Cuenca no padece una ausencia de política. Padece algo más inquietante: demasiada política de aparato y demasiado poco proyecto compartido de ciudad y de provincia.
Hay ciudades que se paralizan porque no tienen recursos. Otras, porque no tienen población suficiente, tejido empresarial potente o influencia institucional. Cuenca, sin embargo, ha aprendido a convivir con una forma más sutil y persistente de parálisis: la que se produce cuando las instituciones anuncian, los partidos se atrincheran, los expedientes avanzan y los ciudadanos contemplan el paisaje desde fuera, como si el futuro de su tierra fuese siempre cosa de otros.
Ese es el verdadero impasse político conquense. No consiste en que no ocurra nada. Al contrario: se aprueban presupuestos, se formalizan convenios, se inauguran aparcamientos, se anuncian viales, se presentan planos y se suceden los debates plenarios. El problema es que la actividad institucional no siempre equivale a dirección política. Una ciudad puede acumular obras, partidas y titulares sin haber respondido a la pregunta decisiva: ¿qué Cuenca se quiere construir y para quién?
El panorama municipal surgido de las elecciones de mayo de 2023 expresó una fragmentación que, lejos de convertirse en una oportunidad de diálogo, ha derivado con frecuencia en una política de bloques. El PSOE obtuvo diez concejales; el PP, nueve; Cuenca nos Une, dos; Cuenca en Marcha, dos; y Vox, otros dos. Ninguna fuerza obtuvo por sí sola la mayoría, pero el pacto entre PSOE y Cuenca nos Une permitió revalidar la Alcaldía de Darío Dolz.
Sobre el papel, aquella composición podía haber obligado a todos a practicar una política más abierta, más negociadora y más cercana a los problemas reales de la ciudad. En la práctica, el equilibrio ha tendido a convertirse en una sucesión de trincheras. El Gobierno municipal reivindica gestión, inversiones y estabilidad. La oposición denuncia opacidad, falta de proyecto y pérdida de pulso urbano. Y, entre ambos relatos, crece una ciudadanía cansada de tener que escoger entre la propaganda complaciente y la protesta permanente.
El síntoma más visible de esta crisis de representación es la desconexión entre las grandes decisiones y la deliberación pública. El Plan XCuenca constituye el ejemplo más evidente. No porque todo proyecto de transformación urbana sea ilegítimo ni porque cualquier actuación sobre los terrenos ferroviarios deba ser rechazada por principio, sino porque una operación de tal alcance no puede tramitarse únicamente como una suma de convenios, aparcamientos, viales, infografías y anuncios institucionales.
Estamos hablando de una transformación que afecta al modelo de movilidad, a la relación de Cuenca con su provincia, a la memoria ferroviaria, al uso futuro de suelo estratégico, a la sostenibilidad urbana, a la conexión con la estación Fernando Zóbel y a la propia idea de ciudad. No es una obra menor ni una discusión técnica reservada a despachos. Es una decisión de época.
La Junta ha sometido a información pública el estudio informativo de la carretera de conexión entre la estación de alta velocidad Fernando Zóbel y el centro urbano, dentro de una operación vinculada al nuevo esquema de movilidad. El convenio suscrito prevé una inversión de 15,2 millones de euros, financiada por ADIF y ejecutada por el Gobierno regional.
El problema no es que haya un vial. El problema es que se pretenda presentar el vial como sustituto de una reflexión más profunda. Un coche llega a la estación; una carretera conecta dos puntos; una glorieta ordena flujos. Pero ninguna de esas cosas responde por sí sola a la pregunta de cómo se combate la despoblación, cómo se reduce la dependencia del vehículo privado, cómo se integra a los pueblos, cómo se fortalece el comercio, cómo se sostiene el Casco Antiguo, cómo se crea empleo estable o cómo se asegura que el suelo liberado por el ferrocarril no termine convertido en una oportunidad inmobiliaria sin retorno colectivo.
La política conquense ha cometido demasiadas veces el error de confundir ejecución con visión. Y el resultado está a la vista: cada nuevo proyecto se recibe con una mezcla de esperanza, prevención y fatiga. Esperanza porque Cuenca necesita inversiones. Prevención porque demasiadas promesas históricas se han quedado en plano, maqueta o titular. Fatiga porque los ciudadanos han aprendido que la discusión pública suele llegar tarde, cuando las decisiones esenciales ya se han tomado.
El PSOE de Cuenca gobierna hoy con la ventaja que le proporciona su extensa implantación institucional. Controla la Alcaldía de la capital mediante su pacto con Cuenca nos Une, preside la Diputación Provincial con Álvaro Martínez Chana y mantiene una posición determinante en la Junta de Comunidades a través de la estructura regional de Emiliano García-Page. La Diputación, por ejemplo, se constituyó con trece diputados socialistas frente a doce del Partido Popular.
Ese poder institucional debería traducirse en una responsabilidad todavía mayor: gobernar no solo administrando, sino explicando; no solo anunciando, sino justificando; no solo ejecutando, sino aceptando que las grandes decisiones deben someterse a contraste social. Cuando un gobierno dispone de alianzas suficientes para sacar adelante presupuestos, convenios o proyectos, tiene la tentación de creer que la aritmética sustituye a la legitimidad. Pero no es así.
Los Presupuestos municipales de 2026, aprobados el 26 de junio, alcanzan casi 72 millones de euros y salieron adelante con el respaldo del equipo de Gobierno formado por PSOE y Cuenca nos Une. Es una cifra relevante, y nadie debería despreciar la importancia de contar con cuentas públicas aprobadas. Sin embargo, un presupuesto ambicioso no basta para resolver una crisis de orientación. La cuestión no es solo cuánto se invierte, sino con qué prioridades, bajo qué criterios, con qué mecanismos de seguimiento y con qué participación de los barrios, asociaciones y sectores económicos.
El PSOE necesita comprender que el desgaste no nace únicamente de la oposición. Nace también de una sensación creciente de suficiencia institucional. La ciudad no puede ser gobernada como si bastara con disponer de mayoría, firmar convenios y presentar infografías. Cuenca exige un nuevo contrato de confianza: expedientes accesibles, calendarios claros, memoria económica comprensible, evaluación pública de los proyectos y debates ciudadanos previos a las decisiones irreversibles.
El Partido Popular, por su parte, tiene una oportunidad inmensa y, a la vez, un problema evidente. Su oportunidad consiste en que una parte considerable de la sociedad conquense busca una alternativa al modelo socialista y reclama una oposición con proyecto, solvencia técnica y capacidad de unir. Su problema es que la organización provincial aparece atrapada por una crisis interna que amenaza con restarle autoridad precisamente cuando debería prepararse para ofrecer una alternativa de gobierno.
La reclamación de un Congreso Provincial, las impugnaciones presentadas por cargos y afiliados y las críticas por falta de democracia interna no son asuntos menores ni meras querellas personales. Son el reflejo de una cuestión de fondo: ningún partido puede pedir regeneración a las instituciones si no es capaz de practicarla en su propia casa. En mayo se conoció la existencia de 72 impugnaciones contra la actual gestora provincial, mientras que un sector crítico exigía la convocatoria de un congreso para que la militancia eligiera dirección.
A esa fractura se sumó la dimisión del secretario general de Nuevas Generaciones de Cuenca, Daniel García Rebollo, que denunció públicamente falta de participación y de debate interno. Puede discutirse el alcance de esas críticas, pero no puede ignorarse su significado político: cuando la cantera de una organización se siente reducida a logística electoral, el partido deja de renovar ideas y empieza a vivir de inercias.
El PP de Cuenca debe decidir si quiere ser una estructura electoral que aguarda el desgaste del adversario o una alternativa política real. Para lo primero basta con denunciar. Para lo segundo hace falta organizarse, celebrar congresos, abrir debates, escuchar a alcaldes y concejales, incorporar perfiles sociales y profesionales, y construir un programa territorial que vaya mucho más allá de la crítica al Gobierno de Page o al Ayuntamiento de Dolz.
La oposición no puede limitarse a decir que el Plan XCuenca es malo. Tiene que explicar qué haría con los terrenos, cómo articularía una movilidad alternativa, qué papel reservaría al tren convencional, qué modelo de ciudad defiende, cómo financiaría sus propuestas y qué calendario asumiría. La protesta puede movilizar; el proyecto es lo que gana elecciones y transforma ciudades.
Cuenca nos Une merece una reflexión específica. Durante años ha representado un municipalismo pragmático, una voz de intermediación y una pieza decisiva para la gobernabilidad. Pero la renuncia de Isidoro Gómez Cavero a su acta de concejal por razones médicas abre una etapa nueva para la formación. La organización debe decidir si quiere limitarse a ser acompañante de un gobierno ya consolidado o si aspira a convertirse en una fuerza municipalista capaz de condicionar realmente la agenda de ciudad.
Ese dilema no es menor. El municipalismo solo tiene sentido si aporta independencia, vigilancia y capacidad de exigir resultados concretos. Si se diluye en la lógica del socio estable, corre el riesgo de perder su razón de ser. Pero si recupera una agenda propia —barrios, comercio, fiscalidad local, patrimonio, vivienda, agua, movilidad, participación— puede convertirse en un actor decisivo en la próxima etapa.
Vox ocupa una posición paradójica. Con solo dos concejales, su peso numérico es reducido, pero la fragmentación del Pleno le ha otorgado capacidad de influencia en decisiones concretas. En el debate sobre el convenio de urbanización de los terrenos de ADIF, sus votos llegaron a considerarse determinantes por la falta de mayoría automática entre los demás bloques.
Esa posición puede convertirse en una oportunidad de responsabilidad o en una simple palanca de ruido. Vox tendrá que decidir si utiliza su representación para formular propuestas municipales consistentes —seguridad, comercio, vivienda, despoblación, Casco Antiguo, servicios públicos— o si prefiere vivir en la lógica de la confrontación nacional trasladada mecánicamente al ámbito local. Cuenca necesita partidos que conozcan sus barrios, sus pedanías, sus polígonos, sus pueblos y sus problemas de acceso a servicios, no delegaciones territoriales de batallas televisivas.
Cuenca en Marcha representa, pese a su limitada fuerza institucional, una sensibilidad que no debería ser marginada: la de quienes reclaman más vivienda pública, más participación, más protección del patrimonio y más control social sobre las decisiones urbanísticas. El reciente acuerdo político vinculado al presupuesto de 2026 introdujo compromisos sobre vivienda, presupuestos participativos y conservación del patrimonio municipal del suelo.
La izquierda alternativa tiene un reto: demostrar que puede ser más que una conciencia crítica y más que una oposición testimonial. Debe convertir sus prioridades en propuestas ejecutables, con memoria económica, calendario, fuentes de financiación y capacidad de interlocución social. La defensa de la participación no puede reducirse a una palabra noble; debe traducirse en mecanismos estables de consulta, rendición de cuentas y control ciudadano.
El impasse de Cuenca no se resolverá sustituyendo un bloque por otro sin cambiar las reglas del juego. La ciudad necesita una política que deje de pensar exclusivamente en las elecciones de 2027 y empiece a trabajar para la Cuenca de 2035. Eso exige, como mínimo, cinco cambios de fondo.
Primero, un pacto por la transparencia útil. No basta con portales que acumulan documentos difíciles de encontrar o de interpretar. Cada gran proyecto debe contar con expediente público ordenado, cronograma, memoria económica, alternativas consideradas, informes técnicos, mapa de riesgos, responsables políticos y canal de alegaciones respondidas de manera individualizada y razonada.
Segundo, un Consejo Cívico de Ciudad permanente, no ornamental, integrado por asociaciones vecinales, universidad, colegios profesionales, sindicatos, empresarios, colectivos culturales, jóvenes y plataformas de los barrios. Un órgano con capacidad de recibir información antes de las decisiones estratégicas y de emitir informes públicos.
Tercero, un Plan de Ciudad 2035 aprobado con consenso amplio. Cuenca no puede seguir funcionando a golpe de convenio. Necesita prioridades estables: vivienda asequible, rehabilitación del Casco Antiguo, agua y redes urbanas, transporte público, conexión provincial, suelo industrial, turismo de calidad, cultura, universidad, digitalización y protección ambiental.
Cuarto, una auditoría social y económica de los grandes proyectos de transformación urbana. No para paralizarlo todo, sino para saber qué cuesta, quién se beneficia, qué mantenimiento generará, qué riesgos implica y qué alternativas se han descartado. La política madura no teme a la luz; teme al expediente que nadie quiere abrir.
Y quinto, una regeneración interna de los partidos. El PSOE debe abrirse más a la crítica social. El PP debe resolver su crisis democrática y recuperar músculo territorial. Cuenca nos Une debe definir su identidad tras el relevo. Vox debe demostrar que puede hacer política municipal útil. Cuenca en Marcha debe consolidar una alternativa propositiva y socialmente arraigada.
Cuenca no necesita salvadores. Necesita instituciones menos cerradas, partidos menos ensimismados y ciudadanos más presentes. Necesita abandonar la falsa comodidad de los relatos prefabricados: el de quienes dicen que todo va bien porque hay inversiones, y el de quienes creen que todo se arregla denunciando que nada sirve.
La ciudad está ante una bifurcación. Puede continuar administrando su decadencia con obras dispersas, polémicas previsibles y decisiones tomadas desde arriba. O puede convertir este momento de impasse en una oportunidad de madurez democrática. La diferencia no la marcará una glorieta, un aparcamiento, un presupuesto o una fotografía institucional. La marcará una pregunta que los partidos deben responder con hechos: ¿están dispuestos a devolver Cuenca a los conquenses?
Porque el cambio no llegará cuando un partido conquiste el poder. Llegará cuando el poder deje de comportarse como si Cuenca le perteneciera.