Los 'lobbies', además de necesarios, deben ser jurídicamente reconocibles. La Ley de Transparencia se quedará a medio camino si no se mira en el espejo europeo y regula la actividad de los grupos de interés
Joan Navarro / Javier Cremades / Emilio Ontiveros / Jordi Sevilla / Carlos Solchaga (Publicado en El País, aquí)
ENRIQUE FLORES
Decía Truman que una de las principales virtudes de la democracia es que “sus
defectos son siempre visibles, pueden señalarse y corregirse”. Harry S. Truman
fue un líder criticado, con una popularidad en mínimos históricos y una
Administración fuertemente cuestionada por no pocos casos de corrupción. No
obstante, en plena crisis de posguerra, Truman y otros líderes democráticos de
su época se empeñaron en renovar el contrato social y comprometer una mayor
transparencia en la gestión.
El Congreso norteamericano, bajo su mandato, decidió poner coto a los hombres
de negocios que, con más o menos frecuencia, acudían al Parlamento a compartir
sus puntos de vista sobre una u otra normativa. Para ello, alguien inventó un
registro que permitiese contrastar quién representaba qué y cuánto cobraba por
ello. Algo aparentemente sencillo, si bien entonces, y aún hoy, revolucionario.
Gracias a la Federal Regulation of Lobbying Act (1946), el proceso de
representación de los intereses económicos y sociales en los procesos
legislativos sería el mismo pero, al menos formalmente, sometido a luz y
taquígrafos.
Mucho ha llovido hasta llegar, en feliz expresión de Gutiérrez-Rubí, a
nuestra “política vigilada”. “Una sociedad decepcionada, crítica y muy
informada” que con el apoyo de tecnologías de la información y una cultura
política que, si no mayor, sí al menos está más extendida, exige mayor
transparencia y control sobre las instituciones y los responsables públicos. Hoy
la legitimidad para gobernar que emana de las urnas se agota con rapidez, no
solo cuando la eficacia de las políticas desaparece, sino cuando estas se
realizan a la sombra y sin contar con la opinión, cada vez más exigente, de los
administrados.
Con estas exigencias, no es que la corrupción cese pero, al menos, es más
difícil de ocultar. Pero si han aumentado las dificultades para ocultar una
noticia, también son más complejos los accesos a fuentes de información
relevantes y mayor el peso de la economía y los intereses particulares en la
conformación del interés general.
Tanto es así que todos nuestros partidos políticos llevan en su cartera de
promesas una buena ley de transparencia, sea esto lo que fuere, y así como el
Gobierno anterior, tras ocho años, llegó a aprobar un anteproyecto, el actual
tramita ya un proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Buen Gobierno que, como toda norma que se precie, es tanto lo que incorpora
como lo que deja fuera, y nada dice de esa actividad tan cotidiana en nuestras
democracias como es la representación de intereses.
El Tratado de Lisboa buscó un justo equilibrio entre representación y
participación y expone en su artículo 11 que las instituciones comunitarias
“establecerán los cauces necesarios” para “mantener un diálogo abierto,
transparente y regular con las asociaciones representativas y la sociedad
civil”, además de comprometer “amplias consultas con las partes
interesadas”.
La Comisión Europea, a través de la Iniciativa por la Transparencia (2006),
definió la representación de intereses como “las actividades realizadas con el
objetivo de influir en la formulación de políticas y los procesos de toma de
decisiones”, y el Parlamento Europeo considera “un derecho fundamental que los
representantes de la sociedad civil y las empresas tengan acceso a las
instituciones para trasladar sus intereses, recabar información, defender su
situación o solicitar cambios en la normativa que les afecta”.
Países como Alemania, Francia o Polonia o, fuera de la Unión, Canadá, Taiwán,
Israel y, más recientemente, Chile, decidieron incorporar a sus ordenamientos
algunas de las medidas aplicadas con éxito en el complicado entramado
comunitario, que reconoce que los grupos de interés “desempeñan un papel
esencial en el diálogo abierto y pluralista en que se basa un régimen
democrático, y constituyen una importante fuente de información para los
diputados en el marco del ejercicio de su mandato”. Bruselas presume hoy de un
registro voluntario, común al Parlamento y la Comisión, en el que los
representantes de intereses económicos y sociales facilitan algunos datos
básicos de facturación y se comprometen con el cumplimiento de unas normas de
conducta comunes y públicas. Actualmente, 5.496 organizaciones —sindicatos,
patronales, ecologistas, organizaciones religiosas u ONG— hacen lobby en la
Unión Europea y, gracias a este registro, participan en el proceso normativo de
una forma abierta y transparente, pues todos podemos conocer quiénes son, qué
intereses defienden y cuánto perciben por ello consultándolo, simplemente, desde
nuestro ordenador.
España no puede permitirse el lujo de aplazar medidas que dignifiquen nuestra
democracia. El proyecto de ley que tramita el Congreso es la norma adecuada, en
el momento justo, para incorporar a la legislación y a las prácticas españolas
las mejores experiencias comunitarias, también en materia de grupos de interés.
Registro, código de conducta y acceso público a las agendas de los altos cargos
son algunas de las propuestas a debate.
Pero, además, el Congreso debate si la Ley de Transparencia debe regular no
solo Administraciones públicas sino también partidos políticos y sindicatos.
¿Como dejar fuera de esta ley la relación entre Administraciones y políticos y
las empresas y organizaciones sociales que legítimamente pretenden participar en
la mejora de la legislación y, por tanto, de nuestro ordenamiento jurídico y
nuestra convivencia? Es precisamente sobre esta relación sobre la que hay que
poner luz. Deben existir más cauces transparentes para, entre otros motivos,
reducir los cauces que no lo son, para dificultar en lo posible prácticas
tristemente extendidas y que solo pueden realizarse al amparo del anonimato.
Una ley no elimina por sí sola las malas prácticas, pero puede dificultarlas,
aumentando los controles e incrementando las sanciones. Además, debe establecer
cauces adecuados, públicos y conocidos e impedir que comportamientos legítimos
queden bajo la misma sospecha de los que no lo son.
Un grupo de firmas de consultoría y despachos jurídicos, que no representamos
intereses, pero trabajamos profesionalmente para quienes legítimamente sí lo
hacen, queremos trasladar públicamente al Ministerio de la Presidencia y a los
grupos parlamentarios nuestra propuesta de que nuestro ordenamiento jurídico
recoja la misma definición que Comisión y Parlamento Europeo hacen de los grupos
de interés y su función en la conformación de las políticas públicas,
incorporando una mayor transparencia en procesos legislativos y de toma de
decisiones.
La Comisión Constitucional del Congreso analiza estos días el texto propuesto
por el Gobierno y escucha a representantes de la sociedad civil y expertos en
cada una de las áreas que la norma pretende legislar, mejorando su redacción y
alcance, incrementando los derechos ciudadanos y buscando un justo equilibrio
entre las legítimas aspiraciones de acceso a la información pública y
transparencia y las necesidades de protección de datos que las instituciones
deben preservar. Previamente, el Gobierno ensayó un novedoso proceso de consulta
abierta a todos los ciudadanos, proceso tradicionalmente reservado a los órganos
consultivos del Estado. La falta de experiencia y, sobre todo, la falta de
cultura política a la hora de “rendir cuentas” de los resultados de la consulta
han generado más fustración que apoyo.
Lo podemos hacer mejor y necesitamos hacerlo mejor. Truman supo entender, en
momentos tan difíciles o más que los actuales, que la democracia se alimenta de
democracia, por lo que su vieja receta, al margen de consideraciones éticas
sobre gobernantes y gobernados y en castiza expresión de Antonio Maura, “yo,
para gobernar, no necesito más que luz y taquígrafos”, es hoy más necesaria que
nunca.
Joan Navarro, Javier Cremades, Emilio Ontiveros, Jordi
Sevilla y Carlos Solchaga son miembros del Foro por la
Transparencia.