Bajo el falso estandarte de un progreso de ceniza y discursos perfectos, las manos del poder cercenaron de un golpe la arteria de hierro que daba vida a la tierra, silenciando los rieles que unían el latido de los pueblos. Lo que antes era circulación vibrante y comunión de vidas se convirtió, por obra de la fría especulación y la codicia, en un páramo de hormigón y solares vacíos, donde el eco del viejo vagón fue sepultado por el rugido del negocio y la ambición del suelo recalificado. Así pretendieron amputar el futuro, cambiando la memoria colectiva por el silencio de las vías muertas y firmando promesas de asfalto sin mirar el dolor sembrado en el corazón de la urbe partida.
Sin embargo, las rúbricas soberbias de los despachos no pudieron apagar la hoguera del descontento ni sepultar la rabia de un pueblo que se niega a ser borrado. Aunque los trenes ya no surquen los campos, la voz de Cuenca se alza hoy como un trueno clamando entre las grietas de la injusticia, exigiendo respuestas claras y definitivas a quienes pretendieron vender su destino al mejor postor. Las vías han callado, pero la ciudad permanece en pie, indómita y vigilante, rompiendo la tregua del olvido para gritarle al viento que la verdad saldrá a la luz y que el alma de su historia jamás podrá ser expropiada.
Así se glosa en la última canción Javier López Salmerón, que se presenta ahora, y, a continuación, va a darse el tono de denuncia conectado a un tema en expansión el tráfico de influencias, con sus derivadas próximas en la sistemática de corrupción envuelta en la política española.
La clausura del tren convencional en Cuenca no puede leerse solo como una decisión de transporte. Es también una radiografía de la debilidad de los controles públicos, de la fragilidad de la transparencia local y de la facilidad con que las grandes decisiones administrativas se deslizan hacia una zona de sombra donde prosperan la influencia, la opacidad y la desconfianza ciudadana.
El informe anexo sobre tráfico de influencias en los casos Plus Ultra y Begoña Gómez ayuda a entender el problema de fondo: la corrupción contemporánea ya no siempre adopta la forma burda del sobre en mano, sino la de redes relacionales, prevalimientos difusos, estructuras de legitimación y expedientes públicos convertidos en correa de transmisión de intereses particulares. En Cuenca, ese marco analítico permite mirar con otros ojos el cierre del ferrocarril convencional, el Plan XCuenca, la gestión de los terrenos de ADIF y la escasa densidad del control institucional con el que se ha administrado una transformación de alcance histórico.
Este informe describe dos arquetipos de tráfico de influencias. En el caso Plus Ultra, la Audiencia Nacional investiga una “estructura estable y jerarquizada” atribuida al entorno de José Luis Rodríguez Zapatero, en la que la influencia política se traduciría en acceso a decisiones públicas, contratos de intermediación y flujos económicos canalizados por sociedades instrumentales. En el caso Begoña Gómez, el esquema es distinto pero no ajeno: la instrucción ha girado en torno al posible prevalimiento derivado de la cercanía al poder ejecutivo, a cartas de apoyo, reuniones con altos directivos y uso de estructuras institucionales con apariencia legítima, como una cátedra universitaria y un proyecto tecnológico.
La utilidad de ese informe para Cuenca no reside en forzar analogías mecánicas, sino en extraer una metodología. La primera lección es que la influencia contemporánea rara vez se presenta como una orden expresa; suele operar como acceso privilegiado, capacidad de abrir puertas, definición de agendas y selección de interlocutores legítimos. La segunda es que los fondos públicos, los rescates, las adjudicaciones o los activos territoriales funcionan como objeto material de la captura: aquello sobre lo que se presiona y, a la vez, aquello que premia a quien consigue inclinar la decisión.ica. Se trataba de una infraestructura centenaria con valor económico, social y territorial, pero también de un activo urbanístico y político: liberar suelos, redefinir la movilidad, repartir contratos, reordenar prioridades y presentar una narrativa de modernización sin someterla a un escrutinio plural suficiente. Cuando una decisión de ese tamaño se concentra en pocos actores, con participación selectiva de ayuntamientos y con una documentación pública dispersa, la sospecha de captura no prueba un delito, pero sí revela un fallo sistémico de control.
Lo que dicen los datos: transparencia insuficiente y control administrativo de baja intensidad
Los datos disponibles no favorecen precisamente al Ayuntamiento de Cuenca. Dyntra sitúa la transparencia municipal en un 30,3 por ciento, y solo 9 de 33 indicadores aparecen cumplidos en el bloque de información sobre cargos electos y personal. La propia evolución histórica es pobre: en 2015 el consistorio obtenía 25 puntos sobre 100 en esa misma plataforma, de modo que la mejora posterior existe pero sigue dejando a la institución en una posición claramente insuficiente para una democracia local que quiera blindarse frente a la arbitrariedad.
El portal de gobierno abierto del Ayuntamiento ofrece apartados sobre información económico-financiera y patrimonial, contratación, convenios, subvenciones y planificación, pero la mera existencia del escaparate no equivale a transparencia real. Transparencia real significa datos completos, series comparables, expedientes legibles, trazabilidad de las decisiones y posibilidad de reconstruir por qué se tomó una opción y no otra. Ese estándar, a la vista de los indicadores externos y de la experiencia de navegación pública, sigue lejos de alcanzarse.
La contratación local dispone además de mecanismos formales como la Junta de Gobierno Local, las mesas de contratación y la publicación de adjudicaciones y actas. Pero el verdadero problema aparece después: modificaciones contractuales, prórrogas, convenios, cambios de uso, decisiones urbanísticas asociadas y todo ese universo administrativo donde el expediente ya no está bajo la luz intensa de la licitación inicial, sino en una penumbra técnica mucho más favorable al prevalimiento y a la influencia informal.
La experiencia nacional que resume el informe anexo refuerza este diagnóstico. Allí donde los controles ex ante son débiles, la presión informal sobre instructores, la filtración de resoluciones, la concentración decisoria y la opacidad documental se convierten en vectores de captura. No hace falta demostrar que Cuenca haya reproducido penalmente esos patrones en toda su extensión para advertir que su arquitectura institucional ofrece demasiados huecos para que prosperen.
El tren clausurado como caso de estudio: impacto demográfico y freno a la movilidad
La línea Aranjuez-Cuenca-Utiel no era un capricho nostálgico. Era un corredor de articulación provincial e interprovincial cuya supresión agrava el aislamiento de municipios envejecidos y acelera la dependencia de un modelo de movilidad más caro, más rígido y menos accesible para quienes no disponen de vehículo privado. El cierre se presentó como sustitución eficiente mediante autobuses y alta velocidad, pero esa equivalencia no resiste un análisis territorial serio: el AVE no cumple la misma función de capilaridad y el autobús de reemplazo no recompone la pérdida del ferrocarril convencional como red de proximidad.
La secuencia es conocida. Tras la suspensión del trazado hacia Valencia a raíz de Filomena en 2021, el servicio dejó de prestarse por ferrocarril en parte del corredor y quedó sustituido por carretera. En julio de 2022 llegó el último viaje del tren convencional, y en 2024 el Tribunal Supremo desestimó el recurso de varios ayuntamientos y confirmó la clausura del tramo Tarancón-Utiel. Jurídicamente, la sentencia cerró una vía; políticamente, no despejó la discusión sobre el procedimiento, la insuficiente participación de los municipios afectados y la calidad de la justificación empleada para sacrificar una infraestructura de vertebración territorial.
La dimensión demográfica es todavía más grave. En una provincia marcada por la despoblación, cualquier reducción de accesibilidad cotidiana deteriora la capacidad de fijar población, atraer actividad económica y sostener servicios. El tren convencional permitía una conexión más inclusiva para mayores, estudiantes, trabajadores con menor renta y vecinos de localidades intermedias; su desaparición penaliza precisamente a los grupos más vulnerables desde el punto de vista territorial y social.
| Ámbito | Cambio tras el cierre | Impacto en movilidad | Derivada demográfica |
| Cuenca capital y corredor provincial | Pérdida del tren convencional; dependencia del AVE y autobús. | Reducción de alternativas y menor resiliencia modal. | Riesgo de centralización y de menor accesibilidad cotidiana. |
| Municipios intermedios del trazado | Supresión del servicio ferroviario clásico. | Aumento de tiempos, trasbordos e incertidumbre. | Mayor aislamiento funcional y pérdida de oportunidades. |
| Relación Cuenca-Valencia/Madrid por red convencional | Ruptura del corredor histórico Aranjuez-Cuenca-Utiel. | Menor conectividad provincial e interprovincial. | Penalización para población envejecida y no motorizada. |
| Efecto demográfico agregado | Menor atractivo residencial y económico en pueblos afectados. | Dificultad para fijar población y actividad. | Aceleración de dinámicas de despoblación. |
Lo más inquietante es que este deterioro no se produjo como consecuencia inevitable de una catástrofe natural, sino como resultado de una secuencia de decisiones administrativas y políticas que privilegiaron una salida de clausura y desmantelamiento frente a una alternativa de modernización. Ahí es donde la pregunta por la influencia resulta central: quién definió que la opción racional era cerrar, quién seleccionó a los interlocutores válidos, quién marginó a los municipios menos poderosos y quién pensó antes en los usos del suelo liberado que en la movilidad de la provincia.
Qué cambiar en Cuenca: del gobierno abierto retórico al control anticaptura
Si el cierre del tren convencional deja una enseñanza, es que Cuenca necesita pasar de la transparencia ornamental a un sistema de control anticaptura. El informe elaborado exprofeso por el pequeño centro de estudios GEAS-jabg propone varias reformas de alcance general que, adaptadas al ámbito local y provincial, resultan plenamente aplicables: registros obligatorios de lobbying, declaraciones previas de conflicto de interés, comités de evaluación independientes, auditorías forenses aleatorias y canales de alerta temprana para funcionarios que reciban presiones informales. Ninguna de esas medidas es extravagante; lo extravagante es seguir gestionando activos públicos de enorme valor territorial con controles del siglo pasado.
La primera reforma debería ser documental. Todo expediente relacionado con el Plan XCuenca, el convenio sobre los terrenos de ADIF, las futuras urbanizaciones, los cambios de uso y los contratos asociados tendría que estar accesible de forma íntegra, cronológica y comprensible en una sección específica del portal municipal. No solo los acuerdos finales: también informes técnicos, dictámenes jurídicos, estudios de movilidad, valoraciones urbanísticas, actas de reuniones y alegaciones formuladas por asociaciones y ayuntamientos.
La segunda reforma es procedimental. En cualquier proyecto estratégico que afecte a la movilidad y al equilibrio territorial de la provincia debería existir una comisión de seguimiento con presencia de municipios afectados, plataformas ciudadanas, colegios profesionales y expertos independientes en ferrocarril, urbanismo y despoblación. La gestión del cierre del tren evidenció el defecto contrario: una conversación concentrada en pocos despachos, con muchos pueblos relegados a la condición de espectadores de una decisión ya cocinada.
La tercera reforma es contractual. La contratación y los convenios derivados del desmantelamiento ferroviario deberían someterse a un protocolo reforzado de integridad: publicación exhaustiva de pliegos y criterios, trazabilidad de modificaciones, identificación de beneficiarios efectivos de las adjudicatarias, comparecencias públicas de los responsables políticos y un control externo periódico apoyado en estándares como los de OIReScon. Es justamente en las fases posteriores a la gran decisión política donde la influencia suele volverse más rentable y menos visible.
La cuarta reforma es política y cultural. Cuenca necesita abandonar la resignación con la que demasiadas veces se aceptan los hechos consumados cuando vienen bendecidos por Madrid, por Toledo o por la retórica del progreso inevitable. La provincia no puede combatir la despoblación mientras acepta sin resistencia suficiente la pérdida de conectividad, la simplificación del debate público y la opacidad en la administración de sus activos más estratégicos.
El artículo 428 y siguientes del Código Penal castigan el tráfico de influencias cuando una autoridad, funcionario o particular se prevale de su posición para obtener una resolución económicamente favorable. Pero antes de llegar al juzgado existe una esfera previa, decisiva, donde se decide si una democracia local dispone de anticuerpos o queda a merced de las redes de poder. Esa esfera se llama transparencia efectiva, control independiente y participación real.
Cuenca ha perdido un tren. No debería perder también la oportunidad de comprender cómo se toman las decisiones que la vacían, quién se beneficia de ellas y qué mecanismos democráticos deben levantarse para impedir que la provincia siga siendo administrada desde la penumbra.