El cierre ferroviario exige algo más que resignación: una evaluación pública de las alternativas y un proyecto de movilidad que escuche a la población afectada.
Hay decisiones administrativas que, una vez ejecutadas, parecen exigir de la ciudadanía una última obediencia: dejar de discutirlas. Se cierra un servicio, se clausura una infraestructura y, con el tiempo, se pretende que también desaparezca la pregunta que dio origen al conflicto. Pero las necesidades de quienes viven en un territorio no se extinguen mediante un acuerdo gubernamental. En el corredor ferroviario Aranjuez-Cuenca-Utiel, la cuestión sigue abierta: ¿cómo queremos conectar nuestros pueblos y ciudades y qué oportunidades estamos dispuestos a garantizar a quienes los habitan?
Ese debería ser el centro del debate. No la nostalgia, aunque los recuerdos merezcan respeto. No la defensa de unas vías por el mero hecho de que existan. Tampoco la repetición de consignas que eviten examinar costes, dificultades y alternativas. Lo que está en juego es la movilidad: la posibilidad de estudiar, trabajar, acudir a una consulta médica o mantener vínculos familiares sin que disponer de automóvil se convierta en una condición indispensable.
Para discutir con seriedad conviene precisar de qué hablamos. El corredor Aranjuez-Cuenca-Utiel y el tramo formalmente clausurado no son denominaciones intercambiables. El acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de febrero de 2023 dispuso el cierre del tramo Tarancón-Utiel. Esa distinción importa porque una reivindicación rigurosa debe identificar tanto las decisiones adoptadas como el ámbito territorial sobre el que propone actuar. No basta con reclamar «la vuelta del tren»: hay que explicar qué conexiones se quieren recuperar y mediante qué proyecto.clm24
También corresponde reconocer los obstáculos. El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de Comisiones Obreras contra aquel acuerdo, sumando un nuevo respaldo judicial a la clausura. Sería irresponsable ocultarlo o presentar la reapertura como una decisión sencilla y ya encarrilada. Pero el aval judicial al cierre tampoco sustituye la deliberación política sobre las necesidades del territorio ni responde, por sí solo, a la pregunta de qué conexiones debemos ofrecer a su población.
La respuesta no puede consistir en restaurar sin examen el servicio anterior. Quienes defendemos que se estudie la recuperación ferroviaria debemos exigir algo más ambicioso y, al mismo tiempo, más preciso: evaluar qué ferrocarril podría tener sentido hoy en este corredor. Modernizar obliga a estudiar infraestructura, seguridad, material móvil, tiempos de viaje y enlaces. Reconvertir requiere analizar posibles funciones y modelos de explotación. Reabrir exige justificar la inversión y sostener después un servicio útil. Son tareas complementarias, no palabras que debamos acumular para eludir su dificultad.
Una propuesta solvente tendría que contrastar escenarios, incluida la posibilidad de actuaciones parciales o progresivas, sin dar de antemano por demostrada su viabilidad. También debería explicar qué demanda se estima, con qué metodología, qué costes se prevén y qué beneficios públicos se persiguen. Defender el tren no nos exime de responder preguntas económicas y técnicas. Del mismo modo, descartarlo no debería eximir a las administraciones de explicar sus cálculos y someter sus alternativas a un escrutinio equivalente.
Hay, además, una fuente de información que no debería quedar relegada: la experiencia de la población afectada. Antes de dar por resuelto el problema, propongo preguntar a quienes necesitan desplazarse qué recorridos realizan, qué horarios les faltan, cuánto les cuesta el viaje completo y qué sucede cuando no pueden conducir. Un proyecto de movilidad territorial debe partir de esas necesidades, no limitarse a pedir a los vecinos que adapten su vida a la solución previamente elegida.
Tampoco ayuda enfrentar de manera automática el ferrocarril convencional con la alta velocidad o con el autobús. La discusión relevante consiste en determinar qué aporta cada servicio y qué desplazamientos deja sin resolver. Debemos comparar lugares de acceso, frecuencias, tarifas, transbordos y tiempos completos de viaje. Nuestra exigencia debería ser una red coherente, no una competición de etiquetas. Y el ámbito de esa planificación tendría que abarcar el corredor Aranjuez-Cuenca-Utiel, evitando que cada municipio se vea obligado a reclamar por separado una respuesta a problemas compartidos.
Al ministerio competente le corresponde encabezar esa evaluación con rigor y disposición al diálogo. Considero deseable un relevo en su dirección política si sirve para abrir una etapa de mayor solvencia técnica, transparencia y sensibilidad territorial. Pero cambiar a Óscar Puente por otro responsable no constituiría, por sí mismo, una política ferroviaria. Lo decisivo sería modificar el método: escuchar, publicar los fundamentos de las decisiones, contrastar propuestas y explicar qué condiciones permitirían reconsiderar las opciones existentes.
En este contexto, merece agradecimiento la atención que El Digital de Cuenca ha prestado a la concentración ante la iglesia de San Esteban. Informar sobre esa protesta permite que sus razones lleguen a quienes no participaron en ella. La presencia de alrededor de quince personas puede describir la dimensión de una convocatoria, pero no basta para medir la importancia del asunto que plantean. El valor del periodismo local reside también en examinar las preguntas públicas que una minoría perseverante mantiene sobre la mesa.eldigitaldecuenca
Ojalá esa cobertura tenga continuidad mediante entrevistas, testimonios de usuarios, consulta a especialistas y preguntas concretas a las administraciones. No necesitamos medios que hagan suyas todas nuestras conclusiones, sino medios que contribuyan a comprobarlas o refutarlas con información. Una reivindicación mejora cuando se contrasta; una decisión pública también debería poder hacerlo.
El futuro ferroviario de este territorio no puede depender únicamente de la resistencia de quienes acuden a una concentración. Necesita participación municipal, conocimiento técnico y una ciudadanía dispuesta a exigir explicaciones sin conformarse con promesas. No hay que prometer una reapertura fácil ni aceptar que el debate carece ya de sentido. Entre ambas posiciones existe una tarea democrática perfectamente legítima: estudiar, comparar, proponer y reclamar. El cierre de una infraestructura no debería convertirse en la clausura de nuestra capacidad para imaginar y defender mejores conexiones.