Hay momentos en la historia política de un país en los que el debate deja de girar en torno a la ideología para convertirse en una cuestión de salud democrática. España ha entrado en uno de esos momentos. Ya no se trata únicamente de discutir si el Gobierno de Pedro Sánchez ha acertado o errado en determinadas políticas públicas, ni siquiera de valorar el desgaste lógico de una legislatura extremadamente polarizada. La cuestión de fondo es mucho más profunda y preocupante: asistimos a la consolidación de un modelo de poder personalista, impermeable a la crítica, obsesionado con la supervivencia política y progresivamente desconectado de la realidad institucional y social del país.
En ese contexto, cada vez son más las voces —incluyendo analistas, psiquiatras, periodistas y antiguos dirigentes socialistas— que empiezan a identificar en Pedro Sánchez rasgos evidentes del denominado “Síndrome de Hubris”, una patología del poder descrita por el neurólogo y político británico David Owen para explicar cómo determinados líderes, tras acumular poder durante demasiado tiempo, desarrollan una percepción distorsionada de sí mismos, una hipertrofia del ego y una peligrosa incapacidad para aceptar límites, críticas o rectificaciones.
El concepto no es una frivolidad ni una mera descalificación política. El Síndrome de Hubris ha sido estudiado en dirigentes internacionales de enorme relevancia histórica. Owen lo definía como “la intoxicación del poder”, una alteración de la personalidad provocada por el ejercicio continuado y excesivo de la autoridad. Entre sus síntomas destacan la convicción mesiánica, el desprecio hacia las normas y contrapoderes, la identificación del interés personal con el interés nacional, la incapacidad para reconocer errores y la tendencia a rodearse únicamente de aduladores. Resulta difícil no encontrar paralelismos inquietantes con la evolución política y psicológica del actual presidente del Gobierno.
Pedro Sánchez llegó al poder proyectando una imagen de regeneración democrática frente al deterioro moral del final del ciclo de Mariano Rajoy. Se presentó como un líder moderno, europeísta y dispuesto a limpiar la vida pública española de corrupción y prácticas clientelares. Sin embargo, ocho años después, la sensación dominante es justamente la contraria: el sanchismo ha terminado construyendo un modelo político profundamente dependiente de la propaganda, del control institucional y de la subordinación de cualquier principio a la mera supervivencia personal de su líder.
El problema del sanchismo no es solo político; es moral y estructural. El deterioro de las instituciones españolas durante los últimos años resulta evidente incluso para muchos antiguos votantes socialistas. El Parlamento ha sido convertido en una cámara de mera ratificación de acuerdos previamente cocinados en despachos opacos. La separación de poderes vive bajo tensión constante. Los organismos del Estado son ocupados con criterios crecientemente partidistas. El CIS se ha degradado hasta convertirse en una maquinaria de propaganda gubernamental. RTVE ha perdido buena parte de su credibilidad. La Fiscalía General del Estado aparece sometida a sospechas continuas de instrumentalización política. Y la política exterior española oscila frecuentemente entre la improvisación y el tacticismo.
Todo ello se acompaña de una estrategia comunicativa basada en la victimización permanente. Sánchez gobierna instalando la idea de que cualquier crítica a su figura constituye un ataque a la democracia, cuando precisamente ocurre lo contrario: la democracia consiste en someter al poder al escrutinio constante. El líder que se considera a sí mismo indispensable deja de ser un demócrata funcional para convertirse en un problema institucional.
El presidente ha construido un relato donde él encarna el muro frente a la extrema derecha, el garante del progreso y el único dique moral frente al caos. Esa autopercepción mesiánica es precisamente uno de los rasgos clásicos del Síndrome de Hubris. El dirigente deja de concebirse como un administrador temporal del poder para verse como una figura providencial cuya permanencia se convierte en una necesidad histórica. El problema es que, cuando un gobernante alcanza ese estadio psicológico, la política deja de orientarse al interés general y pasa a centrarse exclusivamente en la autopreservación.
Las decisiones más controvertidas del sanchismo durante los últimos años parecen responder exactamente a esa lógica. La amnistía al independentismo catalán constituye probablemente el ejemplo más claro. No se diseñó para resolver un conflicto nacional desde una convicción doctrinal previa —de hecho, el propio PSOE la rechazó durante años— sino como moneda de cambio para garantizar la continuidad de Sánchez en La Moncloa. El interés del presidente se confundió con el interés del Estado. Y cuando esa confusión se produce, la degradación institucional resulta inevitable.
La gravedad del fenómeno radica en que el sanchismo ha terminado convirtiendo el poder en un fin en sí mismo. Todo vale para conservarlo: pactos contradictorios, cambios de opinión radicales, cesiones territoriales opacas, ataques a jueces, presión sobre medios críticos, utilización partidista de instituciones y polarización constante de la sociedad española. La política deja entonces de ser un proyecto colectivo para convertirse en una maquinaria de supervivencia personal.
El deterioro del debate público también forma parte de esa dinámica. Nunca desde la Transición se había gobernado tanto desde la confrontación emocional. El sanchismo necesita permanentemente enemigos. Necesita dividir el país en bloques irreconciliables porque esa tensión alimenta electoralmente al líder. La crispación no es un efecto colateral: es una estrategia deliberada. Mientras exista un clima de emergencia permanente, Sánchez puede seguir presentándose como figura imprescindible.
Sin embargo, la realidad económica y social española contradice cada vez más el triunfalismo oficial. La precariedad laboral juvenil continúa siendo dramática. El acceso a la vivienda se ha convertido en una pesadilla para amplias capas de la población. La presión fiscal crece mientras los servicios públicos muestran signos evidentes de agotamiento. Las listas de espera sanitarias baten récords en muchas comunidades autónomas. La productividad española permanece estancada. Y el modelo económico sigue excesivamente dependiente del turismo, el endeudamiento y los fondos europeos.
El problema añadido es que el sanchismo ha desarrollado una extraordinaria capacidad para sustituir gestión por propaganda. La política espectáculo se ha convertido en el núcleo de la acción gubernamental. Cada crisis es convertida en una operación de comunicación. Cada comparecencia busca más el impacto emocional que la explicación racional. La política se teatraliza hasta extremos inéditos. El poder ya no pretende convencer mediante resultados, sino mediante relatos.
El propio comportamiento personal de Pedro Sánchez refleja síntomas cada vez más visibles de aislamiento político y psicológico. Su entorno se ha reducido progresivamente a un núcleo mínimo de leales absolutos. Los dirigentes críticos han sido apartados o silenciados. El PSOE ha dejado de funcionar como un partido con debate interno para convertirse en una estructura vertical alrededor de la figura presidencial. El liderazgo ya no admite discrepancias; exige adhesión.
Ese proceso resulta especialmente peligroso en democracia porque elimina los mecanismos internos de corrección. Los líderes afectados por el Síndrome de Hubris dejan de escuchar. Confunden la obediencia con la razón. Interpretan cualquier crítica como una traición. Y terminan tomando decisiones cada vez más arriesgadas porque nadie en su entorno se atreve a contradecirlos.
La experiencia histórica demuestra que ese tipo de liderazgos raramente terminan bien. Ocurrió con dirigentes conservadores, progresistas, populistas y nacionalistas de muy distinta naturaleza. El problema no reside en la ideología, sino en la deformación psicológica que provoca el ejercicio excesivo y prolongado del poder. El líder acaba creyéndose infalible. Y cuando eso sucede, la democracia empieza a erosionarse lentamente desde dentro.
España necesita recuperar urgentemente una cultura política más sobria, institucional y menos personalista. Necesita volver a entender que ningún dirigente está por encima del Estado, de la Constitución ni de las instituciones democráticas. Necesita superar la lógica de bloques emocionales y regresar al terreno de la gestión, el acuerdo y la racionalidad.
En ese sentido, la cuestión ya no es únicamente si Pedro Sánchez debe seguir gobernando o no. La verdadera pregunta es cuánto daño adicional puede soportar el sistema institucional español antes de sufrir una degradación irreversible. Porque el problema del sanchismo no es simplemente la izquierda o la derecha; es la progresiva normalización de una forma de poder basada en la manipulación emocional, la colonización institucional y el culto personalista al líder.
La oposición tiene también enormes responsabilidades en este contexto. No basta con esperar el desgaste natural del Gobierno. Debe ofrecer un proyecto serio, moderado y solvente que permita reconstruir la confianza ciudadana en las instituciones. España no necesita sustituir un populismo emocional por otro. Necesita recuperar la política adulta.
La situación actual recuerda peligrosamente a otras etapas históricas donde el cansancio ciudadano frente a la polarización terminó desembocando en fenómenos de rechazo generalizado hacia el sistema político. El deterioro de la confianza institucional constituye uno de los mayores riesgos para cualquier democracia moderna. Cuando los ciudadanos dejan de creer en la neutralidad de las instituciones, el terreno queda abonado para soluciones extremas y discursos antisistema.
Por eso resulta imprescindible llamar las cosas por su nombre. El problema no es únicamente Pedro Sánchez como individuo. El problema es el modelo político que ha construido alrededor de sí mismo: un sistema basado en la propaganda permanente, la polarización emocional y la identificación entre el líder y el Estado. Ese es precisamente el núcleo del Síndrome de Hubris: la incapacidad para distinguir entre el interés propio y el interés nacional.
Los síntomas están ahí para quien quiera verlos. El desprecio creciente hacia los contrapoderes. La obsesión por controlar el relato público. La incapacidad para reconocer errores. La tendencia a dramatizar cualquier crítica. El aislamiento respecto a la realidad social. La identificación mesiánica con el destino del país. Todo ello compone un cuadro político y psicológico profundamente preocupante.
España necesita pasar página. No desde el odio ni desde la revancha, sino desde la necesidad democrática de restaurar límites, equilibrios y normalidad institucional. Ninguna democracia madura puede permitirse convertir la permanencia de un líder en una cuestión de supervivencia nacional. Los países sólidos son aquellos donde las instituciones son más importantes que las personas.
Pedro Sánchez ha terminado representando exactamente aquello contra lo que decía luchar: la utilización patrimonial del poder. El dirigente que prometió regeneración ha acabado protagonizando uno de los ciclos de mayor deterioro institucional y polarización política de la España democrática reciente. Y lo más preocupante es que parece incapaz de reconocerlo.
Tal vez ahí resida precisamente el síntoma definitivo del Síndrome de Hubris: cuando el gobernante deja de percibir que el problema ya no es la oposición, ni los jueces, ni los periodistas críticos, ni la ultraderecha, ni los poderes económicos, sino él mismo y la forma en que ha decidido ejercer el poder.
Las democracias no suelen derrumbarse de golpe. Se erosionan lentamente, mediante pequeñas normalizaciones, silencios y cesiones sucesivas. Y casi siempre comienzan a deteriorarse cuando los líderes dejan de aceptar que el poder debe tener límites.
España está todavía a tiempo de reaccionar. Pero para ello resulta imprescindible comprender que ningún dirigente, por carismático que sea, puede situarse por encima de las reglas, las instituciones y la crítica democrática. Cuando eso ocurre, el problema deja de ser político para convertirse en algo mucho más serio: una cuestión de salud democrática nacional.