La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra ha roto un tabú que durante décadas muchos dieron por inamovible: un expresidente socialista se sienta en el banquillo de la sospecha penal por su papel en el uso de dinero público para rescatar una aerolínea irrelevante, pero políticamente muy bien conectada. Frente a la ofensiva de Pedro Sánchez para someter a jueces y fiscales al relato gubernamental, el auto del magistrado José Luis Calama demuestra que aún existe una franja de justicia independiente, imparcial y profesional dispuesta a investigar la corrupción del sanchismo aunque el sistema entero empiece a crujir.
El 18 de mayo de 2026 será una fecha incómoda en la historia reciente del PSOE. Ese día, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama citó a José Luis Rodríguez Zapatero en calidad de investigado por su participación en el rescate de Plus Ultra, una aerolínea de vida comercial modesta pero de conexiones políticas exuberantes. Hasta entonces, el expresidente jugaba un papel casi sacerdotal: era el sumo pontífice del “buen progresismo” oficial, el hombre que sonreía mientras justificaba amnistías, indultos selectivos y cualquier pirueta jurídica que hiciera falta para mantener al sanchismo sobre el poder.
De pronto, el mismo personaje aparecía descrito en un auto judicial como parte central de una presunta trama de tráfico de influencias. El juez le atribuía indicios de haber liderado una estructura estable —una verdadera organización— dedicada a transformar la influencia política acumulada en la presidencia del Gobierno en un negocio privado al calor de los rescates públicos de la pandemia. Ya no se trataba de un intermediario ocasional, sino de alguien que supuestamente ponía su nombre, su agenda y su halo casi moral al servicio de operaciones que el propio sumario califica, negro sobre blanco, como posibles delitos graves.
El golpe simbólico es demoledor. El zapaterismo funcionaba como coartada ética del sanchismo: si el expresidente avalaba los pasos de Sánchez, desde el indulto a los líderes del procés hasta la amnistía posterior, la militancia podía convencer al votante socialista tradicional de que, en el fondo, todo obedecía a una gran causa de reconciliación. La justicia, sin embargo, no compra narrativas: rastrea contratos, pagos, correos, agendas y llamadas. Y ese rastro ha llevado al juez Calama a considerar verosímil que el expresidente formaba parte de un entramado organizado para orientar decisiones públicas a favor de Plus Ultra a cambio de importantes beneficios privados.
El caso Plus Ultra ha ido creciendo en silencio, lejos del foco que el Gobierno reserva para sus grandes batallas propagandísticas. Mientras Sánchez y su aparato dedicaban meses a presentar como “lawfare” cualquier investigación incómoda para sus socios, la Audiencia Nacional acumulaba tomos de sumario, informes policiales de la UDEF, documentación económica y mercantil, y declaraciones de testigos y peritos que dibujaban un esquema cada vez más inquietante.
En esa radiografía, la aerolínea aparece menos como una empresa estratégica para España y más como el pretexto adecuado para montar una operación de rescate en la que, según el juez, confluyen intereses empresariales y políticos. El trazado de pagos, comisiones y contratos vinculados, el papel de intermediarios con vínculos directos con Zapatero y su círculo, y la sorprendente generosidad del Estado con una compañía que apenas tenía cuota de mercado componen un mosaico que difícilmente puede despacharse como simple “ayuda a sectores en dificultades”.
La figura del magistrado José Luis Calama añade un elemento adicional. No hablamos de un juez accidental ni de una pieza suelta de la judicatura, sino de un magistrado de la Audiencia Nacional con experiencia en macrocausas complejas. Su decisión de imputar a un expresidente no nace de una ocurrencia aislada ni de una filtración de sobremesa, sino del trabajo acumulado de años de investigación, con la Policía Judicial y la UDEF siguiendo el rastro de las decisiones de rescate durante la pandemia. Lo inquietante para el sanchismo no es solo el contenido del auto, sino su método: profesional, minucioso y ordenado.
En el centro de ese método está una idea muy simple, pero devastadora: el carné del partido, el rango institucional o el aura mediática no pueden alterar la hermenéutica de la prueba. Si un contrato indica una comisión, si un correo revela una presión, si un registro encuentra el documento que encaja en la pieza que faltaba, el juez no tiene la función de interpretar ese hallazgo en clave de relato gubernamental, sino en clave penal. Es, precisamente, lo que distingue a una justicia profesional de una justicia domesticada.
Decimos a menudo que queremos una justicia independiente, imparcial y profesional, pero solo lo entendemos de verdad cuando la toga deja de mirar el carné del acusado. La imputación de Zapatero es, en este sentido, un examen colectivo para un país donde demasiadas causas penales han sido leídas durante años como meros capítulos de una guerra partidista.
Independencia significa que la Audiencia Nacional pueda citar a un expresidente sin preguntarse qué piensa de ello el inquilino actual de la Moncloa, cuál será la reacción de Ferraz o cuánto ruido generarán las terminales mediáticas del Gobierno. Significa que la instrucción del caso Plus Ultra ha seguido su curso, con su ritmo propio, mientras Sánchez dirigía su mirada a otros frentes y trataba de reescribir las reglas de juego del sistema penal para convertir a la Fiscalía en un brazo ejecutivo del Consejo de Ministros.
Imparcialidad significa que el juez no pregunta al investigado por su ideología, sino por su conducta; no por sus discursos, sino por sus actos. Si en la cúspide de una trama de rescate sospechosa se encontrara un ex presidente del PP, el estándar debería ser idéntico: misma exigencia probatoria, mismos derechos de defensa, mismo rigor y, llegado el caso, idéntica contundencia penal. Lo que hace especialmente pedagógico el caso Zapatero es que ataca de frente el victimismo narrativo del sanchismo, construido sobre la idea de que todo proceso penal que afecte al PSOE o a sus socios es por definición sospechoso, mientras los que afectan a sus adversarios son prueba de la buena salud del Estado de derecho.
Profesionalidad, por último, significa que el juez Calama no se sienta en un plató a debatir con tertulianos ni responde a declaraciones cruzadas en redes sociales. Su lenguaje es el auto, el sumario, la pieza separada; sus tiempos están marcados por diligencias y plazos procesales. Mientras el Gobierno apela a la emoción, al agravio y a los “relatos”, la instrucción se sostiene sobre documentos, registros, peritajes y escuchas. Esa asimetría es la que desespera al poder político: contra un mitin se puede responder con otro mitin; contra un auto sólido solo cabe recurrir o atacar la credibilidad de quien lo firma.
Nada de lo dicho se entiende si no se encuadra en la estrategia más amplia del sanchismo respecto a los contrapesos del sistema. Desde que Pedro Sánchez se instaló en la Moncloa, su relación con los jueces ha oscilado entre el cálculo frío y la hostilidad abierta. De un lado, ha colocado en la Fiscalía General del Estado a perfiles de obediencia política comprobada; de otro, ha intentado, mediante reformas legales, transformar la instrucción penal en un coto controlado por fiscales jerárquicamente dependientes del Gobierno.
Bajo ese modelo, la Policía Judicial dejaría de responder funcionalmente al juez para responder a la Fiscalía, y la acusación popular vería drásticamente reducida su capacidad de impulsar procedimientos incómodos para el poder. El circuito Ejecutivo–Fiscalía–Policía se cerraría, dejando a los jueces en un papel más cercano al de notarios de acuerdos que al de verdaderos instructores. No es extraño que una parte de la carrera judicial, y también de la opinión pública más atenta, vea en esta deriva un intento de convertir el Estado de derecho en una arcilla maleable al gusto del Consejo de Ministros.
El brote de franqueza que supuso aquella frase de Sánchez —“¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso”— no fue un lapsus, sino una confesión programática. Si la Fiscalía depende del Gobierno, y la instrucción depende de la Fiscalía, entonces la capacidad del Ejecutivo para condicionar qué se investiga, cómo y hasta dónde deja de ser una sospecha y se aproxima peligrosamente a un hecho estructural. En ese contexto, el caso Plus Ultra aparece casi como una anomalía histórica: una gran causa de corrupción presunta que estalla antes de que se haya terminado de consolidar la nueva arquitectura de control político sobre la justicia penal.
La famosa “Carta a la ciudadanía” con la que Sánchez trató de presionar a jueces y medios, presentándose al mismo tiempo como víctima y salvador, fue interpretada por gran parte de la judicatura como un intento grosero de condicionar el curso de distintos procedimientos. El propio órgano de gobierno de los jueces advirtió al presidente de que semejantes movimientos contribuyen al deterioro de la independencia judicial. Y, sin embargo, en el relato gubernamental, quien cuestiona estas maniobras es inmediatamente colocado en la casilla del “bloqueo”, del “conservadurismo” o, directamente, de la conspiración reaccionaria.
Cuando a esa estrategia se le superpone la imputación de Zapatero, el cuadro gana una coherencia inquietante: no se trata solo de blindar a un gobierno en ejercicio, sino de cubrir también a la vieja guardia que ha actuado como garante moral del actual inquilino de la Moncloa. La corrupción del sanchismo, entonces, ya no es solo la presunta comisión que alguien pudo cobrar en un rescate o el soborno que pudiera probarse en una carretera; es la degradación calculada de los diques institucionales que deben proteger a los ciudadanos de los abusos del poder.
La imputación de un expresidente sería, en cualquier democracia madura, un terremoto político. En España, el sanchismo se esfuerza por reducirlo a un temblor pasajero: se invoca la presunción de inocencia con una pasión que no se mostró con adversarios; se habla de “respeto a la justicia” el mismo día en que se la acusa de “interferir en la voluntad popular”; se intenta mantener la ficción de que Zapatero sigue siendo ese personaje benévolo y casi inmaculado que durante años ha servido de coartada moral al gobierno.
Pero la pregunta que subyace es más incómoda: ¿está dispuesto el PSOE a afrontar la posibilidad de que su expresidente haya convertido su influencia política en un instrumento privado de presión sobre el Estado? ¿Aceptará la militancia que la organización criminal descrita por el juez, si termina probándose, iba mucho más allá de una simple “ayuda a una aerolínea estratégica” y se asemeja más a un uso patrimonial del poder? La respuesta no es solo interna; afecta al conjunto del sistema democrático. Porque si la principal fuerza de la izquierda se aferra al reflejo de blindar al líder a cualquier precio, el mensaje a la ciudadanía será devastador: aquí no responde nadie, salvo el que pierde las elecciones.
Y, sin embargo, también hay una oportunidad. El caso Plus Ultra demuestra que, pese a los ataques, pese a las presiones, pese a las reformas diseñadas para recortar su margen de maniobra, aún quedan jueces dispuestos a llegar hasta el final. Si el procedimiento avanza con garantías, si se respeta la presunción de inocencia pero también se respeta el trabajo de la Audiencia Nacional, si la sentencia —sea cual sea— se acata sin rodearla de ruido conspirativo, la democracia española habrá dado un paso importante en la dirección correcta.
Lo contrario nos llevaría a un terreno muy distinto. Un sistema en el que la Fiscalía responde políticamente al Gobierno, la instrucción se concentra en manos de fiscales disciplinados, las acusaciones incómodas se neutralizan por vía legislativa y los jueces que se desmarcan son señalados desde la tribuna del Congreso como enemigos del pueblo no es un Estado de derecho: es un decorado institucional al servicio de la perpetuación del poder.
Por eso conviene mirar el caso Zapatero no como un capítulo más de la guerra cultural partidista, sino como un punto de inflexión. Si la justicia mantiene el pulso, si la sociedad entiende que el único escudo que tiene frente a la corrupción del sanchismo —y de cualquier otro ismo— es la independencia de los tribunales, quizás aún estemos a tiempo de algo más que de salvar la dignidad de un juez: puede que estemos salvando la posibilidad misma de que en España ningún dirigente vuelva a sentirse, como Zapatero hasta hace muy poco, intocable.