La última regularización de inmigrantes ha vuelto a poner sobre la mesa un viejo dilema: ¿estamos ante un problema de seguridad o ante un problema de gestión? En las imágenes que se repiten en los informativos —colas interminables frente a comisarías, oficinas de Extranjería saturadas, funcionarios exhaustos y vecinos inquietos— algunos quieren ver una amenaza al orden público; otros, la radiografía de un Estado que ha olvidado cómo organizarse. Entre ambas miradas, la realidad se abre paso como una navaja: el desorden no lo traen los inmigrantes, lo trae la improvisación política y administrativa.
El ruido de las colas
Hay un tipo de ruido que define nuestro tiempo: el murmullo de la espera. Decenas de personas, papeles en la mano, móvil en el bolsillo, ojos fijos en una puerta que no se abre. En muchas ciudades españolas, y también en capitales de provincia como Cuenca, la regularización extraordinaria ha producido ese paisaje: colas a la intemperie, madrugones, turnos improvisados, discusiones por quién va delante, vendedores ambulantes aprovechando el flujo y policías tratando de ordenar lo que la burocracia ha desordenado.
Cualquier vecino que pase por delante de una comisaría en estos días puede sentir la tentación de resumir aquello en una frase rápida: “esto es un caos”. Lo es, sin duda. Pero la pregunta incómoda es otra: ¿el caos lo genera el inmigrante que hace cola o la administración que lo ha citado a destiempo, sin medios, sin personal y sin coordinación? ¿Es una crisis de orden público o de organización pública?
La tesis que recorre este texto es sencilla: el problema central no es que se regularice a inmigrantes, sino que se hace tarde, mal y sin un Estado capaz de sostener el proceso. Y, para rematar, se cubre ese fallo con un discurso de miedo que convierte la palabra “seguridad” en arma arrojadiza.
De qué regularización hablamos
No se trata de una puerta mágica que se abre de repente para atraer oleadas futuras. La mayoría de las personas que aspiran a regularizar su situación ya llevan años viviendo en España. Trabajan en el campo, en la construcción, en el cuidado de mayores, en la limpieza de hogares, en los turnos de cocina donde nunca llega la luz de los focos. La regularización no los “trae”, los visibiliza: les pone un nombre legal, un contrato posible, una cotización a la Seguridad Social.
España no es nueva en esto. Ya en 2005, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero impulsó una regularización masiva que alumbró a cientos de miles de trabajadores invisibles. Aquella medida fue criticada con las mismas palabras que escuchamos hoy: “efecto llamada”, “inseguridad”, “papeles para todos”. Sin embargo, la mayor parte de los estudios posteriores señalaron que, lejos de aumentar la delincuencia, aquella decisión redujo la economía sumergida y permitió una recaudación millonaria en cotizaciones.
La paradoja se repite: quienes se oponen a la regularización en nombre del orden público pasan por alto un hecho elemental —lo que verdaderamente degrada el orden público es la existencia de grandes bolsas de población sin papeles, sin derechos y sin obligaciones formales. La irregularidad es una tierra de nadie donde florecen la explotación laboral, el chabolismo y, sí, también las redes que se benefician del vacío legal.
Los problemas reales: la máquina chirría
Si dejamos a un lado los discursos encendidos y atendemos a lo que ocurre sobre el terreno, lo que aparece no es tanto una invasión de la delincuencia como una implosión de la administración. La máquina del Estado chirría por todas partes.
En primer lugar, el colapso administrativo. Las citas se convierten en un bien escaso, casi clandestino. Las páginas web para pedirlas caen o se saturan. Las gestorías multiplican sus tarifas ante una demanda desesperada. Las oficinas de Extranjería y las comisarías cargan con expedientes acumulados que no pueden resolver en tiempo razonable. La escena de una fila que dobla la esquina no es, en sí misma, un problema de seguridad: es un problema de gestión. Pero el malestar que genera —en quienes esperan y en quienes miran— se transforma fácilmente en combustible político.
En segundo lugar, los recursos humanos y la coordinación institucional. Las plantillas en Extranjería, Policía, servicios sociales y ayuntamientos llevan años trabajando al límite. La regularización extraordinaria no llega a una maquinaria engrasada, llega a un aparato fatigado. Comunidades autónomas y ayuntamientos reclaman medios, culpan al Gobierno central y se desmarcan de la responsabilidad. El Estado, entendido como conjunto de administraciones, aparece así como un arco sin cuerda: mucha estructura formal, poca capacidad real de respuesta.
En Castilla-La Mancha, y especialmente en provincias como Cuenca, la fragilidad de la administración se ve agravada por un fenómeno conocido: la despoblación. Menos habitantes, menos recursos, menos funcionarios; pero no necesariamente menos carga administrativa, porque las personas migrantes, al asentarse en zonas rurales vaciadas, también necesitan papeles, atención social, escolarización para sus hijos. Se produce entonces una especie de ironía trágica: en comarcas donde faltan manos para el trabajo agrícola, la burocracia se permite el lujo de frenar, retrasar y complicar la vida de quienes sí están dispuestos a quedarse.
Por último, está la seguridad jurídica. La regularización exige, con buen criterio, que la persona no sea una amenaza para el orden público. Se revisan antecedentes penales, se cruzan datos, se aplican filtros. El problema no es que no existan controles, sino que la falta de medios y la presión política pueden convertir ese filtro en algo opaco o arbitrario. ¿Qué ocurre con quien tiene una detención antigua sin condena firme? ¿Qué con quien arrastra una orden de expulsión que nunca se ejecutó? En vez de reforzar el sistema con más claridad y más medios, se instala la sospecha difusa de que se están colando delincuentes “por la puerta de atrás”.
Los problemas fabricados: el miedo como política
Mientras estos problemas muy concretos —colas, falta de personal, inseguridad jurídica— estallan en la cara de quienes trabajan en la administración, el debate público se desplaza hacia otro lugar: el del miedo. De pronto, la regularización deja de ser una cuestión de gestión y se convierte en una batalla por el “orden público”.
El guion es conocido. Se seleccionan algunos casos de delitos cometidos por extranjeros —muchas veces no relacionados con el proceso de regularización— y se presentan como si fueran la norma. La figura del “delincuente regularizado” aparece en tertulias, ruedas de prensa y redes sociales. Da igual que la ley prevea la exclusión de quienes suponen una amenaza; da igual que la mayoría de las personas en las colas trabajen y se integren sin ruido. El relato es más poderoso que los matices.
En el corazón de ese relato late una palabra fetiche: “efecto llamada”. La expresión sugiere que cualquier gesto de humanidad o racionalidad en política migratoria es un imán para millones de personas esperando a cruzar. Sin embargo, los datos y la experiencia muestran otra cosa: las decisiones de migrar se toman por guerras, hambre, persecución, redes familiares, oportunidades laborales; las regularizaciones extraordinarias, en general, afectan a quienes ya están dentro. Pese a ello, el “efecto llamada” funciona como comodín retórico: no explica la realidad, pero ordena la conversación.
En zonas rurales de Castilla-La Mancha, donde la presencia de inmigrantes ha permitido mantener abiertas escuelas, explotaciones agrarias y servicios básicos, el discurso del miedo puede resultar especialmente perverso. En pueblos donde faltan niños en las aulas, se mira con recelo a los hijos de quienes han venido a trabajar al campo o al cuidado de mayores. Se olvida que, sin ellos, la escuela habría cerrado, el consultorio habría reducido horario y el bar habría bajado la persiana.
Las víctimas invisibles del falso debate
El coste de centrarlo todo en el orden público no lo pagan quienes agitan el miedo desde los platós o los escaños. Lo pagan otros.
Lo pagan, en primer lugar, las personas migrantes. Para muchas de ellas, el proceso de regularización es una oportunidad única para salir de la clandestinidad laboral y vital. Sin papeles, aceptan salarios de miseria, jornadas eternas, alquileres abusivos en habitaciones sin contrato. Con papeles, pueden al menos reclamar derechos. Paradójicamente, es justo cuando se sitúan en la fila para cumplir la ley cuando el discurso dominante las señala como potenciales amenazas. Su rostro, asociado durante años a la palabra “irregular”, pasa a asociarse a la palabra “peligro” en el momento exacto en que intenta encajar en el marco legal.
Lo pagan también los funcionarios, policías y trabajadores sociales. Son ellos quienes ponen el cuerpo en la calle, tras la ventanilla, frente al ordenador que se bloquea. Muchos comparten la sensación de estar atrapados en un juego que no han elegido: cargan con la indignación del ciudadano que espera y con la presión de los responsables políticos que exigen resultados sin dar recursos. Cuando los sindicatos policiales o de funcionarios levantan la voz, su malestar real —falta de medios, jornadas interminables, inseguridad operativa— se convierte rápidamente en munición para uno u otro bloque político, reduciendo una reivindicación legítima a simple eslogan.
Lo que sí es orden público (y casi nadie nombra)
Sería útil recuperar una idea más profunda de lo que significa orden público. No se trata solo de que no haya peleas en la calle o hurtos en el comercio. Orden público es también la existencia de un marco estable de derechos y obligaciones, de previsibilidad normativa, de confianza en que el Estado cumple sus propias reglas.
Desde esa perspectiva, la regularización bien hecha refuerza el orden público. Poner en regla a quien ya vive y trabaja aquí permite:
- Reducir la economía sumergida y, con ella, un mercado paralelo donde las normas laborales son papel mojado.
- Aumentar la recaudación en cotizaciones y tributos, lo que refuerza la financiación de la sanidad, la educación y las pensiones.
- Facilitar el control sobre las personas que residen en el territorio, porque deja de haber ciudadanos invisibles, difíciles de localizar y de proteger.
En cambio, mantener a decenas de miles de personas en la irregularidad produce exactamente lo contrario: un suelo fértil para la explotación y para actividades delictivas que se aprovechan del miedo a ser deportado. El trabajador sin papeles no denuncia al patrón que no le paga, la mujer sin papeles no acude a la policía si sufre violencia, el inquilino sin contrato acepta hacinamiento y abusos para no llamar la atención. ¿Qué orden público se defiende cuando se defiende este estado de cosas?
En comarcas como la Alcarria o la Serranía de Cuenca, donde la falta de población amenaza servicios y economías locales, el verdadero desafío de orden público no es el exceso de inmigrantes, sino su posible ausencia. Un pueblo sin vecinos, sin comercio, sin escuela, sin cuidados, es un territorio vulnerable a la desafección democrática, al abandono institucional e incluso al uso espurio de su suelo y recursos por intereses externos.
Propuestas para poner orden en la casa
Si aceptamos que el problema es, ante todo, de gestión, las soluciones también han de serlo.
La primera es obvia: planificación. No se puede anunciar una regularización extraordinaria sin un cálculo fino de cuántas personas pueden acogerse, cuántos expedientes se generarán y qué capacidad real tiene la administración para tramitarlos. Hacen falta refuerzos temporales de plantilla, horarios adaptados, sistemas informáticos dimensionados. El papel del Estado no es improvisar, sino anticipar.
La segunda es la coordinación entre niveles de gobierno. El Ministerio puede dictar el marco, pero son comunidades y ayuntamientos quienes ponen la cara y los medios. Sin una estrategia compartida —ventanillas únicas, protocolos comunes, financiación finalista—, cada administración intentará trasladar el coste al vecino más cercano. El resultado es el que vemos: ayuntamientos desbordados, comunidades que amenazan con recurrir y un Gobierno central que hace de franco tirador y de víctima según convenga.
La tercera es la transparencia en los criterios de seguridad. Si se quiere evitar que delincuentes aprovechen el proceso, la solución no es agitar el miedo de forma genérica, sino explicar con claridad qué antecedentes excluyen, qué margen de valoración tiene la administración y cómo se garantizan los derechos de quienes han cometido faltas menores o se han visto envueltos en procesos sin condena. La opacidad alimenta el rumor; la transparencia reduce la sospecha.
Cambiar el marco: de la sospecha a la responsabilidad
El debate sobre la regularización de inmigrantes suele presentarse como una pugna entre “buenistas” y “defensores de la seguridad”. Es una caricatura útil para tertulias, pero inútil para gobernar. Ni regularizar es abrir las puertas de par en par sin control, ni oponerse a toda regularización es automáticamente garantizar la seguridad.
Quizá el cambio de marco pasa por introducir una tríada menos sentimental y más adulta: derechos, control y gestión. Derechos, porque estamos hablando de seres humanos que trabajan, viven y sueñan entre nosotros. Control, porque el Estado tiene la obligación de saber quién reside en su territorio y de impedir que quienes suponen una amenaza grave se aprovechen de los resquicios. Gestión, porque sin una administración capaz todo lo anterior se queda en papel mojado y acaba degenerando en el mismo caos que luego se utiliza para pedir mano dura.
En Castilla-La Mancha y en Cuenca, donde la política regional se juega buena parte de su credibilidad en la gestión de lo público —sanidad, transporte, servicios sociales, cohesión territorial—, la regularización de inmigrantes es una prueba adicional. No solo de humanidad, sino de eficiencia. No solo de sensibilidad social, sino de capacidad de gobierno.
Porque, al final, la imagen que quedará en la memoria colectiva no será un artículo de ley ni un discurso parlamentario, sino esa fila de personas esperando ante una puerta cerrada.
Y ahí se impone una última idea, quizá incómoda: si de verdad nos preocupa el orden público, deberíamos temer menos a los inmigrantes que hacen cola ante una comisaría y más a los gobiernos que improvisan decretos sin una administración capaz de sostenerlos. El desorden más peligroso no es el de la calle, sino el de las instituciones que renuncian a planificar, a coordinarse y a decir la verdad.