Se me ocurre, señores, que en este momento en el que parece que los partidos políticos han decidido ponerse los hábitos blancos de la inocencia, se han retirado a los cenobios para practicar la espiritualidad y se han constituido en los nuevos cruzados en contra de las malas costumbres, la corrupción y la financiación ilegal; pecados capitales que parece que nunca se habían conocido salvo en estos momentos en los que han descubierto como hacer sangre a costa del partido gobernante; estimo que sería el momento de que hiciéramos aquella famosa pregunta que el Señor les hizo a los que intentaban apedrear a aquella mujer que había sido declara adúltera "El que esté libre de culpa que tire la primera piedra".
Por supuesto que no estamos a favor de comportamientos ilícitos, que desearíamos que la maldad desapareciera de este mundo pecador y que no existiesen personas que se lucrasen a costa de otras. Pero, señores, aquí no estamos en el Paraíso, todos tenemos algo de lo que avergonzarnos y, aún dentro de las faltas que los humanos podemos cometer, las hay que reprobamos con mayor energía, aquellas que atentan contra la integridad de las personas, la vida humana o sus derechos fundamentales como pudieran ser la libertad de opinión; el derecho al trabajo; la libertad de expresión; el derecho a la vida y la integridad física; el derecho a elegir nuestras creencias religiosas, junto a muchos otros, cuya conculcación, supone una limitación al ejercicio de lo que constituyen las libertades fundamentales que le corresponden a cualquier persona, bajo un régimen democrático, dentro de un Estado de Derecho.
Pero, señores, existen otras normas, otras disposiciones, otras limitaciones legales que recortan las libertades de las que gozan la mayoría de los ciudadanos, cuando se trata de determinados partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores a los que se les priva de poder disponer de ciertas facultades, como sería la de poder recibir ayudas, subvenciones, donaciones o cualesquiera otro tipo de apoyos lucrativos, salvo que reúnan una ciertas condiciones y dentro de ciertas limitaciones; partiendo de la suposición, no siempre cierta, de que quien da algo, aunque no reciba en el acto contraprestación alguna, puede hacerlo para obtener determinados beneficios o contraprestaciones, en el futuro, de aquellos a los que ha beneficiado. En ello está basada la "Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos".
Esta ley establece, aparte de las ayudas que puedan conceder los organismos públicos a este especial grupo de perceptores, aquellas otras que puedan provenir del sector privado, para las que establece determinadas condiciones o limitaciones. En particular el Artº 5 de la Ley especifica: "Los partidos políticos no podrán aceptar o recibir directa o indirectamente: a) Donaciones anónimas, finalistas o revocables. b) Donaciones procedentes de una misma persona física o jurídica superiores a 100.000 euros anuales".
Aquí estamos ante una Ley preventiva en la que no se juzga la recepción de ayudas económicas porque, en si mismas, sean ilegales, sino porque se puedan interpretar como un soborno para que, quien lo da, pueda lucrarse de un contrato público, por ejemplo, que en puridad debía de habérselo concedido a otro aspirante que hubiera presentado una plica con mejores condiciones. Hasta aquí la normativa. No obstante, señores, no hay un solo ciudadano en España que no esté convencido de que todos, repito, todos los partidos políticos existentes en el país, en un momento u otro de su existencia, no hayan caído en esta trampa.
Nos hallamos ante el más evidente, conocido, practicado, corriente y repetido sistema de financiación, al que han recurrido todos los partidos o, al menos, todos aquellos que han tenido posibilidad de financiarse por tal procedimiento. Por consiguiente, el grado de cara dura, de hipocresía, de mala fe, de desfachatez y de cinismo de las que están dando muestras la casi totalidad de estos partidos políticos que se han rasgado las vestiduras, que se han dado golpes en el pecho, que han elevado sus críticas a los cielos y que han acusado al PP de haber conseguido ayudas de forma ilegítima; sin que nos quepa la menor duda, de que ellos mismos, hayan incurrido en prácticas similares y se hayan lucrado de ayudas privadas para sus campañas electoras. Por ejemplo ¿qué pasó con el caso del señor Montilla en el que, una Caja de Barcelona, le perdonó un préstamo a su partido, el PSC? Nadie ha probado que fuera devuelto a la Caja que se lo prestó ¿o regaló?
Vean ustedes, propongo un ejercicio de transparencia –a propósito: ¿Cuándo el señor Rubalcaba va a enseñarnos sus declaraciones de la Renta, como prometió cuando le pidió al señor Rajoy que lo hiciera? Estamos esperando – pero, para todas las formaciones políticas y sindicatos, sean éstas de derechas o izquierdas, consistente a que, todas ellas, se sometan voluntariamente a una inspección de sus contabilidades realizada por una Auditora independiente, especializada en esta clase de trabajos, para que realice un trabajo de indagación, investigación, desbrozamiento de partidas contables, revisión de cuentas bancarias y comprobación de las relaciones con empresas interpuestas o semipúblicas, que pudieran servir de tapaderas para esconder supuestas entregas ilegales. Queremos que nos demuestren que, verdaderamente, tienen derecho a acusar a sus adversarios políticos, por estar completamente limpios de aquellos delitos de los que acusan a los otros.
Resulta patético, inmoral, desconcertante e indignante que un partido, como el PSOE, que tiene abierto un frente judicial en Andalucía, en el que están "pringados" casi un centenar de los miembros del Parlamento andaluz; un procedimiento instruido por la juez Alaya, en el que se está buscando el paradero de más de mil millones de euros que debieran haberse entregados a unos obreros de distintos ERE`s y que, por la sinvergonzonería de algunos socialistas andaluces, han ido a parar a otros destinos, en los bolsillos de algunos cara duras o que, incluso, han ido a parar a amiguetes a los que se hizo figurar indebidamente como trabajadores afectados por los expedientes, que nunca habían trabajado en aquellas empresas.
¿Qué autoridad moral pueden tener para exigir responsabilidades a otros partidos, para investirse de justicieros o presumir de superioridad moral cuando, como le ocurre al PSOE, tienen los pies enfangados en el mismo barro de la corrupción? Que el señor Ruz, si es tan meticuloso como se dice, investigue a todos estos leviatanes vengativos y compruebe si los acusadores tienen tan limpias sus conciencias como presumen tener.
Tengo la certeza de que, en España, pocos son los que pondrían la mano en el fuego por la inocencia de estos partidos que tanto alboroto han levantado, que tantos insultos y descalificaciones han vertido en el Parlamento en contra del señor Rajoy y que tanto alardean de honestos. O esta es, señores, la impresión que me ha dado esta partida de caza a Rajoy, organizada por la izquierda más impresentable de toda Europa.
Miguel Massanet Bosch