«Los abusos son todos compadres unos de otros y viven de la protección que mutuamente se prestan» (Pío Baroja)
Dejando aparte el lamentable espectáculo que nos están dando los jueces de la Audiencia Nacional, señores Ruz y Gómez Bermúdez, peleándose a cara de perro por hacerse cargo de un caso que creen que puede prestigiarlos, un caso que, seguramente, para el juez Bermúdez le proporcionaría la posibilidad de mostrar su odio y antipatía hacia el PP; formación que, a mi entender, si llegara el caso de que, éste último, se hiciera con el asunto Bárcenas, estaría en condiciones de pedir la abstención o ,en su caso, la recusación de dicho juez, por incurrir en el supuesto de enemistad manifiesta o por tener interés directo o indirecto en el pleito (causas previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial) como parece se puede deducir del extraordinario interés, algo fuera de lo común, que está poniendo en quedarse con la tramitación de esta denuncia. Hemos entrado en una fase en la que la crisis se viene solapando con innumerables casos de podredumbre política que hacen que, cada vez, la atmósfera nauseabunda de la corrupción se haga más irrespirable para los cuitados ciudadanos de este país.
Lo cierto es que no hay institución en España, desde la monarquía, que se encuentra en una posición lamentable e insostenible, con el rocambolesco tema de la señora Corina Zu Sayn-Wittgestein; un culebrón que parece que no han conseguido aminorar los continuos esfuerzos de la Casa Real para ocultarlo o, al menos, minimizarlo (un affaire que, de paso, viene poniendo en compromiso tanto al actual gobierno del PP como al anterior del PSOE que, con poca fortuna, parecen empeñados en tirar tierra sobre él), hasta la mayoría de las instituciones, empezando por la Administración de Justicia, los Sindicatos, el Gobierno, la oposición, los partidos políticos y los gobiernos autonómicos; sin que ninguno de ellos se haya librado de escándalos, corruptelas, desvíos de capitales o casos de tráfico de influencias, como se viene demostrando, cada día, por las noticias que nos llegan a través de la prensa o las TV.
Una situación que está provocando que, la ciudadanía, se vaya sintiendo más decepcionada, más desmoralizada, más irritada y más distanciada de la clase política; de la que piensa que, en lugar de defender los intereses del pueblo español se dedica a luchar por el poder, mirar por sus propios beneficios y olvidarse de que, el país está al borde del abismo, si no se reacciona pronto y se toman las medidas precisas para acabar con este caos de tipo social y con el desempleo galopante que no tiene visos de detenerse. Lo que es evidente es que, sea por la causa que sea, ya porque la UE no parece que acierte en sus decisiones o porque el tiempo de los recortes tiene que terminar en algún momento y comenzar la época de la recuperación o porque los ciudadanos ya han llegado al tope de su paciencia y están empezando a impacientarse ante tantas rectificaciones, improvisaciones y pifiadas con la que cada día tienen que enfrentarse; debido a la incapacidad de nuestros dirigentes; ha llegado el momento en el que nuestro Gobierno y Bruselas tienen que empezar a tomar conciencia de que no puede seguir por el camino de la presión sobre el ciudadano y se deben encontrar otras salidas para que sean otras las instituciones que deban apretarse el cinturón..
No se si es un dato muy conocido, pero lo cierto es que, durante el pasado 2012, el número de familias y empresas en quiebra subieron un 27%. En total fueron 8.726 los deudores concursados y, de entre ellos, las empresas concursadas tenían una antigüedad de 20 o más años. Un dato muy preocupante, por lo que denota la degradación de nuestro tejido económico, que no parece que haya experimentado mejora alguna y, sin embargo, se ha visto obligado a soportar las alzas de tarifas eléctricas, de gas, combustibles, el pago de mayores impuestos, entre ellos la subida del IVA; la falta creciente de la demanda y la dificultad de conseguir crédito de las entidades bancarias, con sus problemas de liquidez y la obligación de hacer provisión de fondos para cubrir la devaluación de sus activos inmobiliarios.
Hace apenas unos días un nuevo sobresalto, esta vez a causa de la difícil situación de Chipre, que ha puesto en alarma a todos los ciudadanos de la UE cuando Bruselas parece que exigió al gobierno de la isla la incautación, no se lo puede calificar de otra manera, de los depósitos bancarios de los chipriotas. Un error de bulto de los economistas y parece ser de la propia señora Merkel, que pone en cuestión la inviolabilidad de las cuentas de las personas; se establece a la brava un impuesto de un 10% y un 7’6% respectivamente sobre depósitos de 100.000 y los menores, todo el esquema que los ciudadanos de a pie tenía formado de sus derechos y de la seguridad del dinero que tenía depositados en los bancos, sólo para mantenerlo en sitio seguro, se han desmoronado y la inquietud, la desconfianza, la incertidumbre y los atisbos de pánico, han puesto en cuarentena todos los mensajes que, improvisados, deslavazados y evidentemente precipitados, han tenido que lanzar los máximos responsables de cada nación, para evitar que una avalancha de impositores colapsaran los bancos pidiendo la devolución de sus dineros.
Y en estas que hoy, don Cristóbal Montoso, haciendo gala de una «oportunidad cuestionable; demostrando su falta de sensibilidad; repicando el badajo de la misma campana que sonó en Chipre, con terquedad inusitada y jugándole una mala jugada a su partido; nos ha anunciado un nuevo impuesto sobre los depósitos bancarios que parece deberán abonar los bancos. No es que sean cantidades elevadas (se habla de entre un 0’1 y el 0’2%) pero hace que llueva sobre mojado, de modo que si los ciudadanos ya estábamos alertados y en guardia ante lo que se anunciaba en Chipre, la ocurrencia del señor Montoso no ha hecho más que confirmarnos, una vez más, de que, cuando se habla de derechos de los ciudadanos, no se hace más que engañarnos. De nuevo se incurre en algo que, por si sólo, es capaz de hacer que la desconfianza hacia quien nos gobierna se incremente y que, hasta los que más confiábamos en un cambio radical de política con la llegada del PP, con una reestructuración a fondo del aparato Estatal; con un recorte drástico de funcionarios; con un apoyo a los empresarios que les permitiese invertir y dar trabajo; con que se usara la amplia mayoría para acabar, de una vez, con los privilegios de algunos y poner orden en las autonomías secesionistas sin contemplaciones ni miedos; hemos acabado, señores, por sucumbir al pesimismo, pensando que nada ha cambiado y que las promesas que se nos hicieron se han ido por el desagüe del politiqueo, de las cesiones, de los miedos y las concesiones.
Lo que pretende el señor Montoro, aunque el impacto pueda ser mínimo, no es más que establecer un precedente, abrir un camino e imponer un nuevo gravamen que, en cualquier momento, puede incrementarse y surtir efecto sobre unas cuentas privadas en las que la mayoría de los ciudadanos guardan sus ahorros o el capital que necesitan para el funcionamiento de sus empresas; algo que ya se ha gravado por varios impuestos (IRPF; IS etc.). Sin duda, se trata de un impuesto confiscatorio sobre el patrimonio de los españoles, un nuevo agravio a los ciudadanos y una arbitrariedad del poder. Así es, señores, como lo veo desde mi indignación.
Miguel Massanet Bosch