Hay territorios que se despueblan y territorios a los que se despuebla. Cuenca pertenece a la segunda categoría. No hemos llegado hasta aquí por una fatalidad geográfica ni por un designio inescrutable de la historia, sino por una acumulación de decisiones tomadas lejos y de silencios consentidos cerca. Durante décadas, esta provincia ha funcionado como tierra de expulsión: exportaba jóvenes, exportaba mujeres formadas, exportaba talento, ahorro y futuro, y recibía a cambio anuncios, compensaciones y palabras de consuelo. Transformar Cuenca significa exactamente lo contrario: aplicar una política activa, bien incentivada y verificable que convierta la tierra de expulsión en territorio de promisión. Ese es el proyecto que Somos Cuenca ha puesto sobre la mesa, y conviene explicar con precisión en qué consiste, porque las palabras grandes solo valen algo cuando se pueden traducir en presupuestos, plazos y responsables.
Empecemos por decir la verdad, porque el primer acto de respeto hacia Cuenca es decirle la verdad. La provincia ronda hoy los doscientos mil habitantes: 200.828 a 1 de enero de 2026, según la Estadística Continua de Población del INE, tras ganar 969 residentes en un año. Alguien podría leer esa cifra desde un despacho y proclamar que el problema está resuelto, que la sangría ha terminado, que las políticas funcionan. No es así. Ese crecimiento, frágil y reciente, se sostiene casi por completo en la llegada de población extranjera, mientras el saldo vegetativo sigue siendo profundamente negativo y la mayoría de nuestros municipios continúa perdiendo vecinos año tras año. Celebramos, y hacemos bien, que haya familias de otros países que eligen Cuenca para trabajar y vivir: son ya parte imprescindible de nuestra continuidad. Pero una provincia que necesita la inmigración para no retroceder, que ve envejecer sus comarcas y que sigue despidiendo a sus hijos en la puerta de casa no ha dejado de ser tierra de expulsión: ha aprendido, apenas, a disimular la hemorragia.
La expulsión tiene rostros concretos, y conviene nombrarlos para que las estadísticas no los borren. Es la joven que termina su grado en la Universidad y sabe que su primer contrato serio la espera en Madrid o en Valencia, porque aquí le ofrecen prácticas eternas o temporalidad crónica. Es la mujer formada de una cabecera comarcal que no encuentra ni empleo de calidad ni servicios de conciliación, y cuya marcha —lo sabemos desde hace años— es la verdadera sentencia demográfica de un territorio, porque donde no se quedan las mujeres jóvenes no hay futuro que administrar. Es el autónomo de la Serranía que hace números cada invierno para decidir si aguanta otro año con los costes subiendo y la clientela menguando. Es la familia de la Alcarria o de la Manchuela que se marcha no porque quiera, sino porque se quedó sin escuela, sin consultorio a mano, sin transporte y sin nadie que cuide de los abuelos. Y es también, como símbolo material de todo lo demás, el andén vacío: desde julio de 2022 no circula ningún tren de viajeros por la línea convencional Madrid-Cuenca-Valencia, una infraestructura de 139 años clausurada formalmente en marzo de 2023 entre Tarancón y Utiel, que dejó a una provincia de más de 17.000 kilómetros cuadrados con una sola estación de ferrocarril, alejada del centro, cara y ajena a la vida cotidiana de la gente. Cada vez que un convoy de alta velocidad atraviesa la provincia sin detenerse, España parece repetirle a Cuenca su vieja sentencia: el progreso seguirá su camino, con ustedes o sin ustedes.
Nada de esto es casual. Responde a la lógica de un Estado radial que concentra inversión, empleo y oportunidades en el centro y en las grandes áreas metropolitanas, y que reserva al interior el papel de paisaje, despensa de recursos y cantera de mano de obra emigrante. En ese reparto, el centro siempre gana y provincias como Cuenca siempre pierden. Se nos dirá que Castilla-La Mancha crece, y es cierto: pero crece sobre todo donde gravita Madrid, en Guadalajara y en el norte de Toledo, mientras el resto del mapa se sostiene a duras penas. Esos crecimientos no son la prueba de que una política regional haya resuelto el problema conquense; son la prueba de que la proximidad al centro reparte premios que a nosotros no nos llegan. Y la conexión física con Madrid, por sí sola, no basta: un AVE con precios y frecuencias pensados para otro tipo de viajero no sustituye al tren cotidiano, igual que una autovía no sustituye a un puesto de trabajo ni una visita institucional a un plan de desarrollo.
El error estructural de estos años ha sido aceptar ese reparto y administrarlo con compensaciones. Cuando se cerró el ferrocarril convencional, el llamado Plan XCuenca se nos presentó como una modernización: viales, aparcamientos, zonas verdes, equipamientos deportivos sobre los suelos liberados. Nadie niega que la ciudad necesite mejoras urbanas. Lo que negamos es el trueque: se sacrificó un corredor ferroviario geométricamente irrepetible, levantado durante generaciones con esfuerzo público, a cambio de mejoras locales que jamás podrán reemplazar una red de transporte de proximidad. Mientras se discutían los metros cuadrados de zona verde o de aparcamiento, se desviaba la mirada de la cuestión crucial: qué tipo de Cuenca estamos consolidando a veinte o treinta años vista. Otras ciudades de la región han intentado pensar con el tren —integrarlo, hacerlo permeable, ganar intermodalidad—; aquí se pensó contra el tren, reduciendo el debate a liberar suelo. La verdadera modernización no consistía en borrar las vías del mapa, sino en tener instituciones capaces de decir no a una operación que rebajaba el lugar de Cuenca en la región. No las tuvimos. Esa es la política pasiva: la que gestiona la decadencia con maquillaje urbano y notas de prensa.
El ejemplo más elocuente de esa pasividad ni siquiera está en el urbanismo, sino en la herramienta económica más potente que se nos ha concedido en décadas. Hablo de las ayudas al funcionamiento para Cuenca, Soria y Teruel, presentadas en 2023 como un hito histórico contra la despoblación. La Comisión Europea autoriza a España a bonificar hasta el 20 por ciento de los costes laborales brutos en estas tres provincias, reconociendo que su densidad de población exige un trato diferenciado. ¿Qué se aplicó? Una reducción del 5 por ciento en la cuota empresarial de los contratos indefinidos ya existentes, algo más en las nuevas contrataciones, que se traduce en un ahorro medio de 15,26 euros al mes por empleado. Quince euros con veintiséis céntimos: ese es el tamaño real del hito histórico. El resultado, según los estudios de la propia Red SSPA, es un impacto del 0,19 por ciento en el PIB conjunto de las tres provincias y unos 306 empleos creados o mantenidos. Si las mismas ayudas se aplicaran en el máximo que Europa permite, el efecto estimado sería un crecimiento del 6,79 por ciento del PIB y entre 11.000 y 13.000 empleos. Ahí está, en dos cifras, la diferencia entre gestionar la decadencia y transformar un territorio: entre el 0,19 y el 6,79 no media un matiz técnico, media una voluntad política. Se nos concedió la herramienta y se nos negó la intensidad. Y encima quedaron fuera, total o parcialmente, los autónomos, los trabajadores temporales y buena parte del tejido que de verdad sostiene nuestros pueblos.
Esto es lo que Somos Cuenca llama pasar de la política pasiva a la política activa bien incentivada. No se trata de inventar milagros ni de prometer lo que no se puede pagar, sino de usar a fondo los instrumentos que ya existen y de ordenarlos en una estrategia coherente de arraigo. Primero, incentivos en serio: ayudas al funcionamiento en el máximo autorizado por la Comisión Europea, aplicadas por igual a todas las empresas y a todos los autónomos, sin discriminar entre municipios vecinos ni entre el trabajador contratado ayer y el que lleva veinte años sosteniendo un negocio, y mantenidas sin fecha de caducidad mientras la provincia no supere los umbrales europeos de despoblación. Segundo, vivienda: bolsa de vivienda asequible y programas ambiciosos de rehabilitación en la capital y en las cabeceras comarcales, con deducciones fiscales potentes para quien compre o rehabilite en el medio rural, porque nadie se arraiga donde no puede vivir y porque tenemos cascos históricos y caseríos enteros esperando una segunda vida. Tercero, conectividad: recuperación y modernización del ferrocarril convencional Madrid-Cuenca-Valencia como infraestructura diaria, territorial y ambiental —no como nostalgia—, junto a carreteras dignas, transporte comarcal que funcione y fibra real hasta el último pueblo, porque el teletrabajo solo repuebla donde la conexión no se cae. Cuarto, economía productiva: acompañar al emprendedor en lugar de marearlo, simplificar trámites, ofrecer suelo y financiación inicial, y apostar por los sectores donde Cuenca puede competir con ventaja: bioeconomía forestal, agroindustria, energías limpias con retorno local, turismo de alto valor que no convierta el patrimonio en decorado, cultura, economía de los cuidados, economía digital y atracción de teletrabajadores y nuevos residentes. Y quinto, servicios: escuela, sanidad, transporte y cuidados entendidos no como gasto a recortar, sino como la condición previa de cualquier repoblación, con soluciones distintas para Tarancón y para Cañete, para Motilla y para Priego, porque la comarcalización efectiva consiste precisamente en no aplicar recetas uniformes a realidades desiguales.
Un programa así necesita, además, inteligencia propia. Cuenca ha carecido durante demasiado tiempo de un cerebro territorial: una alianza estable entre la Universidad, los colegios profesionales, las organizaciones empresariales y la sociedad civil, capaz de producir datos, evaluar políticas y negociar con la Junta, con el Estado y con la Unión Europea sin esperar a que otros nos escriban los informes. Un observatorio provincial de la despoblación que mida lo que importa, consejos ciudadanos que acerquen las decisiones y un lobby territorial coordinado que defienda expediente a expediente lo que en los discursos se nos promete y en los presupuestos se nos escatima.
Porque la diferencia entre este proyecto y el catálogo habitual de promesas no está solo en el contenido, sino en el método. Frente a la propaganda, gestión. Frente a las promesas ilimitadas, prioridades. Frente a los anuncios sin calendario, compromisos verificables. Cada medida deberá responder a cuatro preguntas antes de anunciarse: cuánto cuesta, quién tiene la competencia, cuándo se ejecuta y cómo se comprobará su cumplimiento. Y el conjunto de la política de arraigo no se medirá por el número de convocatorias publicadas en el boletín ni por las fotos de las inauguraciones, sino por los indicadores que de verdad importan: saldo migratorio, edad y sexo de quienes llegan y de quienes se van, familias nuevas asentadas, empleo estable creado, empresas abiertas y consolidadas, inversión movilizada y acceso efectivo a los servicios. Una provincia que lleva décadas midiendo su declive tiene derecho a exigir que, a partir de ahora, se mida también su recuperación.
Alguien objetará que todo esto es demasiado ambicioso para una provincia pequeña. Es justo al revés: lo verdaderamente insostenible es la modestia con la que se nos ha gobernado. Cuenca no es un territorio condenado; es un territorio mal gestionado, mal financiado y mal explicado. Tiene un patrimonio reconocido por la UNESCO, un paisaje que otros pagarían por tener, universidad, seguridad, escala humana, un coste de vida razonable y una posición privilegiada entre Madrid y el Levante. Lo que le ha faltado no es potencial, sino una organización política capaz de reunir su energía, ordenar sus prioridades y defenderlas sin subordinaciones ante Madrid y ante Toledo. Ese es el hueco que Somos Cuenca aspira a llenar desde un particularismo abierto: defender lo nuestro sin agravio estéril ni aislamiento, cooperando con otros territorios que padecen lo mismo, sabiendo que la capital necesita una provincia viva y que los pueblos necesitan una capital fuerte, dinámica y capaz de representar sus intereses. No venimos a añadir otra sigla al paisaje, sino a reunir capacidades dispersas y a convertir la identidad conquense en un proyecto compartido de transformación.
Territorio de promisión no es una consigna mesiánica ni el enésimo eslogan de feria. Es algo más sobrio y, por eso mismo, más exigente: el lugar donde una persona puede llegar, quedarse o volver porque encuentra vivienda, trabajo, servicios, movilidad, cultura y una administración que no le hace perder años de vida en ventanillas y esperas. El lugar donde el derecho a quedarse y el derecho a volver dejan de ser frases y se convierten en condiciones materiales; donde quedarse deja de ser una renuncia y volver deja de ser un fracaso. Esa Cuenca es posible, pero no vendrá regalada de fuera ni caerá madurada del boletín oficial: habrá que construirla con método, constancia y valentía, comarca a comarca, presupuesto a presupuesto, indicador a indicador. El enfado moviliza durante un tiempo; la esperanza organizada transforma una comunidad. Transformar Cuenca es eso: dejar de administrar la despedida y empezar a organizar el regreso.