En octubre de 2025, el debate sobre la vivienda sigue estando en primera línea de preocupación social y política. El acceso a un hogar digno se ha convertido en una auténtica prueba de fuego para el Estado y las autonomías, y los datos lo muestran con claridad.
Las políticas de vivienda impulsadas desde 2019 han enfrentado un doble desafío: la presión insostenible en las grandes ciudades y la pervivencia (casi crónica) de los desequilibrios territoriales. Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla concentran la mayor parte de la subida de precios, como ilustra el mapa actual: zonas rojas que se calientan año tras año, mientras que regiones enteras como Cuenca y la España rural parecen quedarse al margen de las soluciones efectivas.
El problema no es solo de precios, sino de oportunidades: la juventud rural tiene menor acceso a ayudas, la rehabilitación y la vivienda protegida avanzan lento y las iniciativas estatales y autonómicas no parecen ajustar bien sus resortes allí donde más urge.
En Castilla-La Mancha, hablar de vivienda es hablar de una contradicción permanente. En los pueblos, sobran casas vacías; en las ciudades, falta vivienda asequible. Mientras tanto, los precios suben, el alquiler se dispara y la construcción nueva sigue estancada en un laberinto de burocracia, suelo improductivo y políticas descoordinadas. El resultado es un cuello de botella que asfixia la movilidad social y económica en la región.
Las estadísticas engañan: Castilla-La Mancha es una de las comunidades con mayor número de viviendas por habitante de España. Pero ese dato oculta la realidad de un parque envejecido, disperso y en gran parte deshabitado. Decenas de miles de casas en los cascos antiguos de Cuenca, Toledo o Guadalajara se pudren lentamente, sin incentivos para su rehabilitación. En los municipios rurales, muchas viviendas se cerraron hace décadas, convertidas hoy en símbolo de la despoblación.
En cambio, en las zonas con empleo y servicios —Corredor del Henares, entorno de Toledo, ejes industriales de Ciudad Real o La Sagra— la presión demográfica choca con la escasez de suelo urbanizable y con una promoción privada que construye poco y caro.
El acceso a la vivienda se ha convertido en el mayor obstáculo para la emancipación juvenil en Castilla-La Mancha. Los salarios siguen siendo bajos, el empleo precario y las hipotecas, más restrictivas. El alquiler tampoco ofrece respiro: en Guadalajara o Toledo capital, los precios son comparables ya a los del cinturón madrileño, sin que los servicios o las oportunidades acompañen.
Los programas públicos de vivienda joven o de ayudas al alquiler llegan tarde, mal y a cuentagotas. La Junta anuncia planes, pero apenas se ejecutan promociones públicas o cooperativas que ofrezcan una alternativa real al mercado especulativo.
Durante años, Castilla-La Mancha fue laboratorio de vivienda protegida. Hoy, ese modelo se ha diluido entre la falta de inversión y la externalización. La empresa pública GICAMAN se ha convertido más en una gestora patrimonial que en un verdadero motor de política habitacional. No hay suelo preparado, no hay coordinación entre administraciones y los ayuntamientos carecen de músculo técnico y financiero para impulsar proyectos. El resultado es un mercado dual: vivienda nueva para clases medias-altas y ruina rural para el resto.
El futuro de la vivienda en Castilla-La Mancha no pasa por levantar más ladrillos, sino por rehabilitar, reconvertir y reequilibrar. Existen fondos europeos y programas estatales para ello, pero la región no ha sabido articular una estrategia territorial eficaz. Se necesitan consorcios públicos que faciliten la rehabilitación integral de los cascos históricos, incentivos fiscales reales para quien restaure vivienda rural y alianzas con el sector privado para crear vivienda de alquiler asequible.
El problema de la vivienda en Castilla-La Mancha no es técnico: es político. Requiere decisión, planificación y visión a largo plazo. No bastan los anuncios ni las fotos de obras aisladas. Sin una política integral que conecte vivienda, empleo, transporte y desarrollo rural, la región seguirá atrapada entre el abandono y la especulación. El resultado es un territorio con una enorme oferta potencial de vivienda, pero sin demanda efectiva ni políticas integradas de repoblación.
Cuenca: la provincia donde sobran casas vacías y faltan hogares vivos
Cuenca capital simboliza muchas de estas tensiones. Su casco histórico, Patrimonio de la Humanidad, sufre un progresivo abandono residencial, mientras que los barrios nuevos concentran la mayoría de la vida urbana. El problema no es solo de vivienda, sino de modelo de ciudad.
La falta de incentivos para rehabilitar, la ausencia de vivienda adaptada a jóvenes o mayores y la rigidez del mercado del alquiler son obstáculos que frenan el retorno y la permanencia. En paralelo, en la provincia, pequeñas localidades como Priego, Mota del Cuervo o San Clemente buscan fórmulas creativas para atraer nuevos habitantes, desde la cesión de viviendas municipales hasta proyectos cooperativos o de turismo rural.
En Cuenca hay más llaves guardadas que puertas abiertas. Pueblos enteros con viviendas cerradas… y jóvenes que no pueden pagar un alquiler en la capital. La clave está en conectar la vivienda con la vida: empleo, servicios, conectividad y oportunidades. Sin esos pilares, ningún plan de ayudas podrá revertir la tendencia demográfica ni atraer nuevos residentes.
💬 Paradoja conquense:
— Miles de casas vacías en los pueblos.
— Alquileres por las nubes en Cuenca ciudad.
— Suelo público sin mover.
— Promesas sin cumplir.
El resultado: una provincia que se vacía mientras encarece lo poco que queda vivo. Cuenca no necesita más anuncios, necesita acción:
✔️ Rehabilitar lo abandonado.
✔️ Incentivar el alquiler asequible.
✔️ Facilitar cooperativas y vivienda joven.
✔️ Conectar vivienda, empleo y transporte.
Cuenca vive una paradoja que retrata la enfermedad profunda de esta tierra: sobran casas, pero faltan hogares. Las fachadas callan lo que la política no quiere escuchar. En los pueblos, viviendas cerradas desde hace décadas se hunden entre zarzas. En la capital, los alquileres se disparan, el suelo se bloquea y los jóvenes se marchan. No por falta de ganas, sino por falta de techo.
El discurso oficial habla de “planes” y “estrategias”, pero la realidad es que Cuenca no tiene una política de vivienda viva. Ni rehabilitación eficaz, ni suelo público activado, ni incentivos claros para recuperar el patrimonio que se pudre calle a calle.
Cuenca necesita un plan valiente, no un folleto electoral. Plan ignorado por las autoridades provinciales y autonómicas, diseñado para rehabilitar, repoblar y reactivar el hábitat, con el objetivo de dar vida donde hoy solo quedan llaves oxidadas. Cada casa vacía es un espejo del fracaso político y moral de una provincia que aún puede —y debe— despertar.
El plan que aquí se propone ha de ajustarse a la realidad. Más allá de los números, la materialidad objetiva se impone: mientras en Castilla-La Mancha el precio medio de alquiler ronda los 6,7 €/m², en Cuenca es de apenas 5 €/m². No obstante, el volumen de vivienda protegida, las ayudas a jóvenes y la rehabilitación energética en la provincia quedan muy lejos de la media regional.
Las políticas no pueden juzgarse solo por el volumen invertido, sino por su eficacia en los territorios menos favorecidos. La vivienda protegida debe llegar y adaptarse a la escala humana de lugares como Cuenca, y las ayudas deben tener criterios diferenciados para el mundo rural, ciñéndose a cada uno de sus pasos a cuatro grandes propuestas:
- Es urgente una política de vivienda más territorializada y flexible.
- Las cifras demuestran la necesidad de revisar los criterios de reparto y acceso a ayudas.
- La rehabilitación energética, hoy marcadamente urbana, debe expandirse al rural, donde la despoblación acentúa la vulnerabilidad habitacional.
- Apostar por vivienda asequible y fomento del alquiler social debe ser eje transversal, especialmente allí donde los jóvenes marchan por falta de oportunidades.
La vivienda es el primer escalón de la igualdad social. Si Cuenca y sus comarcas rurales quedan fuera del foco, España seguirá siendo el país de las dos velocidades habitacionales. Y con ello, de desigualdades cada vez más enquistadas.