La condena del hermano del presidente, las derrotas parlamentarias, el deterioro de los servicios públicos y la controversia sobre el voto exterior no son episodios inconexos. Forman parte de una crisis más profunda: la transformación de la política española en una lucha por controlar la percepción de los hechos, neutralizar la responsabilidad y convertir la permanencia en el poder en la única medida del éxito.
Hay gobiernos que caen porque pierden una votación decisiva. Otros se retiran cuando una sentencia judicial compromete gravemente a su entorno. Algunos rectifican cuando los servicios públicos empeoran y la ciudadanía manifiesta un descontento sostenido. También existen democracias en las que una sospecha razonable, una incompatibilidad ética o una apariencia fundada de favoritismo bastan para provocar una dimisión.
En la España de Pedro Sánchez parece haberse impuesto otra doctrina: mientras puedan reunirse los votos necesarios para evitar una moción de censura, nada obliga a asumir responsabilidades.
No importa que la legislatura acumule derrotas parlamentarias. No importa que el Gobierno sea incapaz de aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado. No importa que la Audiencia Provincial de Badajoz haya condenado al hermano del presidente a nueve años de inhabilitación para cargo público como cooperador necesario de un delito de prevaricación administrativa, aunque la resolución pueda ser recurrida y no deba presentarse todavía como una sentencia firme. Tampoco parece importar que crezca el malestar ciudadano ante las listas de espera, la atención primaria o la dificultad de acceder a especialistas.
Todo puede resistirse. Todo puede reinterpretarse. Todo puede envolverse en un relato.
El 14 de julio de 2026 condensó de manera casi pedagógica esta nueva concepción del poder. La jornada comenzó con la sentencia sobre David Sánchez y terminó con dos derrotas del Ejecutivo en el Congreso: el rechazo de la senda de estabilidad, por 178 votos frente a 167, y la derogación de un decreto relacionado con la situación fiscal de RTVE. La misma Cámara sí convalidó, en cambio, el decreto destinado a reforzar la financiación de la dependencia. La aritmética, por tanto, no describía una oposición nihilista que votase sistemáticamente contra todo, sino un Gobierno sin una mayoría política estable para sacar adelante sus propias prioridades.
La reacción oficial, sin embargo, no consistió en reconocer la debilidad parlamentaria ni en explicar qué negociaciones habían fracasado. Se aplicó una técnica comunicativa cada vez más frecuente: cambiar el nombre de las cosas.
La derrota de la senda de estabilidad dejó de ser una derrota del Gobierno para convertirse en un perjuicio provocado por la oposición contra comunidades autónomas y ayuntamientos. La condena judicial dejó de ser una resolución dictada por tres magistrados para convertirse en una persecución política contra la familia del presidente. La incapacidad de reunir una mayoría se presentó como irresponsabilidad de los adversarios. Y la exigencia de responsabilidades pasó a describirse como un ataque a la democracia.
No estamos solamente ante una disputa sobre hechos. Nos encontramos ante una disputa sobre el derecho a definirlos.
El poder de nombrar la realidad
La comunicación política contemporánea ya no intenta únicamente persuadir al ciudadano. Aspira a crear el marco mental dentro del cual el ciudadano debe interpretar cualquier acontecimiento.
George Lakoff explicó que quien impone el marco suele ganar la discusión antes incluso de que empiece. Si una sentencia se introduce en el marco de la “persecución”, la conversación ya no gira alrededor del contenido de la resolución, sino de las supuestas intenciones de quienes investigan o juzgan. Si una derrota parlamentaria se encuadra como “bloqueo”, deja de examinarse la incapacidad del Ejecutivo para construir acuerdos. Si una crítica a la gestión se denomina “campaña de odio”, el crítico ya no es un interlocutor: es un agresor.
El sanchismo ha convertido esta técnica en un sistema de gobierno.
No se responde prioritariamente a lo sucedido. Se combate la interpretación desfavorable de lo sucedido. La política deja así de ser una actividad orientada a resolver problemas colectivos y se convierte en una maquinaria permanente de administración de percepciones.
Por eso, ante una crisis, la primera pregunta de Moncloa no parece ser qué responsabilidad corresponde asumir, sino qué relato puede neutralizarla. ¿Judicialización? Lawfare. ¿Debilidad parlamentaria? Bloqueo de la derecha. ¿Investigaciones periodísticas? Campañas de intoxicación. ¿Descontento social? Manipulación mediática. ¿Críticas de antiguos aliados? Convergencia con la extrema derecha.
La consecuencia es una democracia donde los hechos nunca poseen autonomía. Siempre son sospechosos de haber sido fabricados por el enemigo.
Esta lógica presenta una ventaja inmediata para el gobernante: permite mantener cohesionada a su base electoral. Pero tiene un coste devastador para la sociedad. Si cada sentencia se interpreta según la identidad del acusado; si cada dato se acepta o rechaza según favorezca al partido propio; si cada institución se considera legítima únicamente cuando emite decisiones convenientes, la democracia deja de apoyarse en reglas compartidas.
Se convierte en una guerra de comunidades emocionales.
El ciudadano ya no se pregunta si una actuación fue correcta. Se pregunta quién será beneficiado políticamente por reconocer que fue incorrecta.
De la presunción de inocencia a la inocencia proclamada
Pedro Sánchez afirmó reiteradamente que su hermano y su esposa eran “absolutamente inocentes”. La expresión resulta políticamente reveladora. Una cosa es defender la presunción de inocencia, garantía constitucional indispensable. Otra muy distinta es que el presidente del Gobierno proclame desde su autoridad institucional una inocencia absoluta antes de que los tribunales hayan completado sus procedimientos.
La presunción de inocencia obliga a no tratar como culpable a quien no ha sido condenado. No convierte al jefe del Ejecutivo en juez anticipado de los asuntos que afectan a su familia.
Tras la sentencia de Badajoz, el discurso oficial no se limitó a anunciar un recurso o a discrepar jurídicamente de los argumentos empleados. Diversos dirigentes socialistas calificaron la resolución de injusta, política o carente de pruebas. Sin embargo, el tribunal consideró probado que el puesto relacionado con los conservatorios de la Diputación de Badajoz fue creado con el objetivo de que lo ocupara David Sánchez y lo condenó como cooperador necesario de prevaricación administrativa. La sentencia no apreció el tráfico de influencias atribuido inicialmente y deberá superar las correspondientes instancias de recurso, pero su existencia política no puede borrarse mediante una consigna.
Aquí aparece una de las anomalías más graves de nuestro tiempo: el Gobierno exige respeto a las instituciones cuando sus decisiones lo favorecen, pero pone bajo sospecha su legitimidad cuando lo perjudican.
No es una actitud completamente nueva en la política española. Todos los partidos han incurrido alguna vez en la tentación de elogiar o desacreditar a los jueces dependiendo del resultado. La diferencia es la sistematización. La deslegitimación preventiva se ha convertido en parte estable del dispositivo gubernamental.
Antes de que llegue una resolución adversa, ya se ha preparado el vocabulario con el que será combatida.
No se discute solamente la sentencia. Se señala al juez. Se cuestiona al instructor. Se sospecha de la Guardia Civil. Se denuncia la existencia de una trama mediática. Se identifica al denunciante con una organización ideológica. Se presenta la causa como una pieza dentro de una conspiración superior.
El objetivo no es probar que todos esos actores hayan cometido irregularidades. Basta con sembrar la duda suficiente para que el votante fiel pueda desentenderse del contenido del procedimiento.
Es lo que la psicología social denomina razonamiento motivado: no evaluamos la información para alcanzar una conclusión, sino que seleccionamos la información necesaria para sostener la conclusión que ya deseábamos.
La política sin sanción social
Las democracias no se sostienen únicamente mediante códigos penales. Necesitan normas sociales y políticas más exigentes que la legalidad estricta.
Un gobernante puede no haber cometido delito alguno y, sin embargo, resultar políticamente responsable de lo ocurrido bajo su autoridad. Puede no haber intervenido en una contratación y aun así deber explicaciones por el beneficio obtenido por alguien de su entorno. Puede no estar jurídicamente implicado en una trama, pero estar obligado a valorar si las circunstancias dañan la confianza en las instituciones.
La responsabilidad política comienza precisamente donde termina la penal.
En España, sin embargo, se ha generalizado la idea de que nadie debe dimitir mientras no exista una condena firme. Y cuando llega la condena, se invoca el recurso. Y cuando se agotan los recursos, se denuncia la politización de la justicia. Y si el afectado no ocupa formalmente un cargo en el Gobierno, se afirma que se trata de una cuestión privada.
Así se construye una irresponsabilidad potencialmente infinita.
No se trata de exigir a Pedro Sánchez que responda penalmente por los actos de su hermano. Esa pretensión sería jurídicamente absurda. Se trata de preguntarle por el significado político de que un familiar directo se beneficiara, según la resolución judicial, de una plaza creada de manera espuria para ser ocupada por él.
También se trata de evaluar la reacción del presidente: su proclamación anticipada de inocencia, el tono empleado contra jueces e investigadores y la movilización del aparato gubernamental para presentar un asunto concreto como un ataque general a la democracia.
La cuestión no es la consanguinidad. Es el uso del poder comunicativo e institucional para proteger el perímetro personal del gobernante.
La oposición sostiene que una sentencia de esta naturaleza habría provocado la caída de un Gobierno en otros países. La comparación internacional debe manejarse con cautela, pues los sistemas políticos, las culturas públicas y los casos concretos son distintos. Pero existe un fondo cierto: en varias democracias europeas, la responsabilidad política se activa antes y con umbrales más bajos que en España. El problema español no es solamente la corrupción demostrada, sino la desaparición paulatina de la vergüenza política.
La vergüenza pública, entendida no como humillación sino como conciencia del límite, es una institución democrática invisible. Cuando desaparece, todo puede justificarse mientras la mayoría parlamentaria aguante.
La legislatura zombi
La derrota de la senda de estabilidad revela, además, un problema diferente del judicial: la pérdida de capacidad política efectiva.
Un Gobierno no existe únicamente porque su presidente permanezca en La Moncloa. Existe para gobernar: aprobar presupuestos, impulsar reformas, negociar mayorías, ejecutar políticas y responder ante el Parlamento.
Cuando un Ejecutivo encadena derrotas, prorroga cuentas antiguas, depende de socios que votan alternativamente a favor y en contra y convierte cada decreto en una negociación agónica, cabe preguntarse si sigue gobernando o se limita a durar.
La sociología política distingue entre legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio. La primera procede de la investidura conforme a las reglas. La segunda se construye mediante la capacidad de resolver problemas, cumplir compromisos y mantener una dirección reconocible.
Sánchez conserva la legitimidad formal de su investidura mientras no prospere una moción de censura o decida convocar elecciones. Pero la legitimidad de ejercicio se erosiona cuando la acción gubernamental queda subordinada a una única prioridad: impedir el final de la legislatura.
El Ejecutivo comienza entonces a comportarse como una organización sitiada. Cada votación deja de ser una decisión sobre políticas públicas y se interpreta como una prueba de supervivencia. Cada socio se convierte simultáneamente en aliado, competidor y acreedor. Cada concesión se justifica por la necesidad de evitar que gobierne la derecha.
El resultado es una legislatura zombi: formalmente viva, políticamente exhausta y comunicativamente hiperactiva.
Cuanto menos gobierna, más comunica. Cuanto más difícil resulta aprobar medidas, mayor es la producción de anuncios, eslóganes, comparecencias y marcos morales. La falta de resultados se compensa con intensidad narrativa.
No es casual que la política española se encuentre saturada de palabras grandilocuentes: democracia, fascismo, resistencia, dignidad, regeneración, escudo social, mayoría progresista. La inflación retórica suele aumentar cuando disminuye la capacidad material.
La sanidad como frontera entre el relato y la vida
Pero el desgaste democrático no se mide solamente en tribunales y votaciones. Se aprecia, sobre todo, en la distancia entre la propaganda y la experiencia cotidiana.
El Barómetro Sanitario de 2026 refleja un deterioro importante de la percepción ciudadana. El porcentaje de quienes consideran que el sistema debería rehacerse completamente habría pasado del 4,4 % en 2018 al 20,3 % en 2026. La espera media declarada para obtener cita en atención primaria habría aumentado de 4,74 a 10,27 días.
Otros datos del propio barómetro ofrecen una imagen más matizada: la hospitalización pública y los servicios de emergencias continúan recibiendo valoraciones altas, mientras el principal foco de descontento se concentra en la accesibilidad, las listas de espera y la atención especializada. La valoración positiva general se sitúa muy por debajo de los niveles anteriores a la pandemia y una amplia mayoría considera que las demoras han empeorado o siguen igual.
Esta matización es imprescindible. No sería riguroso atribuir todo el deterioro sanitario exclusivamente al Gobierno central, pues las comunidades autónomas gestionan los servicios asistenciales y existen problemas estructurales de personal, envejecimiento, financiación y desigualdad territorial. Pero tampoco resulta aceptable que el Ejecutivo nacional se limite a utilizar la sanidad como arma contra los gobiernos autonómicos adversarios.
La experiencia del paciente no entiende de repartos propagandísticos de competencias.
Quien espera diez días para ser atendido en primaria, varios meses para una prueba o medio año para un especialista no vive un marco narrativo: vive una demora. Quien reside en un pueblo de Cuenca y debe desplazarse decenas de kilómetros para recibir atención no necesita un vídeo ministerial sobre la excelencia del sistema, sino profesionales, transporte, citas y continuidad asistencial.
En territorios envejecidos y dispersos, como buena parte de la provincia conquense, el deterioro de la accesibilidad sanitaria posee una dimensión especialmente grave. Una lista de espera no pesa igual sobre un ciudadano de un gran núcleo urbano que sobre una persona mayor de la Serranía, la Alcarria o la Mancha conquense dependiente de familiares, vehículos particulares o conexiones insuficientes.
Aquí la comunicación política tropieza con su límite material. Puede cambiarse el encuadre de una votación, pero no puede acortarse mediante retórica la distancia hasta el centro sanitario.
La sátira prohibida y el lenguaje vigilado
La referencia a George Bernard Shaw, Julio Camba, Mariano Rajoy y la señora Warren introduce otro elemento de la crisis: la desaparición de la ambigüedad, la ironía y el matiz en la conversación pública.
La sátira clásica permitía representar una sociedad hipócrita sin convertir a todos sus personajes en caricaturas morales. Shaw mostraba la doble vara de medir, el interés económico y la respetabilidad construida sobre aquello que públicamente se condenaba. Su teatro incomodaba porque obligaba al espectador a reconocer contradicciones humanas, no porque le proporcionara un catálogo cerrado de buenos y malos.
La comunicación política actual opera de manera opuesta. Necesita mensajes sin ambigüedad: inocente o culpable, demócrata o fascista, progresista o reaccionario, víctima o verdugo.
La ironía resulta sospechosa porque introduce una segunda lectura. El matiz se considera debilidad. La duda se confunde con traición. La complejidad perjudica la movilización.
Rajoy, con sus circunloquios, retruécanos y aparentes obviedades, pertenecía todavía a una cultura política en la que podía reconocerse el absurdo sin convocar inmediatamente un tribunal moral. Sánchez representa otra fase: la profesionalización extrema del mensaje, la repetición disciplinada de conceptos y la reducción de toda controversia a bloques identitarios.
Uno podía reírse de Rajoy, a menudo con Rajoy y en ocasiones gracias a Rajoy. Con el sanchismo, en cambio, la risa se vuelve rápidamente prueba de adscripción ideológica.
No es un fenómeno exclusivo de la izquierda. La derecha digital también construye linchamientos, simplifica los hechos y premia el insulto. Pero el Gobierno posee una responsabilidad superior porque dispone de recursos institucionales, capacidad normativa, medios públicos y una posición incomparable para fijar la agenda.
Cuando el poder pierde el sentido del humor, la crítica empieza a ser tratada como una patología.
La “ley de nietos” y la sospecha electoral
La controversia sobre la llamada “ley de nietos” muestra hasta qué punto la desconfianza ha contaminado cualquier decisión pública.
La disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática facilitó el acceso a la nacionalidad española a descendientes de españoles que perdieron o renunciaron a ella como consecuencia del exilio, así como a otros supuestos vinculados a la transmisión de la nacionalidad. Según informaciones publicadas en julio de 2026, millones de personas habían solicitado cita consular y más de medio millón de nacionalidades habían sido ya concedidas o podían llegar a reconocerse en distintos plazos.
La nacionalidad no puede presentarse, sin pruebas, como una compraventa masiva de votos. Los nuevos españoles poseen derechos políticos como cualquier otro ciudadano y no existe garantía de que vayan a votar a la izquierda, al PSOE o siquiera de que participen electoralmente.
Pero tampoco es sensato despachar toda inquietud como xenofobia o conspiración.
El censo de españoles residentes en el extranjero ha crecido de manera considerable desde las elecciones de 2023. Una información de El Español cifra el aumento en más de 405.000 electores, un 17,5 %, y sostiene que el voto CERA podría resultar determinante en provincias donde el último escaño se decide por márgenes reducidos. El propio Gobierno había reconocido ya tras las elecciones generales de 2023 la capacidad potencial del voto exterior para alterar el reparto final.
La respuesta democrática no debe ser cuestionar el derecho al voto de los nuevos nacionales, sino garantizar transparencia total.
¿Cuántos expedientes se han resuelto? ¿En qué consulados? ¿Con qué controles documentales? ¿Cómo se incorporan los nuevos electores a las circunscripciones? ¿Qué medidas impiden duplicidades, errores o adscripciones incorrectas? ¿Qué recursos posee la Administración electoral para gestionar el incremento? ¿Qué información recibirán los partidos y la ciudadanía?
Cuando las instituciones responden con datos verificables, la sospecha disminuye. Cuando reaccionan con descalificaciones, la sospecha crece.
La confianza no se decreta. Se documenta.
Gobernar contra media sociedad
El problema de fondo es la transformación del adversario político en enemigo moral.
El Ejecutivo no se presenta como una opción legítima entre varias, sino como la última barrera frente a una regresión histórica. De ese modo, cualquier medio resulta justificable para conservar el poder, porque perderlo ya no significaría una alternancia normal, sino una catástrofe democrática.
Esta dramatización permanente produce una peligrosa consecuencia: la mitad de los españoles deja de ser considerada una parte legítima de la nación política.
No son ciudadanos que votan diferente. Son reaccionarios, ultras, manipulados, privilegiados, nostálgicos o cómplices de una conspiración judicial y mediática.
La derecha responde con un espejo parecido: traidores, golpistas, delincuentes, enemigos de España. Así se completa el círculo de polarización afectiva. Los ciudadanos no sólo discrepan de los otros; empiezan a despreciarlos y a considerar inmoral cualquier acuerdo con ellos.
La polarización resulta muy útil para las élites partidistas. Reduce la rendición de cuentas. Un votante puede estar insatisfecho con la sanidad, la vivienda, los salarios o la corrupción, pero continuará apoyando a su bloque si cree que la alternativa representa un peligro existencial.
Ésa es la democracia del aguante: el gobernante ya no necesita convencer de que gobierna bien. Le basta con convencer de que los otros gobernarían peor o destruirían el país.
La calidad de la gestión pasa a un segundo plano. La política se convierte en fidelidad defensiva.
Cuenca ante el ruido de Madrid
Desde Cuenca, este espectáculo nacional puede parecer distante, pero sus consecuencias son inmediatas.
Mientras la política central consume energías en proteger liderazgos, fabricar relatos y sobrevivir a cada jornada, provincias como la nuestra continúan esperando infraestructuras, oportunidades, servicios sanitarios accesibles, políticas contra la despoblación y una estrategia de desarrollo que no consista en administrar la decadencia.
La hiperpolitización nacional tiene un efecto territorial perverso: los problemas que no generan grandes audiencias desaparecen.
La clausura del ferrocarril convencional Madrid–Cuenca–Valencia, la pérdida de población, la fragilidad de los servicios públicos rurales o el aislamiento de numerosas comarcas tienen menos capacidad de penetración mediática que la última controversia personal de un dirigente. La política-espectáculo concentra la atención en Madrid y deja a la periferia sin voz.
También aquí conocemos la ingeniería del relato.
Se clausura una línea ferroviaria y se llama modernización. Se sustituye un tren por autobuses y se denomina movilidad sostenible. Se pierden servicios y se habla de racionalización. Se urbanizan terrenos públicos y se presenta como integración urbana. Se anuncia una inversión futura mientras se elimina una infraestructura existente.
El método es el mismo: disputar el nombre de la realidad para evitar discutir su sustancia.
Por eso, la crisis del sanchismo no es sólo un problema de Pedro Sánchez. Es la expresión más avanzada de una forma de poder que se reproduce también en comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos: opacidad, propaganda, disciplina partidista, ausencia de autocrítica y utilización de los medios institucionales como instrumentos de legitimación.
Recuperar la responsabilidad
España no necesita otra campaña de comunicación. Necesita reconstruir las reglas no escritas de la democracia.
Necesita que una derrota sea reconocida como derrota. Que una sentencia se respete incluso cuando se recurra. Que la presunción de inocencia no se confunda con la proclamación política de inocencia absoluta. Que los datos sanitarios se analicen sin propaganda. Que el voto exterior se gestione con transparencia y sin sospechas indiscriminadas. Que las instituciones no sean juzgadas según favorezcan o perjudiquen al partido propio.
Necesita también que gobernar vuelva a significar algo más que resistir.
Permanecer en La Moncloa no constituye por sí solo una política pública. Evitar elecciones no es un programa de gobierno. Sobrevivir a cada escándalo no equivale a fortalecer la democracia.
La fortaleza democrática no se mide por la capacidad de un presidente para soportar el desgaste, sino por la capacidad de las instituciones para exigirle límites.
Pedro Sánchez ha demostrado una extraordinaria resistencia personal. Ha sobrevivido a rupturas internas, derrotas electorales, crisis parlamentarias, investigaciones, casos que afectan a antiguos colaboradores y procedimientos relacionados con su entorno familiar. Pero la resistencia, cuando se convierte en finalidad, deja de ser virtud.
Puede transformarse en obstinación.
Y una democracia gobernada desde la obstinación acaba confundiendo la estabilidad del país con la estabilidad de una sola persona.
Ése es el punto al que hemos llegado: cualquier acontecimiento es interpretado según contribuya o no a la permanencia del presidente. Los presupuestos, las alianzas, las instituciones, los jueces, los medios y hasta la nacionalidad de cientos de miles de ciudadanos quedan absorbidos por la pregunta central del sistema: ¿ayuda esto a que Sánchez continúe?
Una democracia madura debería formular otra pregunta: ¿ayuda esto a que España funcione mejor?
Cuando ambas respuestas dejan de coincidir, el cambio ya no es una amenaza para la estabilidad. Se convierte en una exigencia de regeneración.
Porque un Gobierno puede resistir muchas derrotas, muchas revelaciones y mucho deterioro. Lo que ninguna democracia puede soportar indefinidamente es que la responsabilidad desaparezca y que la verdad pública quede reducida a una consigna.
Cuando gobernar consiste únicamente en aguantar, el país entero termina condenado a esperar.