La diputada de UPyD ha asegurado que los Presupuestos para 2011 llegan "viciados" por el acuerdo entre PSOE y PNV para aprobar unas cuentas que consagran un "Estado residual" que continúa avanzando en su propio desmantelamiento para seguir en un "caos autonómico" que perjudica a los ciudadanos.
Durante su intervención en el debate de totalidad de las cuentas públicas para el próximo año ante el Pleno del Congreso, Díez ha señalado que las cuentas están marcadas por "la excepción vasca", que refleja la "chapuza considerable" que, a su entender, ha supuesto el traspaso de transferencias, en especial en materia de bonificaciones a la contratación porque, según ha denunciado, beneficia a los parados del País Vasco en detrimento de los del resto del conjunto del Estado.
"Debe de ser duro explicar que se paga el alquiler de la Moncloa con el dinero de los parados", ha remarcado Díez, que ve "insólito" que la Comisión Europea tenga más control sobre política económica española que el que el Gobierno ejerce sobre las 17 comunidades autónomas.
En este punto, la portavoz nacional de UPyD ha apostado por recortar "despilfarros y duplicidades" en las administraciones territoriales, aplicando el principio de "déficit cero" a todos los niveles de la administración.
"Lo que usted llama el Estado residual no es más que el desarrollo del Estado de las Autonomías con base en la Constitución", le ha replicado la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, negando que haya diferencias en las inversiones entre comunidades autónomas.
Asimismo, ha asegurado que no concibe por qué Díez llama a un acuerdo que desarrolla el Estatuto de Guernica "excepción vasca" cuando sigue el guión marcado en 1995 por una revolución del Parlamento vasco y que, además, ha recordado, la propia Díez apoyó como consejera socialista del Ejecutivo vasco, al igual que el PP.
"Todo el mundo tiene derecho a cambiar. Usted es un ejemplo", le ha espetado, añadiendo a renglón seguido que los acuerdos son "una expresión pura" de la democracia y "no rompen" la caja única de la Seguridad Social, mientras que el traspaso de las políticas activas de empleo "es igual" al que se ha llevado a cabo para otras comunidades.