Mientras el país parece seguir en la inopia y completamente ajeno al, cada vez, más evidente y preocupante avance del separatismo catalán; mientras el Gobierno ha encontrado un respiro en lo que se ha constituido en el principal acontecimiento nacional, la abdicación de SM. el Rey don Juan Carlos I y los socialistas siguen desaparecidos, sumidos en uno de los peores momentos de toda su historia, perdidos entre el nacionalismo catalán y sus raíces históricas como españoles de izquierdas, sin una dirección que sea capaz de poner orden entre ellos y víctimas de sus propios errores; mientras, el PP, sigue perdiendo sus señales de identidad, convertido en uno más de los partidos políticos que actúan según lo que más les conviene en cada momento; de modo que, una formación de antecedentes liberales, partidaria de favorecer la libertad de la iniciativa privada privada, de reducir las trabas legales al libre comercio y de rebajar los impuestos y las cargas a las empresas, para que puedan competir en las mejores condiciones posibles con sus homólogas en el extranjero, amén de defensora a ultranza del respeto por las leyes y la autoridad y ferviente guardiana de la unidad de España; de pronto, como si hubieran perdido la razón, da un viraje hacia no se sabe que objetivo, empieza a agobiar a los ciudadanos con impuestos, a pastelear con los separatistas, a olvidarse de que tiene mayoría absoluta en las dos cámaras y de que dispone de una Constitución que le proporciona los medios para acabar con cualquiera amenaza, interna o externa, que amenace la unidad de la patria y el bienestar de los españoles.
Entre tanto, de forma incomprensible, nuestro Gobierno sigue en su actitud inmovilista, como si no tuviera nada que decir ante la actitud cada vez más insurrecta y amenazante de los políticos catalanes; convertido en un Don Tancredo ante las múltiples acusaciones de corrupción de su partido; empeñado en mantener una actitud servil y defensiva ante los ataques de la oposición, cada vez más envalentonada y agresiva y, como colofón, consintiendo que el poder Judicial se haya convertido en uno de los problemas para los españoles, empeñado en ser él quien diga qué leyes quiere aplicar y cuales no le gusta hacerlo; con lo cual da la impresión de que, los tres poderes independientes de toda democracia, en el caso español, han quedado diluidos de modo que uno no sabe si la política es la que influye en la forma de aplicar las leyes o si los jueces deciden cuales son las que interesa aplicar y, en todo caso, como hacerlo; al tiempo que el poder legislativo se ha transformado en una caja de grillos, sólo preocupado en que, desde las bancadas, unos parlamentarios se dediquen a insultar y acusar a los otros mientras que, a la vez, son insultados y amenazados por los otros.
Así es como el pueblo español asiste impotente a contemplar, desde la barrera, como se van denigrando las instituciones sin que, ni el Gobierno se ocupe de mantener el orden y la seguridad de los españoles ni las Cortes cumplan con su función de legislar para que aquellos que tienen la obligación de hacer cumplir las leyes no puedan obstaculizar el correcto funcionamiento de la Justicia, ni el desorden creado por los terroristas callejeros pueda interferir en el mantenimiento de la autoridad y el cumplimiento de las sentencias y normas de conducta, actuando con la eficacia y contundencia adecuada a los daños y las provocaciones de quienes se quieren apoderar del poder por medios anticonstitucionales.
Resulta señores que, en este país, hay personajes que parece que tienen patente de corso, a los que les sale gratis ir en contra de la legalidad vigente y al mismo tiempo beneficiarse de la abulia de las instituciones. Veamos el caso de Catalunya, una autonomía que ya no se esconde en su rebeldía contra las leyes, la Constitución y el Gobierno españoles; de modo que aquí ni se cumplen las sentencias, ni se siguen las normas dictadas por el Ejecutivo ni, mucho menos, se dedican las ayudas que se les dan , sean del FLA, de las financiación del Estado o de otro tipo de adelantos o subvenciones para los fines para los que se concedieron, sino que se usan para ir financiando una serie de organismo, creados por la Generalitat, para ir preparando las instituciones separatistas y los organismo que se deberán hacer cargo del nuevo "estado" catalán, cuando el 9N se celebre la consulta que, el señor Rajoy y los suyos, dicen que no tendrá lugar pero no hacen nada para evitar que ello ocurra.
La TV1 ha estado pagando importantes cantidades a sujetos como el señor Andreu Buenafuente o el señor Angel Llácer , para que pudieran poner en marcha programas de entretenimiento en el ente público; aportaciones que, como todo lo que se paga en la TV1, proceden de los Presupuestos Generales del Estado o sea de los bolsillos de todos los españoles. Pues bien, estos dos señores, con toda la cara dura del mundo no han tenido empacho en participar en un video, impulsado por una plataforma separatista dependiente de Omnium Cultural, en el que diversas personalidades catalanas piden la celebración de la consulta nacionalista. ¿Tan difícil sería que, como ya hicieron durante el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero con los artistas de derechas, ahora, a estos que se declaran en contra de las leyes españolas, se les privara de intervenir en las cadenas nacionales? Y es que en este país a todos los que se manifiestan en contra del Estado, del gobierno o de las instituciones de las que nos hemos dotado, les sale gratis si es que no acaban saliendo beneficiados de su rebeldía.
Otro caso que nos demuestra hasta que punto en España existe un verdadero complot contra la derecha. Las televisiones, si no todas, la mayoría de ellas; se han convertido, juntamente con la mayoría de la prensa izquierdista, en verdaderos propagandistas de esta tendencia, apenas iniciada, del señor Pablo Iglesias, un joven que empezó por participar (no sabemos quien fue el que lo introdujo) en algunas tertulias televisivas. Suponemos que esto se justificará en el famoso pluralismo de ideas; algo que, sin embargo, en cuanto se trata de programas como el de la señora María Casado en su programa de la TV1 y ya no hablemos de este otro Robespierre de la Cadena 4, Jesús Cintora, que introducen cuatro o cinco de los periodistas o comentaristas de su vena política (la izquierda) por cada tertuliano de tendencia de centro o derecha.
Pues este señor, seguramente porque sus opiniones chocan de frente con la de los economistas que hoy están en puestos determinantes de la OCDE, en el Parlamento Europeo, en el FMI o en el BCE o el BEI ( seguramente estarán todos equivocados), está consiguiendo lo que, si se lo hubiera tenido que ganar en mítines en la calle hubiera pasado años en conseguirlo, una propaganda gratuita que no sabemos si forma parte del contubernio de la izquierda extrema o de la inconsciencia de los directivos de dichos medios que, obsesionados por conseguir cuotas altas de audiencia, no paran mientes en la responsabilidad que están asumiendo al dar pábulo a que ideas obsoletas, desacreditadas y que han llevado a muchos países a la banca rota; consigan difundirse gracias a la plataforma que se le proporciona a este hábil sujeto.
Tenemos la impresión de que a quienes corresponde velar por los españoles y evitar que en España se introduzcan ideas nefastas para el país, se les está yendo de las manos el control de los acontecimientos lo que, si es cierto, puede ser la peor noticia para España y los españoles. O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, vemos con inquietud el desconcierto de nuestros gobernantes.
Miguel Massanet Bosch