Hay una imagen que resume mejor que cualquier informe técnico el estado de la política migratoria española en el verano de 2026: la de miles de jóvenes marroquíes cruzando a nado los espigones de Tarajal y Benzú entre el 30 de julio y el 3 de agosto, entre 50.000 y 60.000 personas en apenas tres días, con un balance de muertos que las distintas fuentes sitúan entre 57 y 72 (Infobae; El País). No fue un desbordamiento espontáneo ni una simple consecuencia de la pobreza al otro lado del Estrecho. Fue, según coinciden analistas y medios especializados, la consecuencia directa de una sentencia del Tribunal Supremo difundida por WhatsApp entre jóvenes marroquíes, que interpretaron —con razón jurídica, aunque con una lectura letal en la práctica— que la frontera marítima de Ceuta se había vuelto infranqueable para las autoridades españolas (Libertad Digital; El Confidencial). Una resolución judicial pensada para reforzar garantías individuales se convirtió, en medio de la opacidad informativa y del vacío de coordinación con Rabat, en un incentivo objetivo para el cruce masivo. Ese es, en una sola escena, el retrato de todo lo que falla en la política de inmigración española: decisiones tomadas en los tribunales que sustituyen a las decisiones que debería tomar el Parlamento, y una Administración que llega siempre tarde a gestionar lo que ella misma no supo prevenir.
Conviene no quedarse en la playa de Ceuta, por dramática que sea la imagen, porque el problema empieza mucho antes y llega mucho más adentro, hasta Cuenca y hasta cualquier pueblo de Castilla-La Mancha donde una familia extranjera lleva meses intentando una cita para regularizar su situación. El sistema de citas de extranjería lleva más de dos años mostrando síntomas de colapso estructural: un estudio del Colegio de Gestores Administrativos constató que, entre junio de 2024 y junio de 2025, más del 80% de los veinticinco trámites clave de extranjería carecieron de citas disponibles en algún momento del periodo analizado (The Objective). Los tiempos de resolución empeoraron en todo el país, de 22 a 47 días laborables de media nacional entre 2024 y 2025, con oficinas como las de Barcelona o Madrid superando los setenta días (La Región), y con protestas sindicales de CCOO y UGT por falta de personal en media España, de Murcia a La Rioja (Cadena SER Murcia; elDiario.es La Rioja). El sistema de asilo, mientras tanto, cerró 2025 con 218.731 personas pendientes de una resolución, la segunda cifra más alta de toda la Unión Europea, solo por detrás de Alemania, pese a que la Oficina de Asilo y Refugio batió su propio récord histórico resolviendo más de 160.000 expedientes (Defensor del Pueblo; La Moncloa). Que un sistema pueda batir su propio récord de resoluciones y, al mismo tiempo, acumular una cifra histórica de expedientes atascados dice mucho sobre la magnitud del problema y muy poco sobre la capacidad del Estado para dimensionarlo.
Ese desajuste entre el esfuerzo administrativo y la magnitud del fenómeno se ha visto agravado, no aliviado, por el nuevo Reglamento de Extranjería, el Real Decreto 1155/2024, en vigor desde mayo de 2025 tras año y medio de retraso sobre el calendario previsto (BOE). La reforma creó cinco vías de arraigo y redujo a dos años el tiempo de residencia exigido para algunas de ellas, pero eliminó al mismo tiempo la vía de conversión hacia el arraigo para quienes ven denegada su solicitud de asilo, dejando a ese colectivo sin alternativa de regularización, algo que el propio Defensor del Pueblo ha señalado como un retroceso de garantías (machelindiaz.com). Cáritas decidió, a comienzos de 2025, recurrir directamente ante el Tribunal Supremo el reglamento en materia de asilo por entender que reduce derechos frente a la normativa anterior (Cáritas). Cuando una organización como Cáritas, que lleva décadas trabajando codo con codo con la Administración en la acogida, se ve obligada a litigar contra el propio reglamento que debía ordenar el sistema, algo profundo ha fallado en el diseño de la norma.
La misma lógica de la improvisación gobierna la que quizá sea la crisis institucional más reveladora de estos tres años: la de los menores extranjeros no acompañados. El Gobierno aprobó en marzo de 2025 un mecanismo de reparto forzoso entre comunidades autónomas mediante real decreto-ley, ante la imposibilidad de sacar adelante una ley pactada (El País). Seis comunidades autónomas recurrieron esa norma ante el Tribunal Constitucional, que admitió los recursos el 15 de julio de 2025: cinco gobernadas por el Partido Popular —Baleares, Comunidad Valenciana, Andalucía, Galicia y Castilla y León— y una sexta que rompe cualquier lectura partidista simplista, Castilla-La Mancha, gobernada por el socialista Emiliano García-Page (Europa Press). Aquí conviene detenerse, porque es un dato que interpela directamente a los lectores de esta provincia: nuestra propia comunidad autónoma, gobernada por el mismo partido que sostiene al Gobierno de España, decidió sumarse al frente judicial contra su propio Ejecutivo nacional antes que asumir en solitario el coste presupuestario y político de la acogida. Eso no es un capricho de Page ni una anomalía castellano-manchega: es la prueba de que el reparto de menores ha dejado de ser un conflicto entre izquierda y derecha para convertirse en un pulso de fondo entre el centro y la periferia, en el que ninguna autonomía, gobierne quien gobierne, quiere cargar en solitario con lo que debería ser una responsabilidad compartida por todo el Estado.
Mientras ese litigio seguía su curso, la ocupación de los centros de menores en Ceuta llegó a rozar el 2.000% de su capacidad en 2025, con hasta 500 menores tutelados donde solo había 29 plazas, y volvió a dispararse a 862 menores el pasado 3 de agosto, en pleno estallido de la crisis fronteriza (El Mundo; Antena3). El Gobierno ha intentado dar estabilidad al sistema con un nuevo reparto ordinario aprobado en junio de 2026, basado en cuotas de 32,6 menores por cada 100.000 habitantes, pero la partida de 35 millones de euros pactada en julio para financiar la atención de estos menores fue rechazada por las comunidades gobernadas por Vox, con Murcia absteniéndose (Moncloa.com). El resultado es un sistema que ha pasado tres años entero litigando sobre cómo repartir una responsabilidad que, en el mientras tanto, ha seguido creciendo sin que nadie termine de asumirla del todo.
El otro gran episodio de quiebra jurídica de este periodo tiene un nombre técnico que suena lejano hasta que se entiende su alcance: el Tribunal Supremo confirmó en julio de 2026 que la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería no ampara las devoluciones en caliente de personas que intentan entrar a nado, a diferencia de lo que el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos había avalado en 2020 para las entradas terrestres por la valla de Melilla (CGPJ). Esa coexistencia de dos criterios jurídicos distintos —uno europeo que permite las devoluciones colectivas por tierra bajo ciertas condiciones, y otro nacional que las excluye por mar— dejó a las fuerzas de seguridad españolas sin un marco operativo unificado justo en el peor momento posible. España desplegó después al Ejército de Tierra, a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, y Marruecos colaboró para repatriar en apenas uno o dos días entre 48.300 y 53.000 personas (RTVE), pero Euronews reveló que los servicios de inteligencia habían avisado al Gobierno con días de antelación sobre la inminencia de una entrada masiva coincidiendo con la Fiesta del Trono marroquí, sin que se desplegaran refuerzos hasta las últimas horas (Euronews). Se sabía, y no se actuó a tiempo. Esa frase, lamentablemente, podría aplicarse a casi cualquier episodio de esta crónica.
Toda esta acumulación de urgencias mal gestionadas llega, además, en el peor momento posible desde el punto de vista europeo. El Pacto Europeo de Migración y Asilo entró en su fase de aplicación obligatoria el 12 de junio de 2026, y España llegó a esa fecha habiendo cumplido una sola de las nueve medidas exigidas, sin que la nueva Ley de Asilo —pieza central de toda la adaptación normativa— hubiera sido siquiera remitida al Congreso (El Español). El propio Real Instituto Elcano describe el pacto como un «acuerdo de mínimos» que exige a España reforzar su capacidad institucional si no quiere quedar instalada en un incumplimiento normativo permanente (Real Instituto Elcano), y a fecha límite del pacto España solo tenía preparadas 3.301 plazas de acogida para el nuevo procedimiento fronterizo acelerado, una cifra irrisoria frente al volumen real de solicitudes que gestiona (Europa Press). No hace falta ser jurista para entender que un país que llega tarde a su propia legislación de asilo llegará, inevitablemente, tarde también a la próxima crisis migratoria que se le presente.
Y sin embargo, en medio de este cuadro de disfunción, hay un dato que este columnista no puede dejar de subrayar pensando en Cuenca y en el resto de Castilla-La Mancha: la inmigración no es, ni de lejos, solo un problema. El Banco de España concluyó en su Informe Anual 2025 que los intensos flujos migratorios recibidos entre 2022 y 2025 no han restado empleo a los trabajadores nativos, y que explican en torno a la mitad del crecimiento del PIB español de ese periodo y más de dos tercios del crecimiento del empleo (Servimedia/Banco de España). En mayo de 2026 se alcanzó un máximo histórico de 3.360.000 afiliados extranjeros a la Seguridad Social, y el 43,4% de todo el empleo creado en España desde la reforma laboral de 2021 corresponde a trabajadores extranjeros (La Moncloa; Ministerio de Inclusión). En una provincia que lleva décadas hablando de despoblación, de residencias de mayores sin personal suficiente y de explotaciones agrarias que no encuentran quién las trabaje, estos no son datos abstractos de un informe macroeconómico: son la explicación de por qué, en la práctica, buena parte del tejido productivo y asistencial de Castilla-La Mancha ya depende de la mano de obra extranjera, gestione el Estado bien o mal su llegada. La AIReF, eso sí, ha matizado con razón que la regularización masiva por sí sola tendrá un efecto «prácticamente nulo» sobre la sostenibilidad futura de las pensiones (Libertad Digital/AIReF), lo que debería servir para desactivar tanto el discurso gubernamental que presenta la inmigración como solución milagrosa al envejecimiento, como el discurso opuesto que la presenta como una amenaza pura y simple al Estado del bienestar. Ninguno de los dos relatos resiste el contraste con los datos.
Frente a este panorama, no faltan propuestas razonables sobre la mesa, y conviene que el debate público conquense y nacional deje de moverse solo entre el titular alarmista y la consigna buenista. CIDOB reclama priorizar la migración laboral segura y regular como una necesidad estructural, no como una excepción (CIDOB); CEAR insiste en una nueva Ley de Asilo que actúe como dique de contención frente a las oleadas antimigratorias, con asistencia jurídica gratuita y la posibilidad de pedir protección internacional en embajadas y consulados (CEAR); y el Partido Popular ha planteado un sistema de visado por puntos inspirado en el modelo canadiense y anglosajón, valorando formación, idioma, edad y vínculos previos con España (El País). La experiencia comparada respalda la necesidad de reglas estables: Alemania ha duplicado en cinco años, hasta 420.000, las autorizaciones de residencia vinculadas a un contrato laboral mediante selección activa y digitalizada (visahq.com), mientras Portugal ha optado por la vía contraria, endureciendo el acceso no cualificado tras años de aplicación laxa de su antiguo sistema de regularización espontánea (Diário da República). España, en cambio, sigue alternando la gestión colectiva de contrataciones en origen, regulada cada año por una simple orden ministerial, con regularizaciones extraordinarias recurrentes por decreto, como la de 2026, que recibió 1.174.978 solicitudes, más del doble de lo que preveía el propio Gobierno (La Moncloa). Ese es, exactamente, el patrón que ni ofrece la previsibilidad alemana o canadiense ni la contención portuguesa: un modelo que va apagando fuegos según se van declarando, sin apagar nunca el rescoldo de fondo.
La conclusión que se impone tras revisar tres años de decretos-leyes, recursos de inconstitucionalidad, autos judiciales incumplidos y una crisis fronteriza de dimensiones inéditas es tan sencilla de enunciar como difícil de ejecutar en el actual Congreso fragmentado: España no necesita más diagnósticos sobre inmigración, que ya existen y son abundantes, sino un pacto de Estado que saque esta política del terreno del decreto de urgencia y de la judicialización permanente. Eso significa reglas de reparto de menores con financiación corresponsable de verdad, una ventanilla de visados laborales con criterios objetivos y vinculados a las necesidades sectoriales que el propio Banco de España identifica —cuidados de larga duración, construcción, hostelería—, un refuerzo estructural y no cosmético de la Oficina de Asilo y Refugio, y una relación con Marruecos que deje de depender por completo de la voluntad política de Rabat en cada momento, algo que la crisis de Ceuta de agosto de 2026 ha demostrado de la manera más dolorosa posible. Mientras ese pacto siga sin llegar, seguiremos viendo la misma escena de siempre: sentencias que se convierten en detonantes involuntarios, decretos que desbordan sus propias previsiones, comunidades autónomas de todos los colores políticos litigando entre sí, y una Cuenca que, en silencio y sin que casi nadie lo cuente, sigue necesitando cada año más brazos extranjeros para sostener sus campos, sus residencias y sus pueblos vaciados. La política migratoria española lleva demasiado tiempo mirando al mar de Ceuta sin mirar, al mismo tiempo, al interior despoblado que también depende de ella.