El egoísmo, los sindicatos médicos y de auxiliares sanitarios, la endogamia y corporativismo en determinados centros de salud y el miedo de aquellos que han conseguido situarse en las administraciones de ciertos centros públicos, anclando sus posaderas en los sillones que les garantizan una mamandurria inacabable, convencidos de que sus procedimientos y métodos de trabajo, por muy obsoletos que hayan quedado, no pueden ser mejorados; temerosos de que se les relegue a otros puestos de menos categoría o, incluso, se prescinda de sus servicios; han intentado crear durante meses un estado de anormalidad en toda la sanidad española, esforzándose por presentar las reformas proyectadas por el ministerio de Sanidad como un ataque a los derechos de los beneficiarios de la sanidad pública y un intento de ahorrar dinero a costa de disminuir las prestaciones y atenciones médicas a sus usuarios; creando, con ello, un estado de opinión que, en un principio, nos hizo temer que podría dar al traste con la reformas previstas, entre ellas, la privatización de varios hospitales con la intención de que mejoraran sus estructuras internas, establecieran una mejora en sus servicios y se aplicaran técnicas de mejora de la explotación y ahorro de gastos superfluos o despilfarros inadmisibles.
La necesidad ineludible de rentabilizar nuestros centros de asistencia médica pública, de establecer cambios en los hábitos, rutinas, vicios de organización, duplicidades y malas prácticas sanitarias; ha motivado que nuestro ministerio de Sanidad, dirigido por la ministra señora Ana Mato, haya decidido acabar, de una vez, con el monopolio de médicos, enfermeras, administradores y sanitarios, que han venido obstaculizando sistemáticamente, bajo la excusa de que, la Administración, quería privar o reducir los derechos de los beneficiarios de las prestaciones sanitarias, enfrentándose tercamente a los sucesivos intentos de modernización o reformas que se les han propuesto desde aquella. Por ello, la ministra ha decidido acabar con semejante estado de cosas y se ha liado la manta a la cabeza dispuesta a tirar adelante los cambios y reformas necesarios para que la Sanidad Nacional deje de ser una carga insostenible, poniendo en práctica las mejoras y cambios estructurales para que, sin perjudicar la correcta atención a los beneficiarios de las prestaciones del Instituto Nacional de la Salud, no sólo consiga mejorarlas sino que, además, se establezca un sistema racional, basado en la mejora de productividad y el ahorro en todas aquellas partidas que sean susceptibles de poder serlo.
Nadie puede ignorar que, hoy en día, en tiempo de crisis, con un endeudamiento que va camino de convertirse en insostenible, puesto que en estos momentos ya está rondando el 90% del PIB nacional, es imposible que ninguna institución, ministerio, rama de actividad pública, comunidad autónoma o municipio pueda prescindir de hacer recortes en sus presupuestos y buscar soluciones para que sus gastos queden reducidos a los mínimos imprescindibles. Sin embargo, todos hemos podido constatar las reacciones extemporáneas, corporativas, sindicalizadas y, evidentemente, azuzadas desde los distintos partidos políticos de la oposición al Gobierno del señor Rajoy. La mezcolanza de los distintos estamentos de médicos, administradores, enfermeros y auxiliares rara vez se ha logrado y, sólo, el que todos ellos hayan sentido amenazadas sus respectivas competencias; visto peligrar lo que ellos estiman sus particulares áreas de poder y se sientan amenazados en el corporativismo, tan característico de este colectivo médico, ha dado lugar a que formaran piña y salieran a la calle para dar la sensación de que aquí no se intentaba una reorganización de los servicios públicos de la atención a los beneficiarios sino que, lo que la Administración intentaba, era reducir el buen trato y servicio a aquellos pacientes que lo necesitasen; intentando arrimar el ascua a su sardina utilizando el manido recurso del engaño, las medias verdades y el victimismo; fingiendo estar preocupados por los derechos de los usuarios del servicio de la Salud ocultando que, en realidad, lo que les importaba era que se les exigiera trabajar más o despilfarrar menos.
Sin embargo, con harto pesar para todos los que pensaron que saliendo a la calle a protestar o a crear conflictos, con sus huelgas y algaradas, a las autoridades que velan por la asistencia médica a los ciudadanos, y de aquellos otros que forman un grupo de protesta pomposamente autodenominado como "Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública", se han sentido desautorizados en sus reivindicaciones y en sus falsas denuncias cuando, una encuesta de un organismo tan prestigioso como es el "Centro de Investigaciones Sociológicas" (CIS) en su Barómetro Sanitario del 2012, encargado por el Ministerio de Sanidad, deja expresado que los ciudadanos han valorado positivamente "el esfuerzo reformista que ha realizado este gobierno para salvar la sanidad". Según este instituto de opinión "los ciudadanos saben que las reformas acometidas han hecho sostenible nuestra sanidad y reconocen que funciona correctamente" Se ha comprobado que "el camino elegido es el correcto" y que nuestro sistema sanitario además de eficaz empieza a ser "eficiente". Los datos del estudio son contundentes porque un 70'6% consideran que el sistema Nacional de la Salud ha funcionado bien durante el año 2012 y le dan una nota de un 6'57. Dejemos claro que el periodo de la encuesta coincide con aquel en el que el Estado puso en marcha las reformas que llevó a cabo el Ministerio de Sanidad. Hay que añadir que, los encuestados, valoraron muy alto los equipamientos y la tecnología de los hospitales, el cuidado del personal de enfermería y el trato que reciben del personal sanitario ¡ a cada cual lo que le corresponde!
Y es que, señores, esta encuesta del CIS, como muchas otras, nos pone de manifiesto que, lo que pretenden hacernos creer algunos colectivos especialmente ruidosos, aparentemente preocupados por el bien de los ciudadanos y caracterizados por su poco respecto por las leyes, las normativas, la libertad de los ciudadanos para circular por las calles sin ser atropellados por grupos revoltosos y por las autoridades encargadas de mantener el orden; no tiene nada que ver con la opinión mayoritaria del pueblo. Cuando se le pide su opinión a la gran masa de los ciudadanos, cuando se obtiene de boca de aquellos que se dedican a trabajar, a cuidar de su familia, a respetar a sus vecinos y a valorar a quienes los gobiernan por sus hechos y no por lo que dicen de ellos aquellos que lo que buscan es el caos; entonces, señores, lo que averiguamos es que nada tiene que ver lo que unos corpúsculos de exaltados pretenden hacernos creer con lo que piensa la gran mayoría del electorado, este que acude a las urnas para elegir la opción que, en cada momento, piensa que necesita la nación y que, difícilmente, salvo en raras ocasiones, se equivoca en su elección.
Es posible que, este ejemplo práctico, nos pueda servir para tomar menos en cuenta a todos estos grupos encabezados por exaltados del tipo de la señora Bardem o la Ada Colau o incluso por políticos que han perdido la medida de lo que en política está permitido y lo que no lo está, como es el caso del señor Rubalcaba, que parece empeñado en adelantarse a la Justicia por miedo a que el, juez Ruz , no dicte la sentencia que a él le gustaría, en el caso Bárcenas. O así es, señores, como pienso al respecto.
Miguel Massanet Bosch