deja frente al escenario frustrante dejado por Cospedal en el gobierno autonómico de Castilla-La Mancha en estos casi dos años, antes que admitir la venta de finanzas en Londres, necesita el suministro de alternativas, dotadas de fórmulas precisas que demuestren su suficiencia para afrontar los problemas que ya están completamente abiertos en nuestra economía y nuestra sociedad. Más que las palabras londinenses de la presidenta castellano-manchega, ésta debe explicar cómo se va a recuperar el crédito y ser una vulgar región donde se realice una simple imposición constante de política dañina para sus ciudadanos; cómo se va a evitar una crisis si se consolida un sector financiero más concentrado e inestable; cómo se va a crear nuevo empleo, o de dónde obtener los ingresos que se necesitan para dinamizar la demanda.
Ni el PP ni el PSOE suministran esas alternativas. Perdidos en el toma y daca de la corrupción, sus debates ocultan a menudo una inmadurez democrática que va de la mano de la exhibida por el pueblo español: un gesto complaciente hacia la perversión y la deshonestidad política, que traslada a buena parte de la sociedad española, donde la corrupción económica se ha visto hasta ahora como consustancial al sistema político (Baleares, Comunidad Valenciana, Galicia, Andalucía…). Ya resulta hasta ocioso recordar cómo el latrocinio público no pasa factura en términos electorales en la mayoría de los casos hasta la última legislatura y el paulatino cambio en la orientación y la tendencia del voto. Esperamos que no se tuerzan y UPyD pueda llevar sus alternativas programáticas a unas acciones de gobierno que reemplacen al PPSOE.
Juan Andrés Buedo