(Imagen cedida por Eduardo Cruz)
En una provincia como Cuenca, donde cada habitante cuenta y cada pueblo resiste casi por pura voluntad cívica, la gestión del dinero público debería responder a una lógica elemental: invertir donde más se necesita, corregir desequilibrios históricos y garantizar que vivir en un municipio pequeño no equivalga a vivir con menos derechos. Sin embargo, demasiadas veces ocurre lo contrario. La Diputación Provincial, institución llamada a ser motor de cohesión territorial, corre el riesgo de convertirse en un aparato dedicado más a la escenografía política que a la transformación real del territorio.
No se trata de negar la utilidad de la Diputación ni de cuestionar por sistema cualquier actuación institucional. Se trata de denunciar una tendencia que se repite con preocupante frecuencia: la política de escaparate. Esa forma de gobernar basada en inaugurar, fotografiar, anunciar y publicitar proyectos vistosos, aunque su impacto efectivo sea escaso, discutible o claramente secundario frente a otras urgencias más profundas.
La provincia de Cuenca no necesita decorados. Necesita soluciones. Y entre una rotonda llamativa y una red de carreteras comarcales digna, entre un evento promocional y consultorios médicos abiertos, entre una campaña institucional brillante y acceso real a vivienda o conectividad digital, la elección debería ser evidente.
El dinero público no está para el titular
Cuando una administración prioriza actuaciones diseñadas para generar titulares antes que resultados, se produce una distorsión grave de la función pública. El presupuesto deja de ser una herramienta de justicia territorial para convertirse en un instrumento de rentabilidad política.
No hay nada más tentador para ciertos gobiernos que las obras visibles. Una reforma cosmética, una infraestructura sobredimensionada, una campaña de imagen o una subvención concedida con gran despliegue comunicativo ofrecen réditos inmediatos. Permiten cortar cintas, emitir notas de prensa y alimentar la sensación de movimiento. Pero la pregunta esencial sigue siendo otra: ¿mejora eso la vida cotidiana de la gente?
En demasiados pueblos de Cuenca, la respuesta es no. Mientras se celebran proyectos de escaparate, continúan los problemas estructurales: carreteras secundarias deterioradas, transporte público insuficiente, ausencia de cajeros, cobertura deficiente, dificultades para atraer médicos, falta de suelo industrial bien planificado y escasez de servicios básicos para fijar población.
Una administración seria no puede confundir actividad con eficacia. Gastar no siempre es invertir. Y anunciar no equivale a resolver.
La despoblación no se combate con propaganda
La gran coartada política de nuestro tiempo en la España interior es la despoblación. Se invoca constantemente. Todo se justifica en su nombre. Pero conviene distinguir entre combatir la despoblación y utilizarla como lema.
Combatir la despoblación exige políticas perseverantes, menos vistosas y mucho más exigentes. Supone mejorar escuelas rurales, asegurar atención sanitaria continuada, facilitar vivienda asequible, mantener servicios sociales, modernizar redes de agua, apoyar autónomos, garantizar internet de calidad y crear incentivos reales para empresas que quieran instalarse en el territorio.
Nada de eso luce tanto como una gran presentación institucional. Nada de eso produce fotos espectaculares. Pero eso es precisamente lo que fija población.
Cuando la Diputación concentra recursos en actuaciones llamativas mientras desatiende esa red invisible de necesidades básicas, no solo falla en su misión: agrava el problema. Porque cada servicio que desaparece, cada carretera que empeora, cada demora administrativa y cada inversión mal dirigida empujan a más familias a marcharse.
La despoblación no avanza de golpe. Avanza por acumulación de pequeños abandonos.
La discrecionalidad como sistema
Otro de los males habituales en la política provincial es la opacidad en los criterios de reparto. Muchos alcaldes conocen bien esa sensación: no siempre recibe más quien más necesita, sino quien mejor relación mantiene con el poder de turno.
Cuando las subvenciones nominativas, los convenios singulares o las ayudas excepcionales sustituyen a convocatorias transparentes y baremos objetivos, el principio de igualdad se resquebraja. La institución deja de ser árbitro para convertirse en repartidor selectivo.
En provincias con una estructura municipal muy fragmentada, como Cuenca, este problema es especialmente grave. Los pequeños ayuntamientos cuentan con escaso personal técnico, limitados recursos administrativos y menor capacidad de presión política. Si además dependen de decisiones discrecionales, quedan en posición de debilidad permanente.
La consecuencia es una provincia a distintas velocidades: municipios favorecidos que acumulan proyectos y otros que esperan años para actuaciones básicas. Ese desequilibrio erosiona la confianza institucional y alimenta la idea de que no todos los vecinos valen lo mismo según dónde vivan o a quién voten.
La política provincial no puede basarse en la proximidad al despacho. Debe basarse en la equidad.
Inversiones caras, mantenimiento pobre
Existe otra tendencia preocupante: inaugurar nuevas actuaciones mientras se descuida lo ya existente. Es más rentable anunciar una obra nueva que mantener en buen estado una infraestructura anterior. Sin embargo, para la ciudadanía suele ser mucho más útil lo segundo.
¿De qué sirve construir equipamientos si luego carecen de programación, personal o mantenimiento? ¿Qué sentido tiene abrir instalaciones que terminan infrautilizadas? ¿Por qué se prioriza lo nuevo mientras se deterioran caminos, redes hidráulicas, instalaciones deportivas o edificios públicos ya levantados con dinero de todos?
La mala inversión no siempre consiste en gastar demasiado. A veces consiste en gastar sin planificación, sin análisis de costes futuros o sin medir necesidades reales.
La provincia de Cuenca no está para caprichos administrativos. Cada euro mal empleado tiene un coste de oportunidad inmenso: es un euro que no llega al pueblo que necesita depuradora, al consultorio que precisa mejoras o al empresario local que espera suelo y agilidad.
Centralismo dentro de la propia provincia
Se critica con razón el centralismo madrileño cuando ignora al medio rural. Pero también existe un centralismo interno, más silencioso, dentro de muchas provincias. Se concentra inversión en capitales, cabeceras comarcales o zonas con mayor visibilidad, mientras el resto queda relegado.
Es comprensible que ciertos nodos urbanos requieran recursos. Pero la misión específica de una diputación no es competir con grandes ciudades, sino compensar desigualdades territoriales. Si replica los mismos desequilibrios que denuncia, pierde su razón de ser.
La provincia de Cuenca no es solo la capital ni unos pocos ejes económicos. También son las aldeas de la Serranía, los pueblos de la Mancha conquense, la Alcarria y las pedanías donde aún resisten vecinos mayores, familias jóvenes y pequeños emprendedores.
Gobernar para toda la provincia exige mirar donde casi nadie mira. Ahí se demuestra la vocación pública.
Transparencia, evaluación y prioridades
No basta con criticar. También hay alternativas claras y perfectamente viables.
La primera es transparencia radical. Todo proyecto relevante debería publicar memoria justificativa, coste previsto, criterios de selección, plazos de ejecución y evaluación posterior. La ciudadanía tiene derecho a saber por qué se financia una actuación y no otra.
La segunda es planificación estratégica. No se puede gobernar a golpe de ocurrencia anual. Hace falta un mapa provincial de necesidades objetivas: estado de carreteras locales, cobertura digital, envejecimiento poblacional, vivienda disponible, acceso sanitario, oportunidades empresariales y riesgo de despoblación.
La tercera es evaluación independiente. ¿Funcionó el programa? ¿Generó empleo? ¿Se usa la instalación? ¿Ha mejorado servicios? Si la respuesta es negativa, debe rectificarse. Persistir en políticas fallidas por orgullo político sale demasiado caro.
La cuarta es prioridad social. Antes de cualquier proyecto ornamental, deben garantizarse servicios básicos y cohesión territorial.
Menos marketing, más provincia
En los últimos años, la política ha importado demasiadas lógicas publicitarias. Se comunica más de lo que se gobierna. Se vende relato antes de presentar resultados. Se confunde presencia mediática con gestión solvente.
La Diputación de Cuenca necesita exactamente lo contrario: menos marketing y más provincia. Menos eslóganes y más mantenimiento. Menos actos y más expedientes resueltos. Menos anuncios grandilocuentes y más fibra óptica, más transporte adaptado, más apoyo técnico a ayuntamientos y más igualdad entre municipios.
La buena administración rara vez hace ruido. Se nota cuando una carretera está arreglada, cuando el agua llega sin problemas, cuando una familia decide quedarse porque hay escuela y servicios, cuando un autónomo abre negocio porque encuentra facilidades. Eso no siempre ocupa portadas, pero sostiene territorios enteros.
Una cuestión moral además de política
Gestionar fondos públicos en una provincia envejecida y dispersa no es solo una tarea técnica. Es una responsabilidad moral. Cada decisión presupuestaria expresa qué vidas importan más y qué territorios se consideran prescindibles.
Si se privilegia el escaparate sobre la necesidad, se transmite un mensaje devastador a miles de vecinos: que su día a día vale menos que una fotografía institucional. Que sus carencias pueden esperar mientras se financia lo vistoso. Que la periferia interna siempre irá después.
Ese mensaje es incompatible con una democracia territorial digna de tal nombre.
Cuenca merece otra ambición
Cuenca no necesita resignación ni paternalismo. Tampoco necesita administraciones que administren inercias. Merece una ambición distinta: convertirse en ejemplo de gestión inteligente para el medio rural.
Eso pasa por usar la Diputación como herramienta moderna de equilibrio territorial, cooperación municipal y eficiencia pública. Pasa por profesionalizar decisiones, blindar criterios técnicos y repartir recursos donde generen mayor utilidad social.
La provincia tiene talento, patrimonio natural, potencial logístico, calidad de vida y comunidades locales resilientes. Lo que demasiadas veces falta no son oportunidades, sino prioridades correctas.
Porque cuando una administración invierte mal, no solo despilfarra dinero. Despilfarra tiempo. Y para muchos pueblos de Cuenca, el tiempo es precisamente lo que ya escasea.
Seguir apostando por la política de escaparate sería insistir en el error. Apostar por una inversión justa, útil y transparente sería empezar a estar a la altura de la provincia que se dice defender.