Hace ya tiempo, señores, que el tema de las Comunidades Autónomas debió de haberse planteado con seriedad en el Congreso de Diputados, para hacer un balance de lo sucedido en el país desde que, esta fórmula de división de España en pequeños simulacros de estados, con sus propias instituciones, sus gobiernos locales, sus banderas, sus modelos educativos y sus facilidades para hacer de sus capas un sayo, fue implantada por la Constitución de 1978. El hecho es que, cuando les ha parecido bien –poniéndose por montera las leyes estatales y burlándose de las sentencias de los tribunales cuando les han parecido que no les convenía aceptarlas, enfrentándose al Estado cuando ello les ha placido – sin mostrar ningún temor por las medidas coercitivas que se pudieran derivar de su conducta insurrecta, han prescindido de la legalidad vigente, conocedores de la debilidad de los gobiernos que se han ido sucediendo, incapaces de enfrentarse al problema con las agallas precisas para ello.
Cuando, los llamados "padres de la Constitución" la redactaron y dieron por buena, sin duda creyeron ( algunos de ellos, al menos) que dándoles tantas facultades a las distintas comunidades del país, se iba a conseguir que los ramalazos de nacionalismo que ya se venían adivinando en algunas de las regiones en las que, anteriormente, estaba dividida la nación (bajo el control absoluto del Estado central), iba a servir de muralla de contención, de satisfacción para las aspiraciones nacionalistas y de bálsamo para que, las tensiones existentes entre administraciones locales y Estado central se fueran suavizando y, en muchos casos, desapareciendo ya que, algunas de las funciones reservadas hasta entonces al Gobierno central, se las iban a traspasar a los gobiernos autonómicos. Es posible que estuvieran acertados en una parte de sus pretensiones, al permitir que temas de mero trámite, decisiones de ámbito autonómico y establecimiento de tasas y tributos menores, fueran gestionadas desde los propios gobiernos locales. Se equivocaron al ignorar el carácter nacionalista, el individualismo, las reclamaciones históricas y los intentos subversivos, en ocasiones cruentos, que determinados grupos terroristas del País Vasco y Catalunya venían llevando a cabo para conseguir el utópico objetivo de la independencia de ambas regiones.
Es cierto que, la mayoría de autonomías, se siguen manteniendo fieles al Estado, pero también lo es que, no todas, se han ajustado a las medidas generales que les ha ido trasmitiendo el Gobierno central debido a las distintas incidencias (no ha sido la menor la gran recesión que estamos padeciendo). Incluso en las gobernadas por el partido gobernante se han formulado críticas a algunas decisiones tomadas por el Ejecutivo. Claro es que a ello, sin duda, han contribuido los famosos estatutos de que ha dotado a las distintas autonomías, en los que, en algunos más que en los otros, se ha renunciado a facultades propias y exclusivas del Gobierno de la nación, no sólo en cuestión de competencias económicas, sino también en temas fiscales, educativos, judiciales, estructurales, viales etc. que han dejado, en algunos casos, vaciadas de contenido y sin recursos las facultades del Gobierno para oponerse a las posibles extralimitaciones de los gobiernos locales, como ha ocurrido en los casos del País Vasco y Catalunya.
Se da la circunstancia que muchas de las medidas de recortes de gasto público, dictadas por el gobierno del señor Rajoy, se han convertido en papel mojado al recibir la negativa de las autonomías, que han alegado que no lo cumplían porque estaban facultadas estatutariamente para negarse a ello. No hace falta insistir, porque es de conocimiento público, los enfrentamientos en materia de dotaciones, ayudas, financiación, distribución asimétrica, aplicación de las leyes nacionales y de la Constitución en materia de enseñanza de la lengua nacional; de las libertades que, en materia educativa les corresponden a los padres, del derecho a rotular en castellano, del respeto por la bandera nacional y el himno de España. Hasta ahora el Gobierno de la nación ha sido incapaz de hacer que se cumplan ninguna de las materias a las que nos hemos referido, a pesar de las numerosos sentencias del TS, TC y los respectivos TSJ de cada comunidad, en las que se vienen produciendo semejantes desacatos.
Pero, ya no sólo estamos hablando de incumplimientos de las leyes, sino que el Gobierno se ve enfrentado a la indisciplina cuando se trata de respetar los índices de endeudamiento o la necesaria limitación del déficit autonómico, siguiendo las normas que recibe de Bruselas que, en lo que se refiere a las comunidades nacionalistas, parece ser papel mojado. El señor Montoro, que parece que no da una, ha cedido ante la presión catalana a que, en Catalunya y Andalucía, el tope del déficit público pueda alcanzar el 1'58% del PIB, cuando en el resto se ha limitado al 1'30% aunque, en muchas autonomías, a diferencia de Catalunya, Murcia, Valencia y Baleares, que se excedieron del 1'3% fijado para el 2012, todas ellas finalizaron el ejercicio por debajo del límite establecido. Aparte de que, como afirma la señor Esperanza Aguirre, se trata de una injusticia como la copa de un pino; con ello no se ha conseguido más que darles la oportunidad, a todas aquellas autonomías que incumplieron, de seguir su senda de despilfarro en el 2013, en el que el incumplimiento sea mayor y, con ello, se vayan distanciando, cada vez más, de aquellas que se limitan a actuar dentro de sus posibilidades autonómicas.
Y aquí llega, señores, el momento de que España se plantee si, este régimen autonómico que nos hemos dado, es o no sostenible. Las últimas noticias no pueden ser más desalentadores. Cuando se ha conocido que, en el 2012, las CC.AA gastaron la friolera de 186.474 millones de euros más que en el 2007 (antes de la crisis), lo que supone un incremento de 20% en plena recesión. Supongo que a eso es a lo que se refiere Montoro cuando justifica la asimetría del tope de déficit hablando del "intenso proceso de consolidación fiscal" y de la necesidad de no ahogarlas estableciendo "objetivos de déficit asimétricos". Mientras, en Catalunya, para poder atender el vencimiento de los "bonos patrióticos" ya han recibido en dos años 20.000 millones de euros. Al respecto conviene recordar que, el señor Artur Mas, jefe del gobierno de la Generalitat, se desplazó a los EE.UU para tantear si, a espaldas de nuestro Gobierno, los americanos les iban a comprar una nueva emisión de estos bonos "basura", como los han calificado las agencias de rating. La respuesta fue contundente: no. Y este es el señor que se ha comprometido a llevar el "estat catalá" a ser uno de los más ricos de Europa.
¿Deberá el Estado permanecer indiferente ante esta situación?, ¿puede el Gobierno seguir cerrando los ojos ante los desafíos y la actitud rebelde de los políticos catalanes, cubriéndoles de subvenciones, financiándolos y aumentando su tope de déficit fiscal, en unos momentos en los que ya anuncian nuevas manifestaciones para el 11 de Septiembre, con cadena humana incluida, en contra de España y a favor de la independencia; demandando que se fije la fecha del referéndum, para acordar lo del "derecho a decidir"? La gran responsabilidad del PP y el PSOE de actuar conjuntamente para hacer cumplir la Constitución, en el tema de la unidad de la nación, parece una utopía dadas las relaciones entre ambos, enzarzados, desde que comenzó la legislatura, en una lucha cainita que, a la vista está, sólo conduce a un caos que los ciudadanos vemos inminente. O esta es, señores, la negativa visión que tenemos sobre el tema autonómico en España y la evidencia de su poca sostenibilidad.
Miguel Massanet Bosch