Una alternativa fiscal

Los indicios que el Gobierno ofrece en su reciente Plan de Estabilidad no son alentadores. Parte de la suposición de que el modesto crecimiento económico previsible a corto plazo elevará los ingresos. Aunque tal cosa sucediera, ese aumento sería insuficiente para atender los costes de la crisis y de la deuda. Propone rebajas impositivas por un volumen aproximado de 2.500 millones —cuando las subidas fiscales en la legislatura superan los 30.000 millones—, aplicadas además de forma inorgánica y poco productiva.

La reforma fiscal que España necesita no es una rebaja oportunista de impuestos para recoger votos. Una obligación inexcusable de esa reforma debería ser la de repartir la carga fiscal de forma más equilibrada entre asalariados por una parte, que son los que soportan el mayor peso relativo, y autónomos y profesionales por otra. Es conveniente, por supuesto, reducir el marginal del impuesto sobre la renta, siempre que se coordine con esa redistribución fiscal más justa. El informe de la comisión de expertos fiscales proponía reducir el impuesto de sociedades a cambio de eliminar las desgravaciones del tributo. Es un propósito loable que debería aplicarse con rapidez. Proporcionaría recursos a la Hacienda pública y aliviaría la crítica generalizada de que algunas empresas disfrutan de un paraíso fiscal dentro de las fronteras españolas.

Parece evidente, y en eso no se puede criticar al Gobierno, que los impuestos especiales y los llamados verdes deben subir a medio plazo, no solo para aportar más recaudación, sino para corregir excesos de consumo o de contaminación. Pero la pieza decisiva de cualquier reforma fiscal inmediata es el IVA. El impuesto español ocupa los últimos lugares en recaudación en la Unión Europea y la OCDE. Debe rendir más —las reticencias por su impacto sobre la inflación no se sostienen en un periodo de práctica congelación de precios— y hay que simplificar sus tipos, de forma que los ingresos obtenidos se aproximen a los que se lograrían con el tipo más alto.

El reequilibrio fiscal quedaría incompleto si no se reduce la defraudación. El problema, hay que insistir en ello, no es el fraude de los declarantes sino las bases imponibles ocultas de los defraudadores. La Agencia Tributaria tiene que orientar su actividad hacia el dinero negro y no centrarse exclusivamente en las declaraciones de los asalariados.