Hay provincias que entran en una campaña electoral preguntándose quién ganará y otras que deberían empezar preguntándose cuánto más están dispuestas a perder. Cuenca pertenece a estas últimas. Perder población en determinados territorios, oportunidades de empleo, capacidad de decisión, servicios próximos y confianza en las instituciones no constituye una fatalidad geográfica. Es el resultado acumulado de decisiones, omisiones y prioridades que pueden examinarse y corregirse. El horizonte electoral de 2026-2027 ofrece, por eso, algo más serio que un relevo de nombres: la posibilidad de interrumpir una forma de administrar el declive que lleva demasiado tiempo presentándose como prudencia. No se trata de prometer que una papeleta resolverá todas las carencias, sino de impedir que la siguiente legislatura repita las anteriores con otro cartel y la misma dependencia.
Las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026, convocadas mediante el Real Decreto 806/2026, sitúan el primer examen en el terreno de la representación nacional. El horizonte ordinario de las municipales y autonómicas de 2027 conduce después a otro juicio, más próximo a la vida cotidiana. Son decisiones relacionadas, pero diferentes. Un diputado no adjudica viviendas municipales; un alcalde no decide por sí solo la política ferroviaria del Estado; la Diputación no puede sustituir a la Junta en sus obligaciones sanitarias. Esta distinción importa porque una de las costumbres más perjudiciales de nuestra política consiste en repartir los méritos entre todos los aliados y extraviar las responsabilidades entre todas las administraciones. Cuenca necesita saber a quién exige cada actuación, qué puede hacer ese representante y qué debe negociar con los demás.
La documentación electoral reunida desde septiembre de 2024 hasta este otoño permite reconocer un clima prolongado de desgaste, polarización y disputa por el relato. También contiene estimaciones distintas, interpretaciones interesadas y expectativas de adelanto que fueron cambiando con los acontecimientos. La conclusión útil para nuestra provincia no es que exista un desenlace escrito, sino que ninguna organización puede dar por asegurada la confianza. Un sondeo nacional no constituye una encuesta provincial; una proyección de escaños tampoco equivale al voto depositado. Cuenca elige tres diputados al Congreso en la convocatoria de noviembre. Esa dimensión de la circunscripción vuelve especialmente sensible el reparto a las variaciones de apoyo, pero no autoriza a inventar resultados locales a partir de porcentajes españoles. La perspectiva electoral debe construirse con prudencia estadística y ambición política.
El PSOE conquense afronta el examen de quien ha ocupado responsabilidades y debe explicar decisiones concretas. No basta con invocar la estabilidad, la cercanía de García-Page o los proyectos anunciados desde Toledo. Habrá que mostrar qué mejoras han llegado a cada comarca, qué inversiones se han ejecutado, qué servicios se mantienen con dificultades y qué compromisos siguen pendientes. La distancia retórica respecto a Sánchez no exime de responder por las políticas compartidas, del mismo modo que el desgaste de La Moncloa no convierte automáticamente en inútil cualquier actuación regional o municipal. El juicio debe ser preciso. Donde hay resultados, se reconocen; donde hay una promesa incumplida, se exige explicación. La provincia no puede seguir confundiendo una buena relación con los superiores del partido con una defensa eficaz de sus habitantes.
El PP tiene ante sí una obligación igualmente incómoda: demostrar que es capaz de gobernar mejor antes de reclamar el beneficio del cansancio socialista. La crítica que he formulado sobre la prolongación de su gestora provincial remite a una cuestión que desborda los conflictos personales. Una organización que aspira a dirigir instituciones debe ofrecer procedimientos claros, autoridad legitimada y equipos capaces de trabajar. La alternativa no nace de esperar que el adversario se desgaste ni de acumular denuncias sin soluciones. Necesita explicar cómo reordenará prioridades, con qué personas, dentro de qué límites presupuestarios y mediante qué acuerdos. La ciudadanía debe poder valorar la calidad de una candidatura sin tener que descifrar primero las relaciones entre su dirección provincial, Toledo y Génova.
Vox y los espacios situados a la izquierda del PSOE deben superar, a su vez, el examen de utilidad territorial. La contundencia verbal, el rechazo al Gobierno o una sensibilidad social declarada no prueban por sí solos capacidad para mejorar Cuenca. Hacen falta respuestas sobre movilidad, alquiler, cuidados, actividad productiva y prestación de servicios dispersos. Hace falta explicar los posibles pactos y las condiciones que se consideran irrenunciables. La provincia no gana nada cuando el debate se reduce a una competición de agravios nacionales, ni cuando la negociación entre siglas ocupa el lugar de la discusión sobre problemas concretos. El pluralismo tiene valor cuando amplía las alternativas de gobierno y permite corregir decisiones; lo pierde si se limita a multiplicar la escenificación del enfrentamiento.
En el episodio 34 planteé para quién se crea Somos Cuenca. Ahora corresponde exigir para qué podría servir en este ciclo electoral. Su razón de ser no puede agotarse en denunciar el duopolio PP-PSOE ni en presentarse como refugio del descontento. Si pretende abrir una alternativa provincial, debe convertir esa intención en organización comarcal, conocimiento de las competencias, selección transparente de candidatos y compromisos financiables. Su presencia en cualquier elección dependerá de decisiones y requisitos que no deben darse por cumplidos por anticipado. Pero, concurra donde concurra, necesita acreditar una diferencia reconocible: que sus representantes responderán ante la provincia, que sus cuentas podrán examinarse y que los acuerdos se explicarán. Una fuerza nueva merece oportunidad de ser escuchada; no merece quedar dispensada del escrutinio.
La primera ruptura necesaria es cultural. Durante demasiado tiempo hemos tratado la política provincial como una relación de intermediación: alguien que tiene acceso al despacho adecuado consigue una ayuda, acelera una gestión o comunica una concesión. Esa capacidad puede ser útil, pero no debe sustituir a un sistema de derechos, criterios y planificación. El vecino no debería necesitar cercanía partidista para saber cuándo se arreglará una carretera o por qué se deniega una actuación. La empresa no debería construir su futuro sobre la expectativa de un favor. El municipio pequeño no debería competir por atención como quien solicita una excepción. Transformar Cuenca exige pasar de la dependencia del intermediario a unas instituciones que funcionen con reglas conocidas, asistencia técnica y decisiones motivadas.
Una campaña provincial digna empezaría por acordar las preguntas que ninguna candidatura puede eludir. Qué empleo estable pretende impulsar; cómo facilitará el acceso a la vivienda; qué hará para que una persona mayor pueda permanecer en su entorno con cuidados suficientes; qué movilidad garantizará entre pueblos, cabeceras y capital; cómo conectará formación y actividad económica; y qué balance presenta sobre el tren convencional Madrid-Cuenca-Valencia. Cada respuesta debería identificar la administración competente, las actuaciones necesarias, el coste orientativo y los plazos. Un candidato puede comprometerse a promover, negociar o votar una medida. No puede presentar como resultado asegurado aquello que depende de otras instituciones. La honestidad sobre el alcance del compromiso es una condición de credibilidad, no una muestra de debilidad.
El tren permite comprobar esa diferencia con especial claridad. Defender su reapertura exige mucho más que fotografiarse junto a una estación cerrada o utilizar el asunto como reproche al contrario. Requiere esclarecer el estado administrativo y patrimonial de la línea, evaluar necesidades de infraestructura y servicio, negociar responsabilidades y buscar financiación. También exige mantener abiertas las posibilidades futuras cuando se deciden actuaciones sobre terrenos y trazados. Ni el ayuntamiento puede prometer por sí solo la vuelta del ferrocarril ni un diputado puede esconderse detrás de esa limitación para no trabajar. La pregunta electoral es qué pasos verificables asumirá cada cual y qué decisiones anteriores está dispuesto a revisar. Cuenca debe exigir una política de movilidad que permita viajar, trabajar y acceder a servicios, con independencia del valor simbólico que justamente atribuimos al tren.
La segunda ruptura consiste en reconocer que la provincia no es una prolongación de la capital. La Serranía, la Alcarria, la Manchuela y La Mancha conquense necesitan soluciones diferenciadas, sin convertirse por ello en compartimentos enfrentados. Tarancón no presenta los mismos condicionantes que un pequeño municipio serrano; Las Pedroñeras, Motilla del Palancar, Huete o San Clemente articulan relaciones económicas y servicios que deben incorporarse a una estrategia común. No basta con una ronda de visitas durante la campaña. Hace falta escuchar cómo se trabaja, se envejece, se estudia y se emprende en cada territorio. El programa provincial debe surgir de esa diversidad y explicar qué se comparte y qué se adapta. La igualdad no se mide por repartir idénticos anuncios, sino por reducir las diferencias reales de acceso a oportunidades.
Conviene también desmontar la idea de que la renovación depende exclusivamente de una generación joven. Cuenca necesita abrir espacios a quienes empiezan, pero también aprovechar la experiencia de profesionales, trabajadores, empresarios, cuidadores y antiguos emigrantes. La renovación política consiste en cambiar criterios y comportamientos, no solamente edades. Un candidato joven puede reproducir todas las prácticas del aparato; una persona veterana puede contribuir a abrirlo. Lo decisivo es la disposición a escuchar, justificar decisiones, reconocer errores y formar equipos. La representación debe ser socialmente más amplia, incorporar a las mujeres con capacidad efectiva de decisión y reconocer la aportación de quienes han llegado a vivir y trabajar aquí. Una provincia que necesita personas no puede construir su convivencia sobre la sospecha permanente hacia una parte de sus vecinos.
El ciclo admite varios desenlaces. Una alternancia nacional podría facilitar interlocuciones nuevas, pero también trasladar el conflicto a la relación con la Junta. La continuidad de gobiernos podría favorecer acuerdos, pero prolongar decisiones cuestionadas. Un escenario de fragmentación podría ampliar la negociación o convertirla en bloqueo. No sabemos cuál se impondrá. Sí sabemos que Cuenca perderá en cualquiera de ellos si carece de prioridades propias, expedientes preparados y vigilancia ciudadana. La provincia debe llegar a las urnas con una agenda que sobreviva a las mayorías. Las candidaturas competirán por la representación; las necesidades esenciales no deberían desaparecer cuando cambie la presidencia de una institución. Ahí reside la diferencia entre una estrategia territorial y una suma de promesas electorales.
En 2026-2027 no deberíamos votar solamente para premiar a unos y castigar a otros, aunque ambas cosas formen parte de la democracia. Deberíamos votar para modificar la relación entre los conquenses y quienes ejercen el poder. Exigir debates provinciales, balances legibles, compromisos concretos y comparecencias posteriores al escrutinio. Exigir que el desacuerdo no cierre el camino a una actuación necesaria. Exigir que la pertenencia a un partido no pese más que la obligación de explicar una decisión. La resignación se ha convertido en un adversario silencioso porque permite que todo continúe sin que nadie tenga que defenderlo. Romperla significa recuperar una convicción elemental: Cuenca no está condenada a aceptar el futuro que otros le asignen. El siguiente paso consiste en precisar qué economía y qué bienestar queremos construir con esa libertad recuperada.