No son unas vacaciones privadas cuando se celebran en una residencia pública, con personal público, logística pública y una factura pública. La Mareta ha dejado de ser la imagen de un descanso presidencial para convertirse en el emblema de una política que se protege de las preguntas detrás de un muro de opacidad.
Pedro Sánchez tiene derecho a descansar, como cualquier trabajador y como cualquier jefe de Gobierno. La objeción no está en que veranee en Lanzarote, ni en que utilice una residencia estatal habilitada para tal fin. El problema comienza cuando la normalidad de ese descanso se pretende imponer a los ciudadanos sin una rendición de cuentas completa sobre lo que cuesta, quién lo acompaña, qué servicios se movilizan y dónde termina el gasto institucional y empieza el disfrute particular.
La última cifra conocida es suficientemente elocuente. Según los datos atribuidos a Presidencia del Gobierno, la estancia estival de 2025 en La Mareta generó 44.975,19 euros en alojamiento, manutención y locomoción: 11.322,65 euros en alojamiento, 22.711,41 en manutención y 10.941,13 en desplazamientos. La cantidad no incluía el dispositivo de seguridad.
Sin embargo, la información disponible presenta un problema que no es menor: las respuestas oficiales conocidas no siempre coinciden en el detalle, el perímetro temporal o los conceptos imputados. Una resolución divulgada a través de PideInfo situó el gasto de Presidencia atribuible al periodo estival de 2025 en 26.522,17 euros —6.938,05 en locomoción y 19.584,12 en manutención y alojamiento—, mientras otras informaciones posteriores, también basadas en documentación de Presidencia, elevaron la factura a casi 45.000 euros.
Ahí reside el verdadero escándalo político. No en que una cifra sea alta o baja según la vara de medir de cada cual, sino en que la ciudadanía tenga que reconstruir, a partir de solicitudes de transparencia, resoluciones administrativas y filtraciones periodísticas, lo que debería ser una relación ordinaria, accesible y verificable de gastos. La transparencia no puede ser un laberinto para especialistas ni una carrera judicial para periodistas.
Porque la factura no acaba en el menú, la habitación o el transporte. La Mareta exige un mantenimiento continuado. Entre junio de 2023 y julio de 2026, Patrimonio Nacional adjudicó cerca de 200.000 euros en trabajos de acondicionamiento y conservación de la residencia: obras, viales, telecomunicaciones, albañilería, pintura, cerrajería y otras intervenciones. Se trata, naturalmente, de inversiones que no pueden cargarse de forma automática a una estancia concreta ni atribuirse exclusivamente a Sánchez; el inmueble es público y necesita conservación. Pero tampoco es serio hablar de unas vacaciones de coste reducido ignorando todo el aparato material que hace posible ese descanso presidencial.
La misma precisión debe aplicarse a la seguridad. La protección del presidente no es un capricho, sino una obligación del Estado, y no debe cuestionarse como si fuera un lujo prescindible. Pero sí debe explicarse cuánto cuesta, qué parte responde a la protección ordinaria de una instalación oficial y qué gasto añadido provoca una estancia vacacional. Convertir cualquier pregunta sobre estos recursos en un asunto de «seguridad nacional» equivale a confundir la protección de las personas con el derecho del contribuyente a conocer el empleo de su dinero.
La información ha llegado además después de resistencia institucional. La documentación sobre gastos extraordinarios de las estancias presidenciales en La Mareta entre 2020 y 2023 fue entregada tras reclamaciones y litigios vinculados a la transparencia. La cifra difundida para cinco estancias en ese periodo supera los 174.000 euros de gastos adicionales, una vez descontado el coste de una cumbre oficial luso-española, según la documentación publicada.
No es necesario caer en la demagogia de presentar a cualquier mandatario descansando como un insulto al país. Tampoco lo es repetir que una residencia pública equivale, sin más, a una propiedad privada del presidente. Lo que resulta inaceptable es el cómodo punto medio que practica el poder: exigir comprensión para cada gasto, invocar razones genéricas para no facilitar facturas y negar la información sobre invitados o acompañantes, mientras se pide a los ciudadanos que acepten el relato oficial sin comprobarlo.
En Cuenca sabemos bien qué significa discutir sobre prioridades públicas. Cada euro dedicado a la conservación de un inmueble, al desplazamiento de cargos o a un contrato de servicios debe responder a criterios claros y publicables. La España vaciada no pide privilegios: pide que los recursos lleguen a los trenes que no pasan, a la sanidad que se aleja, a los pueblos que pierden vecinos y a los servicios que mantienen vivo un territorio. Por eso resulta inevitable comparar: cuando el Estado alega estrecheces, demoras o dificultades técnicas para atender tantas necesidades, la diligencia con que se acondicionan los espacios de poder adquiere un significado político.
La Mareta no debería ser un caso de escándalo permanente, sino un ejemplo de normalidad democrática. Bastaría con que Presidencia publicara, tras cada estancia, un balance completo: duración, agenda institucional, acompañantes autorizados, gasto de transporte, manutención, alojamiento, personal, seguridad extraordinaria y coste de mantenimiento específicamente imputable. No para alimentar el morbo ni para cuestionar la vida familiar del presidente, sino para impedir que el silencio alimente la sospecha.
Pero esa es precisamente la lección que el Gobierno parece no querer aprender. El poder no se desgasta solo por los gastos; se desgasta, sobre todo, por esconderlos. Y cuando una residencia pública se transforma en una caja negra, ya no se discuten unas vacaciones: se discute una forma de entender la responsabilidad política.