La antipolítica no consiste solamente en insultar a los políticos, desconfiar de los partidos o abstenerse en unas elecciones. Es algo más profundo y corrosivo: la convicción creciente de que la política ya no sirve para resolver los problemas colectivos; de que las instituciones pertenecen a quienes las ocupan; de que todos los representantes públicos son iguales y de que el ciudadano común apenas puede influir en las decisiones que condicionan su vida.
Cuando esta percepción se generaliza, la democracia permanece formalmente en pie, pero se vacía por dentro. Continúan celebrándose elecciones, reuniéndose parlamentos y aprobándose presupuestos. Sin embargo, una parte sustancial de la sociedad deja de sentirse representada. La conversación pública se transforma en una sucesión de agravios, consignas e insultos. El adversario deja de ser un rival legítimo para convertirse en enemigo, mientras los problemas reales permanecen intactos.
España lleva tiempo avanzando por esa pendiente. La polarización nacional, la personalización extrema del poder, la colonización partidista de las instituciones, el debilitamiento del Parlamento, la política convertida en propaganda y el predominio de las redes sociales han creado un ecosistema propicio para la antipolítica. Pero su presencia no se limita a Madrid. También ha penetrado en las comunidades autónomas, las diputaciones y los ayuntamientos. Y en provincias como Cuenca adopta una modalidad particularmente peligrosa: la mezcla de resignación, dependencia institucional y pérdida de confianza en la posibilidad del cambio.
La antipolítica también nace desde el poder
Conviene despejar una confusión interesada. La antipolítica no procede únicamente de los movimientos populistas, de los discursos exaltados o de quienes gritan que hay que acabar con “la casta”. También puede surgir desde el interior de las propias instituciones.
Hay antipolítica cuando un gobierno sustituye la rendición de cuentas por campañas publicitarias. Cuando una mayoría utiliza su poder para reducir el control parlamentario. Cuando los partidos convierten las administraciones en extensiones de sus aparatos. Cuando se ocultan datos, se dosifica la información o se confunde la comunicación institucional con la promoción del gobernante. Cuando las decisiones se presentan como inevitables y se niega a la sociedad el derecho a discutir alternativas.
Hay antipolítica cuando las listas electorales se confeccionan desde arriba, premiando la obediencia y castigando la independencia. Cuando los representantes deben más al dirigente que los colocó que a los ciudadanos que los votaron. Cuando las organizaciones políticas se transforman en círculos cerrados, sin debate interno, selección abierta de dirigentes ni contacto verdadero con sus bases.
Y hay antipolítica, igualmente, cuando la oposición se limita al exabrupto, la descalificación y el cálculo electoral. Criticar sin ofrecer alternativas, convertir cada asunto en una guerra cultural o prometer soluciones imposibles también destruye la confianza pública. La democracia no se fortalece cambiando una propaganda por otra ni sustituyendo una obediencia por otra.
La antipolítica crece en la distancia entre lo prometido y lo realizado. Se alimenta de la opacidad, el privilegio y la impunidad. Pero también del ruido permanente, de la simplificación y de la incapacidad para reconocer la complejidad de los problemas. Su gran éxito consiste en convencer a los ciudadanos de que no existe una política mejor, solo políticos distintos disputándose el mismo espacio de poder.
De ciudadanos a espectadores
Las democracias representativas necesitan intermediarios. Los partidos reúnen preferencias dispersas, elaboran programas y convierten demandas sociales en decisiones públicas. Los medios de comunicación seleccionan información, contrastan versiones y vigilan al poder. Las asociaciones, sindicatos, colegios profesionales, universidades y plataformas ciudadanas conectan a la sociedad con las instituciones.
Cuando esos intermediarios fallan, la democracia se desordena.
Los partidos pierden legitimidad si dejan de escuchar. Los medios pierden autoridad si dependen excesivamente de la publicidad institucional o se alinean sin reservas con un bloque. Las asociaciones se debilitan cuando las subvenciones condicionan su autonomía. Las instituciones se alejan de la sociedad cuando convocan procesos de participación puramente ornamentales, destinados a ratificar decisiones ya tomadas.
Las redes sociales han acelerado esta desintermediación. Hoy cualquier dirigente puede dirigirse directamente al ciudadano, pero también puede eludir las preguntas de los periodistas. Cualquier persona puede expresar su opinión, aunque esa opinión compita con falsedades, campañas organizadas y algoritmos que premian la indignación. Nunca habíamos dispuesto de tanta información y, paradójicamente, nunca había resultado tan difícil construir un espacio compartido de hechos verificables.
La política se ha adaptado a esa lógica. Se gobierna para producir titulares, fotografías y vídeos de pocos segundos. Se anuncian planes antes de definirlos, se presentan como éxitos actuaciones todavía incompletas y se inauguran reiteradamente las mismas promesas. El relato sustituye al balance y la comunicación desplaza a la gestión.
El ciudadano queda reducido a espectador: contempla, protesta, comparte, se indigna y finalmente se retira. Esa retirada es la gran victoria de la antipolítica.
La versión conquense: resignación y dependencia
En Cuenca, la antipolítica no suele manifestarse mediante grandes estallidos. Su forma habitual es más silenciosa: la resignación.
Es la frase tantas veces escuchada de que “aquí nunca cambia nada”. Es la aceptación de que las decisiones importantes se toman fuera. Es la idea de que reclamar inversiones, infraestructuras o servicios constituye una ingenuidad porque la provincia pesa poco electoralmente. Es el convencimiento de que enfrentarse a una estructura partidista, administrativa o económica puede traer consecuencias personales.
La antipolítica conquense se apoya en una paradoja. Cuenca dispone de numerosos ayuntamientos, una Diputación, delegaciones provinciales, representación en las Cortes regionales, el Congreso y el Senado, organizaciones empresariales, sindicatos, asociaciones, medios y plataformas. Nunca ha contado con tantos representantes y organismos. Sin embargo, una parte creciente de la población siente que carece de poder político efectivo.
La provincia pierde habitantes, envejece, mantiene graves desequilibrios territoriales y encuentra dificultades para consolidar proyectos industriales. Numerosos pueblos ven disminuir sus servicios, sus oportunidades laborales y su población joven. La capital tampoco consigue ejercer con suficiente fuerza la función de locomotora provincial. La vivienda, el comercio, la movilidad, la asistencia sanitaria, el emprendimiento y el acceso a servicios públicos siguen planteando problemas que no se resuelven con campañas de imagen.
A ello se añade el sentimiento de agravio producido por determinadas decisiones estratégicas. El cierre de la línea ferroviaria convencional Madrid–Cuenca–Valencia es el ejemplo más evidente. Más allá de las posiciones particulares, lo ocurrido muestra una grave deficiencia democrática: una infraestructura territorial fue desmantelada sin que existiera un debate público proporcional a sus consecuencias y sin que se estudiaran con suficiente transparencia todas las alternativas de modernización.
El Plan XCuenca se presentó como solución cerrada, no como propuesta sometida a deliberación. El ciudadano quedó situado ante un hecho consumado: aceptar la sustitución del ferrocarril y la transformación de sus terrenos o ser etiquetado como enemigo del progreso. Esa reducción del debate a dos casillas —modernidad o pasado— representa el lenguaje característico de la antipolítica institucional.
No se discutieron únicamente unas vías. Se discutían el modelo territorial, la conectividad de los pueblos, el transporte de mercancías, las posibilidades logísticas, la transición ecológica y la posición futura de Cuenca entre Madrid y el Mediterráneo. Sin embargo, una cuestión de semejante alcance quedó envuelta en propaganda, simplificaciones y silencios.
La provincia de los hechos consumados
Cuenca padece una política demasiado inclinada al hecho consumado. Primero se negocia en despachos; después se anuncia; finalmente se organiza una exposición pública o una reunión informativa cuando el margen de modificación es mínimo.
Esta práctica produce una ciudadanía escéptica. Si participar no cambia nada, ¿para qué participar? Si una alegación técnica se recibe como un ataque político, ¿para qué presentarla? Si las instituciones escuchan únicamente a asociaciones afines o interlocutores previamente seleccionados, ¿para qué organizarse?
La participación decorativa resulta más dañina que la ausencia de participación, porque simula una apertura que no existe. Convocar a los ciudadanos para comunicarles lo decidido no es deliberar. Publicar un documento difícil de localizar no equivale a transparencia. Permitir alegaciones dentro de un plazo legal no constituye por sí solo un proceso democrático de calidad.
También contribuye a la antipolítica la falta de evaluación. En Cuenca se anuncian estrategias, planes de sostenibilidad, programas contra la despoblación, inversiones turísticas y proyectos de dinamización. Pero rara vez se ofrece al ciudadano una tabla clara que responda a las preguntas esenciales: cuánto se presupuestó, cuánto se ejecutó, qué empleos se crearon, qué población se fijó, qué objetivos se incumplieron y quién asume la responsabilidad.
Sin evaluación no hay política pública: hay actividad administrativa. Y sin responsabilidad por el incumplimiento, la democracia queda reducida a una sucesión de mandatos sin memoria.
Diputación, Junta y ayuntamientos: gobernar no es tutelar
La transformación de Cuenca exige revisar la cultura de gobierno existente en sus distintos niveles institucionales.
La Diputación Provincial no puede limitarse a repartir ayudas, financiar obras municipales y sostener una red de dependencias. Debe convertirse en una verdadera agencia de cohesión territorial, con planificación, asistencia técnica, evaluación y capacidad para impulsar proyectos supramunicipales. Su papel no debería consistir en premiar proximidades políticas, sino en corregir desigualdades y garantizar oportunidades básicas con criterios publicados y verificables.
La Junta de Castilla-La Mancha debe abandonar cualquier tendencia a tratar Cuenca como territorio administrado desde Toledo. La provincia necesita capacidad de iniciativa, inversiones proporcionales a sus déficits y participación real en las decisiones autonómicas. El principio de solidaridad regional no puede quedarse en una invocación retórica mientras se concentran población, servicios y oportunidades en determinados ejes.
Los ayuntamientos, por su parte, deben salir del modelo paternalista según el cual gobernar consiste en decidir y después explicar. La institución municipal es la más cercana al ciudadano y, precisamente por eso, debería ser la más abierta. Los presupuestos participativos, las consultas locales, los consejos de barrio, las audiencias públicas y la publicación accesible de expedientes no pueden continuar como adornos facultativos.
Gobernar no es tutelar. El ciudadano adulto no necesita que la Administración piense por él, sino que le proporcione información, escuche sus argumentos y motive sus decisiones.
Un programa para barrer la antipolítica
Superar esta situación no requiere otro partido mesiánico, un nuevo caudillo provincial ni una campaña construida alrededor de la indignación. Requiere cambiar las reglas, los comportamientos y los sistemas de control.
La primera medida debe ser un pacto provincial por la transparencia. Todos los grandes proyectos tendrían que disponer de una ficha pública común: presupuesto, financiación, plazos, adjudicatarios, modificaciones, ejecución física y económica, objetivos e indicadores. La información debe presentarse de forma comprensible, no enterrarse en portales administrativos.
En segundo lugar, Cuenca necesita una oficina independiente de evaluación de políticas públicas, vinculada a las Cortes regionales, a la Universidad de Castilla-La Mancha o a una entidad técnica con garantías suficientes. Su función consistiría en analizar los programas provinciales más relevantes y publicar balances periódicos.
En tercer lugar, deben implantarse mecanismos efectivos de participación temprana. La ciudadanía ha de intervenir antes de que los proyectos estén cerrados. En las actuaciones estratégicas —ferrocarril, carreteras, suelo, agua, turismo, sanidad o grandes infraestructuras— deberían organizarse audiencias con documentación previa, distintas alternativas y respuesta razonada a las aportaciones.
En cuarto lugar, los partidos tienen que democratizarse. Las agrupaciones provinciales no pueden continuar siendo estructuras controladas por pequeños núcleos. Es necesario convocar congresos en plazo, celebrar primarias con garantías, limitar mandatos internos, publicar censos y cuentas, y proteger el derecho de los afiliados a discrepar. Un partido sin democracia interna difícilmente puede regenerar las instituciones.
En quinto lugar, los representantes de Cuenca en el Congreso, el Senado y las Cortes regionales deberían presentar un informe anual conjunto de actividad: preguntas, proposiciones, enmiendas, iniciativas, reuniones y resultados. La pertenencia a un grupo parlamentario no puede borrar la responsabilidad territorial adquirida ante los electores.
En sexto lugar, es imprescindible aprobar una agenda provincial de objetivos mensurables para una década. Población, empleo, vivienda, conectividad, sanidad, educación, cuidados, industrialización, turismo sostenible y movilidad deben traducirse en cifras, responsables y calendarios. Cuenca no necesita otro catálogo de deseos, sino compromisos que puedan evaluarse.
En séptimo lugar, debe garantizarse la independencia de la sociedad civil. Las subvenciones públicas han de concederse mediante convocatorias transparentes y criterios objetivos, evitando cualquier mecanismo que convierta a asociaciones y entidades en prolongaciones del poder.
Finalmente, hay que fortalecer un ecosistema informativo plural. La publicidad institucional no debe utilizarse para recompensar adhesiones o penalizar críticas. Su reparto ha de responder a reglas públicas, audiencia acreditada y utilidad social. Sin periodismo independiente no existe rendición de cuentas; únicamente comunicación oficial.
Recuperar el conflicto democrático
Barrer la antipolítica no significa suprimir el conflicto. La democracia no es unanimidad ni silencio. Una sociedad libre discute porque alberga intereses, valores y proyectos distintos. Lo decisivo es que ese conflicto se produzca dentro de reglas compartidas y con reconocimiento del adversario.
Cuenca necesita más debate, no menos. Pero un debate basado en datos, documentos y alternativas, no en etiquetas. Defender la recuperación del tren convencional no convierte a nadie en nostálgico. Apoyar otro modelo de movilidad no convierte automáticamente a nadie en enemigo de la provincia. Reclamar explicaciones a un gobernante no es atacarlo personalmente. Discrepar de una plataforma ciudadana tampoco autoriza a despreciar sus argumentos.
La democracia madura cuando acepta que nadie posee en exclusiva la representación de Cuenca. Ni un partido, ni una institución, ni una asociación, ni un medio, ni una personalidad concreta. La provincia es una comunidad plural y su futuro debe construirse mediante acuerdos que sobrevivan a las alternancias electorales.
De la queja a la ciudadanía organizada
La regeneración tampoco puede descargarse exclusivamente sobre los partidos. La sociedad conquense debe abandonar la comodidad de exigir cambios sin asumir el coste de participar.
Participar significa informarse, acudir a reuniones, presentar propuestas, sostener asociaciones, apoyar medios independientes, reclamar documentos y pedir cuentas a todos los representantes, incluidos aquellos a quienes se ha votado. Significa también rechazar el rumor, comprobar la información antes de difundirla y no premiar con atención a quienes convierten el insulto en espectáculo.
La ciudadanía organizada constituye el antídoto más sólido contra la antipolítica. No la multitud enfurecida de una tarde, sino la perseverancia cívica: plataformas que estudian expedientes, colectivos que formulan alternativas, vecinos que vigilan presupuestos, profesionales que aportan conocimiento y jóvenes que se niegan a aceptar como natural el declive de su territorio.
Cuenca cuenta ya con ejemplos de esa resistencia. La defensa del ferrocarril, las movilizaciones por los servicios sanitarios, las iniciativas contra la despoblación y la protección del patrimonio demuestran que existe una sociedad civil dispuesta a intervenir. Lo que falta es que las instituciones dejen de contemplarla como una molestia y la reconozcan como parte esencial del gobierno democrático.
La escoba democrática
Barrer la antipolítica no consiste en barrer a quienes piensan diferente. Consiste en limpiar las instituciones de opacidad, clientelismo, resignación y propaganda. Consiste en abrir puertas, publicar cuentas, evaluar resultados y devolver al ciudadano su condición de protagonista.
Cuenca no saldrá de su estancamiento sustituyendo un bloque por otro mientras permanezcan intactas las prácticas que han producido la desconfianza. Tampoco mediante una nueva operación de marketing electoral que prometa escuchar hasta obtener el poder y olvide hacerlo después.
La provincia necesita una política de mayoría de edad: menos obediencia partidista y mayor autonomía de sus representantes; menos anuncios y más resultados comprobables; menos despacho cerrado y más deliberación; menos personalismo y mejores instituciones.
La antipolítica triunfa cuando consigue que una sociedad se resigne. Por eso, la primera transformación de Cuenca debe ser moral y democrática: recuperar la convicción de que las decisiones públicas pueden discutirse, modificarse y controlarse.
La escoba que Cuenca necesita no es populista ni partidaria. Es la escoba de la transparencia, la participación, la competencia profesional, la responsabilidad y la ciudadanía organizada. Con ella habrá que retirar años de conformismo y dependencia. Y habrá que hacerlo pronto, porque una provincia puede sobrevivir durante algún tiempo a la falta de inversiones, pero difícilmente puede construir su futuro si deja de creer en su propia capacidad política.