| Francisco Sosa Wagner | |
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(Publicado en El blog de esPublico, aquí)
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 Debemos aprovechar la ocasión que brinda la manifestación que ha tenido lugar en Andalucía de miles de funcionarios pidiendo una Administración neutral y apolítica para recordar principios básicos que parecen eclipsarse. Lo de Andalucía no es además un fenómeno aislado. Antes al contrario, a mí me llegan desde todos los rincones de España denuncias graves que ponen de relieve hasta qué punto se está desmoronando nuestra función pública.
La alegría -y la ignorancia- con la que algunos empiezan a defender el fin de la inamovilidad de los funcionarios públicos produce escalofríos. Era lo único que nos faltaba. Pero más alarma produce defenderla y luego escamotearla a través de la creación de sociedades, fundaciones, organismos y otras miasmas que convierten al personal de las Administraciones en rehén de quienes ostentan el poder político. Ha sido muy difícil históricamente llegar a disponer de personal técnicamente cualificado. De la venta de oficios, propia del Antiguo Régimen, se pasó a un sistema de elección en los comienzos de la revolución liberal. Los empleos municipales fueron precisamente un ejemplo de ello a partir de la obra de los doceañistas. El esfuerzo de algunas mentes lúcidas, ya en el siglo XIX, fue construyendo el camino hacia la profesionalidad entre los servidores del Estado. Nombres como los de José Posada Herrera, quien se lamentaba de que el ministro tuviera que vivir aherrojado “entre el expediente y el pretendiente”, o el de Juan Bravo Murillo han de ser inscritos entre los defensores de una Administración pública edificada sobre la neutralidad de la técnica y la imparcialidad de los conocimientos. Aunque pocos logros consiguieron. Ya en el siglo XX es Antonio Maura quien instaura prácticas tímidas destinadas a obstaculizar el recurso al “cese” fulminante cuando había un cambio político. En la inolvidable novela de Pérez Galdós “Miau” se hace un retrato demoledor de esa sociedad en la que el empleado público vivía atemorizado por los vaivenes de la política, por pequeños que estos fueran. La II República, que algunos tanto añoran en la actualidad, apenas si se ocupó de la función pública y fueron precisamente los secretarios e interventores quienes sufrieron sucesivas y gravísimas “depuraciones” al hilo de las mudanzas que propiciaron, primero las elecciones de 1933 (con un Partido Radical ávido de cargos en pueblos y villas) y luego las de febrero de 1936 (con un Frente popular dispuesto a la revancha sin contemplaciones). En mi libro “Juristas en la Segunda República” (2009) he tratado de probar estas afirmaciones. En la dictadura de Franco se pasa de la politización extrema (depuraciones y fusilamientos) a lo que se ha llamado el “enfriamiento tecnocrático”, esto es, un intento de despolitización y profesionalización, en parte logrado. La democracia no ha sabido dar con su propio modelo, llenos como estaban algunos partidos políticos y no digamos los sindicatos de prejuicios hacia los funcionarios. Se abre entonces la vía -pronto generalizada- de la laboralización que permitió contratar sin pruebas públicas a miles de empleados. Tenemos un Estatuto aprobado por ley y se nos ha amenazado con 17 leyes de funcionarios, una por Comunidad autónoma. Mayor festín legal es imposible. Pero la perversión más peligrosa viene ahora por el camino de los entes instrumentales al servicio de las Administraciones y al servicio del clientelismo descarado que se practica desde la esfera política. La bandera a levantar es muy clara y está fijada en la Constitución: principio de mérito y capacidad. Reglados los ingresos, los ascensos, las retribuciones… Cuanto menor sea la discrecionalidad en este ámbito, mejor. Y la igualdad de los ciudadanos a la hora de acceder a un puesto público en el frontispicio. No hay nada que inventar. Todo consiste en ser consecuente con los principios constitucionales. Algo tan simple pero, a lo que se ve, tan difícil… |