En toda ciudad hay dos relatos que conviven sin tocarse: el de los grandes proyectos que ocupan titulares y el de los espacios olvidados que, lejos de desaparecer, se degradan en silencio. Cuenca no es una excepción. Mientras el discurso institucional se centra en planes urbanísticos ambiciosos y en la transformación de zonas con alto valor estratégico, existe otra realidad menos visible —pero mucho más urgente— que atraviesa barrios periféricos y áreas limítrofes: el abandono de la antigua infraestructura ferroviaria.
Este problema, lejos de ser anecdótico, constituye un caso paradigmático de cómo la desatención administrativa, la fragmentación de responsabilidades y la lógica del interés inmobiliario pueden confluir para generar riesgos reales para la ciudadanía. Los documentos analizados —desde denuncias vecinales hasta informes técnicos y material divulgativo— dibujan una radiografía clara: no se trata solo de un problema de limpieza, sino de un fallo estructural en la gestión del espacio público.
El urbanismo del escaparate frente al urbanismo invisible
Uno de los elementos más reveladores que emerge del análisis es el contraste entre el centro urbano y la periferia. En el corazón de la ciudad se concentran las inversiones, los proyectos de regeneración y la narrativa del progreso. Sin embargo, en las zonas donde el suelo carece de interés inmobiliario, la lógica cambia radicalmente.
Como se describe en la transcripción del audio analizado, existe una especie de “economía de la atención urbana” donde los recursos públicos se orientan hacia aquello que genera retorno visible —económico, político o simbólico— mientras que los espacios sin valor inmediato quedan en una suerte de limbo administrativo . La antigua traza ferroviaria es el ejemplo más claro de este fenómeno: una infraestructura que, al dejar de ser útil desde el punto de vista del transporte, ha sido progresivamente excluida de las prioridades institucionales.
El resultado es un urbanismo de doble velocidad. Por un lado, el de los proyectos emblemáticos; por otro, el de los espacios abandonados que se convierten en focos de degradación. Y entre ambos, una brecha creciente que afecta directamente a la calidad de vida de los vecinos.
De infraestructura a riesgo: la anatomía del abandono
El deterioro de la “Plena Vía” no es simplemente una cuestión estética. Los documentos coinciden en señalar una cadena de efectos físicos que transforman estos espacios en amenazas reales. El primer eslabón es la acumulación de vegetación sin control. Hierbas secas de gran altura —en algunos casos superiores a los dos metros— actúan como combustible perfecto en un contexto climático cada vez más extremo.
Tal y como se explica en el dossier ciudadano, la combinación de vía desafectada, biomasa acumulada y residuos convierte estos tramos en escenarios de alto riesgo de incendio urbano . No es una hipótesis teórica: es una posibilidad tangible que pone en peligro viviendas colindantes.
A esta situación se suma la proliferación de vertederos ilegales. Electrodomésticos abandonados, escombros y mobiliario en desuso no solo agravan el riesgo de incendio, sino que introducen elementos de toxicidad ambiental. La degradación física del entorno se acompaña, además, de un deterioro social: aparición de plagas, sensación de inseguridad y pérdida de valor del entorno residencial .
Este proceso responde a una lógica bien conocida en el ámbito urbano: cuando un espacio deja de ser mantenido, envía una señal implícita de abandono que favorece comportamientos incívicos. Es la conocida teoría de las “ventanas rotas”, pero aplicada a gran escala.
El laberinto de responsabilidades: cuando nadie es responsable
Si el diagnóstico es claro, la cuestión clave es determinar quién debe actuar. Y aquí es donde el problema se complica.
Según la información recopilada, la titularidad de los terrenos sigue correspondiendo, en gran medida, a ADIF, salvo en aquellos casos donde se haya formalizado una cesión específica . Esto implica que, desde un punto de vista legal, la entidad ferroviaria mantiene la obligación de conservar, limpiar y garantizar la seguridad de estos espacios.
Sin embargo, el Ayuntamiento también juega un papel fundamental. Como administración competente en materia de disciplina urbanística y salud pública, tiene la capacidad —y la responsabilidad— de exigir el cumplimiento de estas obligaciones, e incluso de intervenir de forma subsidiaria en situaciones de riesgo.
El problema surge cuando esta doble competencia no se traduce en acción coordinada, sino en una dilución de responsabilidades. El resultado práctico es un bloqueo: ADIF no actúa con la diligencia necesaria y el Ayuntamiento no ejerce toda la presión legal de la que dispone.
El manual de intervención ciudadana es especialmente clarificador en este punto. En su esquema de responsabilidades (página 4), se detalla cómo ADIF es el propietario legal y responsable de la seguridad, mientras que el Ayuntamiento tiene la potestad de imponer medidas coercitivas para garantizar el mantenimiento . Es decir, el sistema jurídico contempla soluciones, pero estas no se están aplicando con la contundencia necesaria.
El riesgo de la cesión: trasladar el problema, no resolverlo
Uno de los aspectos más críticos señalados por los vecinos es el riesgo de que, en futuros acuerdos urbanísticos, el Ayuntamiento acepte la cesión de estos terrenos sin que se haya resuelto previamente su estado de abandono.
Esta posibilidad plantea un problema de fondo: la transferencia de responsabilidades sin la correspondiente reparación del daño acumulado. En términos prácticos, significaría que el coste de años de dejadez —limpieza, descontaminación, adecuación— recaería sobre las arcas municipales y, por tanto, sobre los ciudadanos.
El propio documento sobre responsabilidades advierte de esta situación, subrayando que los convenios actuales se centran en zonas con interés urbanístico, mientras que los tramos sin valor inmobiliario permanecen bajo titularidad de ADIF . Es decir, existe el riesgo de que se priorice la transformación de los espacios rentables, dejando sin resolver los problemas estructurales del resto.
Esta dinámica no es nueva. Forma parte de un modelo de desarrollo urbano en el que los beneficios se concentran y los costes se externalizan. Pero en este caso, las consecuencias son especialmente visibles y afectan directamente a la seguridad de los vecinos.
La movilización ciudadana: de la queja a la acción
Frente a esta situación, la respuesta vecinal ha ido más allá de la denuncia. El manual de intervención propone una estrategia concreta para desbloquear la inacción administrativa, basada en el uso inteligente de las herramientas legales disponibles.
El enfoque es claro: en lugar de dirigirse directamente a ADIF —un organismo de gran tamaño y difícil acceso—, se propone activar la “palanca local”. Es decir, obligar al Ayuntamiento a iniciar expedientes de disciplina urbanística que, a su vez, presionen a ADIF a cumplir sus obligaciones .
Este protocolo de actuación, descrito en varias fases (páginas 7 a 10 del dossier), incluye desde la presentación de instancias formales hasta la posibilidad de recurrir a instancias como el SEPRONA en casos de vertidos peligrosos . Se trata de una estrategia que revela una realidad incómoda: en ausencia de iniciativa institucional, son los propios ciudadanos quienes deben activar los mecanismos del sistema.
Esta situación plantea una pregunta de fondo: ¿hasta qué punto es razonable que la garantía de la seguridad pública dependa de la capacidad organizativa de los vecinos?
Más allá de Cuenca: un problema sistémico
Aunque el caso de Cuenca presenta características específicas, el fenómeno que describe es extrapolable a muchas otras ciudades. La gestión de infraestructuras en desuso, la fragmentación competencial y la priorización del interés económico sobre el bienestar ciudadano son problemas recurrentes en el urbanismo contemporáneo.
La antigua línea Tarancón-Cuenca-Utiel no es solo un vestigio del pasado ferroviario; es también un espejo de las contradicciones del presente. Representa la dificultad de las administraciones para gestionar lo que no genera beneficio inmediato, así como la tendencia a posponer decisiones incómodas.
Sin embargo, el tiempo no juega a favor. Como se señala en los documentos analizados, los espacios abandonados no permanecen neutrales: evolucionan hacia escenarios de mayor riesgo y mayor coste de intervención.
Conclusión: la urgencia de una responsabilidad compartida —y ejercida
El problema de la “Plena Vía” en Cuenca no es solo una cuestión técnica ni administrativa. Es, ante todo, una cuestión de responsabilidad política y de modelo de ciudad.
No basta con identificar quién es el titular legal o quién tiene la competencia formal. Lo relevante es quién actúa —y cuándo lo hace— para evitar que un problema conocido siga creciendo. La existencia de herramientas legales, protocolos de actuación y marcos competenciales no sirve de nada si no se traducen en decisiones concretas.
Cuenca se encuentra en un momento clave. Puede optar por seguir priorizando el urbanismo del escaparate, dejando que la periferia asuma los costes invisibles, o puede afrontar de manera decidida el problema del abandono ferroviario, exigiendo responsabilidades y actuando con anticipación.
Porque, al final, la verdadera medida de una ciudad no está en sus grandes proyectos, sino en su capacidad para cuidar los espacios que no salen en la foto. Y, sobre todo, en su compromiso con quienes viven en ellos.