Después de décadas ocupando posiciones decisivas en la Junta y en el socialismo conquense, José Luis Martínez Guijarro ya no puede presentarse como un observador del estancamiento provincial. Su responsabilidad no es exclusiva, pero sí principal, prolongada y exigible. Cuenca necesita una renovación política que difícilmente podrá encabezar quien representa la continuidad del modelo agotado.
La rendición de cuentas constituye una obligación elemental en cualquier democracia digna de ese nombre. No consiste en enumerar inauguraciones, repartir notas de prensa o atribuir todos los fracasos al adversario. Consiste en comparar el poder ejercido con los resultados obtenidos; las promesas formuladas con las obras terminadas; los recursos administrados con las oportunidades creadas; y, sobre todo, el tiempo disfrutado en el gobierno con la situación que se deja a los ciudadanos.
Desde este criterio debe examinarse la trayectoria de José Luis Martínez Guijarro. Durante más de dos décadas ha sido una de las figuras de mayor poder político vinculadas a Cuenca: delegado de la Junta, diputado regional, consejero y, desde 2015, vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha. No ha ocupado un cargo decorativo ni ha permanecido alejado de los centros donde se adoptaban las decisiones. Ha formado parte del núcleo dirigente del Ejecutivo autonómico y ha contado con una influencia determinante en el PSOE conquense.
Por eso no resulta aceptable que se comporte como comentarista de los males provinciales. Martínez Guijarro no acaba de llegar. No puede limitarse a diagnosticar, anunciar, prometer o culpar. Debe responder.
La responsabilidad que nace del poder acumulado
El estancamiento de Cuenca no puede atribuirse exclusivamente a una persona. Intervienen factores históricos, demográficos, económicos, estatales, europeos y municipales. También han gobernado otras administraciones y otros partidos. Una crítica seria debe reconocerlo.
Pero admitir la complejidad del problema no puede convertirse en una coartada para diluir responsabilidades. Cuanto más poder se ha ejercido y durante más tiempo, mayor es la obligación de explicar los resultados. Y Martínez Guijarro ha dispuesto de ambas cosas: tiempo e influencia.
La pregunta central no es si ha trabajado mucho, asistido a numerosos actos o conseguido proyectos concretos. La pregunta es si, después de tantos años, Cuenca ha mejorado su posición relativa dentro de Castilla-La Mancha y de España. Si ha ganado población joven, capacidad productiva, conexiones, empleo cualificado, influencia institucional y oportunidades para sus comarcas. Si se ha reducido la brecha entre la capital, Tarancón y el extenso territorio rural. Si los conquenses tienen hoy más razones para quedarse que para marcharse.
La respuesta, pese a algunos avances, dista mucho de ser satisfactoria.
Cuenca continúa padeciendo envejecimiento, baja densidad demográfica, pérdida de capital humano, debilidad industrial, fragmentación territorial y una dependencia excesiva de los servicios públicos, la agricultura, la construcción y un turismo cuya expansión no siempre se traduce en empleo estable. Los pequeños repuntes demográficos recientes, sostenidos en buena medida por la inmigración, no borran la fragilidad estructural acumulada. Las series oficiales permiten comprobar tanto la prolongada pérdida de población como el reducido peso demográfico de la provincia dentro de España. INE: series históricas de población provincial.
La provincia puede registrar un trimestre favorable en la Encuesta de Población Activa y retroceder en el siguiente. En territorios de reducido tamaño muestral, la EPA provincial presenta oscilaciones que obligan a evitar triunfalismos. Más importante que una fotografía trimestral es observar la población activa, la calidad del empleo, la evolución de la afiliación, los salarios y la capacidad para retener trabajadores jóvenes. El propio INE advierte de la naturaleza muestral y de las revisiones metodológicas de esta encuesta. INE: Encuesta de Población Activa.
Una tasa de paro moderada no constituye por sí sola una victoria si también disminuye el número de personas en edad de trabajar o si parte de la población joven ha tenido que abandonar la provincia.
Una política alejada de la realidad electoral y social
El problema de Martínez Guijarro no es únicamente de resultados. También lo es de orientación política. Durante demasiado tiempo, el socialismo conquense ha funcionado como una estructura vertical: las decisiones se adoptan arriba, los cargos territoriales las respaldan y las instituciones gobernadas por el partido las presentan como inevitables.
Este modelo puede resultar eficaz para conservar el control interno, pero es muy deficiente para representar una provincia. Confunde disciplina partidista con lealtad institucional. Sustituye el debate por la consigna, la participación por la propaganda y la rendición de cuentas por la repetición de balances oficiales.
El alejamiento de la realidad electoral aparece cuando el dirigente deja de escuchar las señales emitidas por la sociedad y se refugia en el aparato. Las preocupaciones de Cuenca —el tren, la despoblación, las carreteras, la industria, la atención sanitaria, la vivienda, el agua, el futuro de los pueblos— no pueden atenderse mediante declaraciones ceremoniales. Exigen posiciones propias, capacidad de presión y, cuando sea necesario, confrontación con el Gobierno regional o estatal del mismo color político.
Eso es precisamente lo que ha faltado: una voz conquense capaz de anteponer la provincia al interés de partido.
Martínez Guijarro ha actuado principalmente como representante de la Junta en Cuenca, cuando su responsabilidad política y territorial exigía también que fuese representante de Cuenca ante la Junta. La diferencia es sustancial. En el primer caso se explican y justifican decisiones ya tomadas. En el segundo se defienden las necesidades provinciales, incluso cuando incomodan al Gobierno.
El tren convencional como símbolo de una renuncia
La desaparición del servicio ferroviario convencional Madrid–Cuenca–Valencia representa el ejemplo más claro. El Plan XCuenca fue suscrito en 2022 por el Ministerio, Adif, la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento de Cuenca. El protocolo contemplaba transporte por carretera, conexiones con la estación Fernando Zóbel, transformación urbana y usos alternativos de los terrenos ferroviarios. También establecía mecanismos de seguimiento y una evaluación de eficacia a los tres años. Protocolo publicado en el BOE.
La legalidad de la clausura fue posteriormente avalada por el Tribunal Supremo al desestimar el recurso presentado por varios ayuntamientos. Pero una resolución judicial sobre la legalidad del procedimiento no convierte la decisión política en la mejor opción territorial, económica o estratégica. Comunicado del Consejo General del Poder Judicial.
Aquí debe exigirse a Martínez Guijarro una explicación completa. ¿Por qué aceptó sustituir una infraestructura ferroviaria susceptible de modernización por un conjunto de servicios alternativos? ¿Qué estudios comparativos manejó la Junta? ¿Qué valoración se hizo del transporte de mercancías, la cohesión territorial y la futura política europea de movilidad? ¿Por qué no se defendió una solución integradora que preservase el corredor mientras se mejoraban las conexiones por carretera y la integración urbana?
Su responsabilidad no reside en haber firmado personalmente todos los documentos, sino en haber respaldado políticamente la orientación general y haberla presentado como progreso para Cuenca. Un dirigente con su experiencia e influencia pudo combatir aquella decisión. Eligió apoyarla.
Promesas, retrasos y desarrollo insuficiente
La misma rendición de cuentas debe extenderse a las grandes infraestructuras y a la política económica provincial. Cuenca lleva años escuchando anuncios sobre carreteras, instalaciones sanitarias, residencias, suelo industrial, empresas tecnológicas, proyectos energéticos y programas contra la despoblación.
Algunas actuaciones son reales y deben reconocerse. El nuevo Hospital Universitario de Cuenca representa una mejora sustancial y el área sanitaria ha superado los 3.000 profesionales contratados, según el Gobierno regional. Junta de Castilla-La Mancha. También existen incentivos fiscales, programas empresariales y medidas derivadas de la legislación regional contra la despoblación.
Pero reconocer estas actuaciones no obliga a aceptar el relato triunfalista. Una provincia no se transforma mediante la suma de expedientes administrativos. Necesita una estrategia integral y comprobable: objetivos, presupuesto, calendario, responsables e indicadores públicos.
¿Dónde está el balance territorial de los empleos creados? ¿Cuántos jóvenes se han instalado en los municipios rurales? ¿Cuántas empresas sobreviven cinco años después de recibir una ayuda? ¿Qué comarcas han ganado población activa? ¿Cuál es el rendimiento de cada programa? ¿Qué proyectos continúan paralizados? ¿Qué inversiones anunciadas no llegaron a ejecutarse?
Sin estas respuestas, la política contra la despoblación corre el riesgo de convertirse en una colección de subvenciones dispersas, útil para alimentar titulares pero insuficiente para modificar la estructura económica.
La relación con el empresariado y la transparencia necesaria
El documento de partida plantea críticas severas sobre la cercanía del poder autonómico a determinados intereses empresariales. Este asunto debe abordarse con rigor. No puede afirmarse que exista corrupción, financiación irregular o trato de favor sin resoluciones judiciales o pruebas documentales concluyentes.
Sí puede exigirse, sin embargo, transparencia absoluta.
Cuando las políticas regionales sobre residuos, biogás, macroplantas energéticas o grandes instalaciones afectan directamente al territorio conquense, la Junta debe publicar los estudios técnicos, contratos, informes de salud, evaluaciones ambientales, reuniones con promotores, alegaciones recibidas y criterios de selección. También debe impedir que los documentos estratégicos aparezcan condicionados por quienes poseen intereses económicos directos en el sector regulado.
Martínez Guijarro tiene la obligación de despejar cualquier sospecha mediante documentos, no mediante descalificaciones. La cercanía institucional al empresariado puede ser necesaria para atraer inversiones; la subordinación del interés público a proyectos particulares sería inaceptable. La frontera entre ambas cosas se protege con concurrencia, transparencia, evaluación independiente y participación ciudadana.
Las preguntas de una rendición de cuentas pendiente
Martínez Guijarro debería comparecer ante la sociedad conquense y responder, al menos, a estas cuestiones:
- ¿Qué compromisos concretos asumió para Cuenca desde 2015 y cuál es su grado exacto de cumplimiento?
- ¿Qué proyectos anunciados continúan sin ejecutar y por qué?
- ¿Qué evolución relativa ha tenido Cuenca frente a las demás provincias de Castilla-La Mancha?
- ¿Qué balance hace del cierre ferroviario y del cumplimiento efectivo del Plan XCuenca?
- ¿Qué estrategia industrial específica existe para la provincia, más allá de ayudas generales y anuncios individuales?
- ¿Qué resultados medibles han producido las políticas contra la despoblación en cada comarca?
- ¿Qué actuaciones defendió ante el Gobierno de España, incluso cuando estaba dirigido por su propio partido?
- ¿Qué mecanismos de consulta ciudadana se utilizaron antes de adoptar decisiones territoriales irreversibles?
- ¿Qué responsabilidad personal asume por los incumplimientos?
- ¿Qué haría hoy de manera diferente?
Rendir cuentas no significa leer una relación de obras. Significa admitir errores, explicar decisiones, aceptar responsabilidades y someter el propio balance a contraste público.
La retirada como servicio final a Cuenca
Después de tantos años, Martínez Guijarro representa mucho más el pasado del poder conquense que su futuro. Su experiencia ya no compensa el desgaste producido por una permanencia tan prolongada. Se ha convertido en símbolo de una forma de gobernar basada en el control orgánico, la explicación descendente y la identificación del partido con las instituciones.
Por eso resulta legítimo pedirle que cierre su etapa y se retire de la primera línea pública al finalizar sus actuales responsabilidades. No como condena personal, sino como consecuencia política de un ciclo agotado.
Cuenca necesita caras nuevas, métodos nuevos y una relación distinta entre ciudadanía e instituciones. Necesita dirigentes que no deban justificar decisiones heredadas durante décadas; que puedan revisar el Plan XCuenca sin sentirse prisioneros de su autoría política; que defiendan el ferrocarril, la industrialización, las comarcas y los servicios públicos sin obediencias anticipadas; y que comprendan que representar a una provincia significa, en ocasiones, enfrentarse al propio partido.
Martínez Guijarro ha tenido tiempo, poder, presupuesto e influencia. Ha podido dejar su huella y, en efecto, la ha dejado. Pero esa huella debe juzgarse por el estado real de Cuenca, no por el número de cargos ocupados ni por el volumen de la propaganda institucional.
La provincia no necesita otra promesa de renovación pronunciada por quienes llevan décadas administrando el estancamiento. Necesita que se abra paso una generación política diferente.
Retirarse, en estas circunstancias, no sería una humillación. Sería el último servicio que José Luis Martínez Guijarro podría prestar a Cuenca.