Mientras el Gobierno regional vende el Plan XCuenca como una “oportunidad histórica” y el nuevo vial al AVE como prueba palpable de progreso, la política real que se está imponiendo sobre Cuenca tiene más que ver con el cierre de puertas que con la apertura de caminos. Las últimas declaraciones del vicepresidente Martínez Guijarro, presentando el convenio con ADIF como un trámite casi inevitable para “urbanizar los terrenos” liberados por la vía, tratan de reducir a un expediente técnico lo que es, en realidad, una decisión de enorme calado: aceptar como irreversible la pérdida del ferrocarril convencional y envolverla en un relato de modernización urbana. El acceso rodado a la estación y los millones de inversión que se exhiben como trofeo conviven con un silencio espeso sobre las dudas jurídicas del cierre, las 52 alegaciones al convenio, la reserva de aprovechamientos urbanísticos y las investigaciones que salpican a ADIF y al Ministerio. Entre rotondas y plusvalías, el debate democrático se encoge: se nos pide aplaudir la obra pública sin preguntar por qué se levantaron antes las vías que las verdaderas alternativas. En Cuenca, la alta velocidad se escribe con hormigón; la rendición de cuentas, de momento, con letra pequeña.
En Cuenca ya nos sabemos de memoria la letanía: “todos estamos de acuerdo en urbanizar los terrenos” y, por tanto, “hay que aprobar ese convenio”. La última puesta en escena del vicepresidente Martínez Guijarro sobre el Plan XCuenca y el acuerdo con ADIF vuelve a ese guion defensivo, reduccionista, que pretende hacer pasar por trámite técnico lo que en realidad es una decisión política mayúscula: aceptar como inevitable la pérdida irreparable del ferrocarril convencional y envolverla en un relato de oportunidad urbanística.
Guijarro insiste en presentar el convenio con ADIF como una simple llave administrativa para desbloquear la “transformación” de los suelos liberados por el cierre de la vía. Si se quiere urbanizar, viene a decir, no queda otra que firmar. Y como prueba del supuesto avance del Plan XCuenca agita el nuevo vial AVE‑centro, con sus 15 millones largos de inversión, financiados por ADIF y ejecutados por la Junta, como si un acceso rodado a la estación de alta velocidad bastara para tapar el agujero que deja el levantamiento de la línea Madrid‑Cuenca‑Valencia.
El problema es que en ese relato se borran los antecedentes incómodos. El convenio y el propio Plan XCuenca nacen atados al desmantelamiento de un tramo ferroviario cuya clausura ha estado cuestionada y recurrida, y sobre el que pesan alegaciones que hablan de nulidad de pleno derecho por vulneración de la normativa urbanística. No se trata solo de si el vial es más o menos útil, sino de si el marco jurídico y político que lo sostiene es limpio, transparente y respetuoso con el interés general.
En las alegaciones se habla de “limpieza democrática” y no es una expresión gratuita. Se pide que se esclarezcan las conexiones entre este acuerdo y las investigaciones de la UCO sobre posibles delitos en la gestión del Ministerio y de ADIF precisamente en los años en que se impulsa el cierre de la línea. Es decir, se reclama que, antes de seguir construyendo sobre ese solar político, se compruebe si los cimientos no están viciados. El vicepresidente, sin embargo, pasa de puntillas sobre esta dimensión ética y se refugia en el consabido argumento de que “todo esto ya fue avalado en las urnas”.
Mientras tanto, el debate público se contamina con un juego de sombras sobre el reparto de beneficios. El PP denuncia que ADIF se reserva aprovechamientos urbanísticos mientras renuncia a ser agente urbanizador, y lanza la pregunta que el Gobierno regional evita responder con claridad: ¿quién gana realmente con esta operación? En vez de abordar de frente cómo se repartirán plusvalías y cargas, Guijarro reduce el asunto a un problema de diseño del vial y de quién paga la obra, como si las 52 alegaciones presentadas por colectivos y ciudadanos fueran ruido de fondo y no un síntoma de desconfianza masiva.
El discurso oficial habla de “oportunidad histórica” para coser la ciudad y liberar un corredor para usos más amables, pero silencia la letra pequeña: la ciudad pierde para siempre una infraestructura ferroviaria vertebradora y, a cambio, se le ofrece una combinación de pelotazo urbanístico, vial para coches y dependencia reforzada del AVE. Se presenta la conexión AVE‑centro como compensación suficiente, cuando en realidad consagra un modelo radial, caro y excluyente que deja a la España interior atrapada entre el coche y la alta velocidad, sin una red pública capilar que vertebre el territorio y sirva a quienes no encajan en la lógica del AVE.
La grandilocuencia sobre el “impulso definitivo” al Plan XCuenca contrasta con la realidad pedestre: una provincia que pierde trenes, horarios y estaciones, mientras en su lugar se levantan rotondas, accesos y solares recalificables. Es el viejo truco de vender obra civil y operación urbanística como política de movilidad, cuando lo que menos se está reforzando aquí es precisamente el derecho a moverse de forma pública, asequible y sostenible.
Por eso las palabras de Martínez Guijarro funcionan menos como rendición de cuentas que como blindaje de un proyecto cada vez más cuestionado. Convertir un conflicto de legalidad, transparencia y modelo territorial en un expediente de urbanización más un vial pagado por ADIF es una forma de empequeñecer deliberadamente el debate. Como si todo se redujera a si queremos un camino asfaltado hasta la estación del AVE, y no a si aceptamos que, para conseguirlo, se ha tenido que dinamitar la única línea que hacía de columna vertebral ferroviaria entre Madrid, Cuenca y Valencia.
Frente a una contestación social organizada, recursos judiciales y serias dudas éticas sobre el origen y el desarrollo del Plan XCuenca, la línea argumental del vicepresidente se apoya en una legitimidad electoral abstracta y en la fuerza de los hechos consumados. Primero se cierra, luego se levanta la vía, después se firma el convenio y, cuando la ciudadanía reacciona, se le responde que ya es tarde, que la decisión estaba tomada y democráticamente sellada. No hay espacio para rectificar, solo para gestionar las consecuencias.
En el fondo, esa es la verdadera elección política que se está haciendo en Cuenca: aceptar que la democracia territorial se ejerce a base de protocolos, convenios y viales, o exigir que las grandes decisiones sobre el modelo de ciudad y de provincia –incluida la destrucción de su ferrocarril– se tomen con luz larga, información completa y participación real. El Gobierno regional ha elegido la primera vía. Queda por ver si la ciudadanía está dispuesta a resignarse a que, en nombre del progreso, le cierren la puerta del tren mientras le inauguran una rotonda.
Cada día es más evidente, como demuestran los datos socioeconómicos de Cuenca, que Guijarro es un vendedor de «paja electoral», pues utiliza cargantemente los conceptos paraguas: palabras como «cambio», «esperanza», «justicia» o «libertad» que suenan bien a todo el mundo pero que, sin un plan técnico detrás, no significan nada. La paja es ligera porque carece del peso de las cifras y los plazos. La paja electoral del citado asfixiador del progreso de esta provincia suele ofrecer soluciones simples a problemas complejos. Se alimenta del cansancio del ciudadano. Es más fácil vender un eslogan de tres palabras que explicar una reforma fiscal de trescientas páginas. Y él, envuelto en la capa del olvido, desvaría en este fenómeno muy a menudo, que le permite sobrevivir gracias a la memoria selectiva del electorado. La paja se quema rápido después de las elecciones, pero el vendedor sabe que, para el próximo ciclo, el campo estará seco de nuevo y listo para otra cosecha de ilusiones.
El problema con este señor, que lleva demasiado tiempo viviendo de la política sin aportar nada, se emplaza en que él no pase el filtro de que los políticos no mientan, sino que nosotros nos hemos acostumbrado a comprar paja esperando que algún día alimente al ganado. Como diputado autonómico y miembro del gobierno de la JCCM adolece de signos marxianos (de Groucho Marx); en especial aquella expresión de éste: «La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados.»
El análisis de la noticia que da profundidad a este artículo permite extraer una reflexión crítica profunda sobre el estado de la gestión pública. Lo que a simple vista parece un anuncio técnico sobre movilidad (rotondas, supresión de puentes), es en realidad un síntoma de problemas estructurales en la relación entre el poder y la ciudadanía. A continuación, presento un pensamiento crítico estructurado sobre los tres ejes que he extraído desde los contornos del pensamiento político -hilvanado en la colaboraciones en prensa de dos «actualistas incontestables, Juan Luis Cebrián y Juan José Millás- y que Martínez Guijarro debe asimilar antes de emitir esas cansinas declaraciones que traslada a los medios de comunicación conquenses cada vez que ve tambalearse su estabilidad personal por traspiés y errores que no le benefician:
1. La mala calidad de la política: El partidismo sobre la utilidad
La noticia destaca que el Gobierno regional (PSOE) lamenta la oposición del PP al convenio con ADIF. Este es un ejemplo clásico de la política de trinchera:
- Gestión como arma arrojadiza: En lugar de un debate técnico sobre si una rotonda es más eficiente que un puente, la discusión se traslada al terreno del bloqueo institucional. La «calidad» de la política se degrada cuando el objetivo no es la mejor solución de ingeniería o urbanismo, sino el desgaste del adversario.
- La retórica de la «altura de miras»: Se apela a la «altura de miras» solo cuando el otro bando bloquea, pero rara vez se aplica para generar consensos previos. Esto convierte la planificación urbana en un campo de batalla electoralista, donde los tiempos de las obras suelen coincidir sospechosamente con los ciclos de votación.
2. La ruptura del contrato social: Decisiones de arriba hacia abajo
El contrato social implica que los ciudadanos ceden soberanía y pagan impuestos a cambio de que el Estado gestione el bien común de forma eficaz y transparente. En este caso:
- Déficit democrático en el urbanismo: La noticia presenta los enlaces como algo ya «definido» y «concretado» entre administraciones (Junta y Ayuntamiento). El contrato social se debilita cuando el ciudadano siente que las transformaciones drásticas de su entorno (como eliminar un puente de la Ronda) se deciden en despachos sin mecanismos reales de participación o consulta.
- La sensación de «hechos consumados»: Cuando la política se limita a comunicar decisiones ya tomadas, el ciudadano deja de sentirse parte del proyecto de ciudad, convirtiéndose en un mero espectador (o sufridor) de las obras.
3. La distancia entre política y realidad: El mapa no es el territorio
Existe una brecha evidente entre la prioridad política y la vivencia cotidiana de los habitantes:
- Soluciones técnicas vs. Problemas reales: Mientras la política celebra la definición de una rotonda frente a Sumitomo, el ciudadano de a pie puede estar más preocupado por la falta de mantenimiento, la frecuencia de los autobuses o la pérdida del tren convencional (tema central en el conflicto de Cuenca con ADIF).
- La abstracción administrativa: La noticia menciona convenios, ADIF y protocolos. Para el político, el éxito es la firma del papel; para la realidad ciudadana, el éxito es que el trayecto al trabajo no sea un caos durante años de obras. La política suele vivir en el «anuncio», mientras que la realidad vive en la «ejecución» y el día a día.
La noticia refleja una forma de hacer política que prioriza la infraestructura física (el cemento) sobre la infraestructura social (la confianza). La sustitución de un puente por una rotonda es una metáfora casi perfecta: se busca simplificar el flujo, pero si no hay una visión de ciudad compartida con los vecinos, se corre el riesgo de que la política siga dando vueltas en círculo mientras la realidad ciudadana circula por una vía completamente distinta.
Para que el contrato social se restaure, la política debería dejar de ser una gestión de planos y convenios para convertirse en un ejercicio de escucha y resolución de las necesidades que los ciudadanos expresan, no solo de las que los técnicos y políticos deciden proyectar. ¡Toma nota Guijarro!