Hay una confusión que nos está costando muy cara como país, y no es solo semántica. Cada vez que alguien pronuncia la palabra «progre» con desprecio, o cada vez que alguien defiende lo «progre» como si fuera sinónimo de decencia, estamos mezclando dos cosas que no tienen nada que ver: el progresismo como proyecto político y el progrerío —o progresía— como fenómeno de clase social. Y mientras sigamos confundiéndolos, seguiremos discutiendo de identidades cuando en realidad tendríamos que estar discutiendo de vivienda, de trabajo y de territorio.
El progresismo, en sentido estricto, es una tradición con casi dos siglos de historia: la de quienes creyeron que las instituciones podían reformarse para ampliar derechos, repartir mejor la riqueza y construir un Estado del bienestar. Es un programa, no una identidad. Se puede estar de acuerdo o en desacuerdo con él, pero se discute con argumentos, no con desprecio.
La «progresía», en cambio, nació hace más de treinta años como una broma con mala conciencia. La inventaron, en una tertulia etílica del Bocaccio de Barcelona, quienes veían cómo cierta izquierda cultural empezaba a comportarse como la burguesía que decía combatir: reclamando privilegios morales, institucionalizando sus gustos, cambiando «solo los acentos y las comas» del discurso dominante sin alterar nada sustancial. No describía una ideología, sino un estilo de vida: universitario, urbano, con mucho capital cultural y a menudo también económico, que convirtió el progresismo en marcador de distinción social. Progresista en lo cultural, ortodoxo en lo económico, y mirando con recelo todo lo que huela a rural, a tradicional, a «atrasado». De ahí salió después el «pijoprogre», ese monstruo lingüístico que la derecha alternativa convirtió en insulto universal a partir de 2019, pero que ya circulaba mucho antes como autocrítica dentro de la propia izquierda.
Esta distinción no es un juego de palabras para eruditos. Es la clave de por qué España, en 2026, vive uno de los picos de polarización política de las últimas décadas, según coinciden sociólogos y organismos como el CIS. Y no es solo distancia ideológica: es polarización afectiva, rechazo al que piensa distinto, hasta el punto de que buena parte de los españoles reconoce no querer confiar en quien interpreta la realidad desde otro marco. Cuando el adversario ya no es «quien defiende otra política» sino «el progre» como tipo social despreciable —o, en espejo, «el facha» o «el carca»— el conflicto deja de poder negociarse, porque ya no habla de programas, sino de quién tiene derecho a la superioridad moral.
Lo vemos cada día en el Congreso, convertido en un ring donde el desgaste institucional pesa más que la acción de gobierno: presupuestos que no se aprueban, decretos que caen uno tras otro, comparecencias que se acumulan mientras los problemas reales —vivienda, pensiones, servicios públicos que se deterioran en el territorio— siguen sin resolverse. Una misión del Parlamento Europeo lo dejó dicho sin rodeos: la polarización española amenaza con erosionar la confianza pública en las instituciones. Y un informe reciente sobre el Estado autonómico habla de una «inercia hacia la polarización» que impide reformas esenciales para la vida cotidiana de la gente.
Pero aquí está lo que casi nadie dice en la tertulia de turno: esta guerra cultural entre progresía y sus críticos no es la causa del malestar, es su síntoma. La polarización crece, como bien señalan los sociólogos que estudian el fenómeno, cuando la precariedad laboral, la vivienda inaccesible y la falta de horizonte vital se convierten en norma. El conflicto identitario funciona como sustituto simbólico de un conflicto material que nadie está resolviendo. Discutimos de quién es más «progre» o más «auténtico» porque es más fácil —y más rentable electoralmente— que discutir de por qué un joven de Cuenca no puede comprarse un piso, o por qué media España sigue perdiendo trenes, médicos y futuro mientras la conversación pública se llena de etiquetas.
Y aquí es donde el eje centro-periferia se cuela, casi sin que lo notemos, en cada debate sobre el «progrerío». Porque buena parte del rechazo a esa progresía no es rechazo a los derechos civiles ni al Estado del bienestar —cosas que la España rural también necesita, y mucho—, sino rechazo a una agenda moral que se dicta desde Madrid o Barcelona sin pisar nunca un pueblo de la España vaciada. Cuando el debate público trata la ruralidad como sinónimo de atraso, y la despoblación como anécdota folclórica en vez de fracaso de Estado, no es extraño que en el territorio se perciba el progresismo cultural como un lujo urbano ajeno a sus problemas reales.
¿Cómo se sale de este bucle? No con más buena voluntad genérica, sino con tres movimientos concretos.
Primero, separar programa de identidad. La izquierda debería desmarcarse de la supremacía moral que desprecia cualquier posición contraria calificándola de indecente, no por cortesía hacia el adversario, sino porque esa actitud es un suicidio estratégico: convierte cada desacuerdo legítimo en acusación de maldad, y cierra toda puerta al pacto. La derecha, a su vez, debería distinguir la crítica legítima al elitismo cultural urbano de la deslegitimación en bloque de los derechos civiles bajo la etiqueta de «lo progre», porque esa confusión alimenta exactamente la misma dinámica identitaria que dice combatir.
Segundo, cambiar las reglas del juego institucional. Mientras la investidura, la moción de censura y los presupuestos anuales sigan premiando la fragmentación y el chantaje parlamentario permanente, no habrá incentivo real para cooperar. Hacen falta pactos de Estado en lo que exige continuidad de décadas —pensiones, vivienda, financiación autonómica, política migratoria— siguiendo el único precedente que en España sí funcionó: los Pactos de Toledo. Y hace falta blindar el Poder Judicial y los organismos reguladores frente a la sospecha de captura partidista, porque sin árbitros creíbles no hay partido posible.
Tercero, y quizá lo más urgente: atacar la base material del malestar. Ninguna estrategia de cooperación será eficiente si no incluye vivienda asequible, estabilidad laboral y una política decidida contra la despoblación que trate el territorio como cuestión de Estado y no como titular ocasional. La crispación identitaria prospera precisamente donde el ascensor social está averiado; repararlo es la única forma de que la conversación pública vuelva a hablar de política y deje de hablar de tribus.
Como escritores y articulistas tenemos aquí una responsabilidad que no podemos delegar en los políticos: dejar de escribir para nuestro propio bando con el vocabulario del desprecio, y empezar a nombrar los conflictos materiales que se esconden tras cada etiqueta. Los medios no somos ajenos a la polarización; muchas veces somos su altavoz. Escribir sobre infraestructuras, despoblación y patrimonio con rigor territorial no es un tema menor frente a la gran batalla ideológica nacional: es, precisamente, la manera de desactivarla, devolviendo el debate público a lo concreto, a lo verificable, a lo que de verdad decide si un pueblo sobrevive o desaparece.
España no necesita menos progresistas ni menos conservadores. Necesita menos progrerío —de un lado y del otro— y más política que se atreva a mirar de frente los problemas reales que la crispación identitaria lleva años tapando.