Un Gobierno atrapado entre la parálisis, el cerco judicial, la pobreza persistente, la debilidad exterior y una maquinaria política que ya solo parece trabajar para prolongarse
Hay momentos en la trayectoria de un gobernante en los que la acumulación de problemas deja de parecer una sucesión de accidentes y comienza a dibujar una dirección política. No se trata ya de una crisis concreta, de un error ministerial o de una mala semana parlamentaria. Se trata de una pendiente. Y la pendiente por la que desciende Pedro Sánchez conduce hacia un abismo político, institucional y moral que amenaza con arrastrar algo más importante que su propia presidencia: la confianza de los españoles en la capacidad del Estado para protegerlos, gobernarlos con eficacia y rendir cuentas ante ellos.
Sánchez ha sobrevivido a derrotas electorales, rupturas internas, escándalos, contradicciones y alianzas que parecían imposibles. Ha convertido la resistencia personal en doctrina política. Sin embargo, resistir no equivale a gobernar. Permanecer en la Moncloa tampoco significa conservar la autoridad. Un presidente puede seguir ocupando el despacho mientras pierde, día tras día, la credibilidad necesaria para dirigir una nación.
El problema de España ya no es únicamente cuánto tiempo permanecerá Sánchez en el poder, sino qué país dejará cuando abandone la Presidencia. Porque la actual etapa parece dominada por una obsesión: prolongar el ciclo político a cualquier precio, colonizando el debate público, desacreditando los controles institucionales y presentando cada fracaso como resultado de una conspiración exterior.
Marruecos: la debilidad convertida en política exterior
La relación con Marruecos ofrece una de las imágenes más inquietantes de esa pérdida de autoridad. La política exterior española frente a Rabat lleva años envuelta en silencios, concesiones poco explicadas y decisiones cuya justificación completa nunca ha sido ofrecida al Parlamento ni a los ciudadanos.
La cuestión no consiste en defender una relación hostil con Marruecos. España necesita cooperación económica, migratoria, policial y antiterrorista con su vecino del sur. Pero cooperación no significa sumisión. La diplomacia exige negociación, reciprocidad y defensa de los intereses nacionales. Cuando una relación bilateral se construye sobre el miedo a incomodar a una de las partes, deja de ser una alianza equilibrada para convertirse en dependencia.
La crisis registrada en Ceuta ha vuelto a poner bajo sospecha la eficacia de esa política. Según informaciones publicadas este 2 de agosto, varios países europeos han reclamado una respuesta coordinada ante los cruces masivos y descontrolados de la frontera exterior de la Unión. La inquietud ya no sería exclusivamente española: afecta al conjunto del espacio europeo.
Ante una situación semejante, el Gobierno debería explicar con precisión qué información poseía, qué mecanismos preventivos activó, qué conversaciones mantuvo con Rabat y qué garantías ha recibido para evitar nuevos episodios. En cambio, vuelve a imponerse una comunicación evasiva, cuidadosamente diseñada para no atribuir responsabilidad alguna al Gobierno marroquí.
España no puede depender de la buena voluntad circunstancial de Mohamed VI para controlar sus fronteras. Tampoco puede aceptar que la presión migratoria se utilice como instrumento diplomático. Un Gobierno responsable no confunde prudencia con silencio ni cooperación con obediencia.
Los incendios y la política de la excusa climática
Otro síntoma del deterioro gubernamental aparece en la respuesta a los incendios forestales. Resultaría absurdo negar la influencia del cambio climático en el aumento de las temperaturas extremas, la sequedad del suelo y la peligrosidad de los grandes incendios. Pero también es irresponsable utilizar el clima como explicación total, porque esa coartada permite eludir cuestiones como la prevención, la gestión forestal, el abandono rural, la falta de limpieza de los montes o la coordinación entre administraciones.
El Senado ya debatió extensamente esta cuestión hace más de tres décadas. En 1993 se elaboraron informes con 43 propuestas relacionadas con la legislación, la investigación, la sensibilización, la prevención y la extinción. Aquellos documentos fueron citados de nuevo en el pleno de la Cámara Alta de noviembre de 2017, prueba de que el diagnóstico sobre muchas deficiencias estructurales no nació ayer.
La historia parlamentaria española está repleta de mociones, interpelaciones y planes sobre prevención de incendios. En 2005, el Senado aprobó una iniciativa para promover un plan integral en esta materia.
Por tanto, no basta con declarar una emergencia climática cuando arden miles de hectáreas. Gobernar significa anticiparse. Significa financiar trabajos preventivos durante todo el año, recuperar usos productivos del monte, facilitar el pastoreo, profesionalizar los dispositivos, mejorar las comunicaciones rurales y coordinar eficazmente al Estado con las comunidades autónomas.
El clima puede aumentar el riesgo, pero la desidia multiplica sus consecuencias. Una administración que solo aparece cuando llegan las llamas no está practicando política forestal: está administrando catástrofes.
El Gobierno de las responsabilidades ajenas
La característica principal del sanchismo tardío es su extraordinaria habilidad para identificar culpables fuera de la Moncloa. Si suben los precios, la responsabilidad es de los mercados internacionales. Si falta vivienda, la culpa es de los propietarios. Si se produce una crisis migratoria, actúan las mafias. Si arden los montes, todo se explica por el clima. Si los tribunales investigan, aparece el lawfare. Si el Parlamento rechaza una medida, se acusa a una oposición destructiva.
Esta conducta ha terminado por convertir la excusa en sistema de gobierno.
Toda acción pública está condicionada por factores externos. Precisamente por eso existen los gobiernos: para preverlos, afrontarlos y reducir sus efectos. Un Ejecutivo no puede presentarse como autor exclusivo de cualquier dato favorable y declararse completamente ajeno a cada resultado negativo.
Sánchez quiere atribuirse el crecimiento económico, pero desvincularse del deterioro del poder adquisitivo. Celebra los datos generales de empleo, pero evita reconocer la precariedad, los bajos salarios y la dificultad de muchos jóvenes para emanciparse. Se presenta como garante del Estado del bienestar mientras una parte de la población apenas puede afrontar el alquiler, los alimentos o los suministros básicos.
La pobreza detrás de la propaganda económica
Los datos oficiales obligan a introducir cierta prudencia frente a los discursos apocalípticos, pero también desmienten la complacencia gubernamental. La tasa AROPE —que mide el riesgo de pobreza o exclusión social— se situó en 2025 en el 25,7 % de la población española, frente al 25,8 % del año anterior. Es una ligera mejoría, pero significa que más de una cuarta parte del país continúa expuesta a situaciones de vulnerabilidad. La carencia material y social severa afectaba al 8,1 %.
Entre los desempleados, el problema resulta todavía más grave: en 2025, el riesgo de pobreza o exclusión alcanzaba el 59,4 % entre las mujeres paradas y el 66,3 % entre los hombres desempleados.
Estas cifras no permiten afirmar que España se encuentre en una prosperidad social indiscutible. El crecimiento macroeconómico pierde buena parte de su significado cuando una familia necesita dedicar una proporción desmesurada de sus ingresos a la vivienda, cuando los jóvenes retrasan indefinidamente sus proyectos vitales y cuando tener empleo ya no garantiza necesariamente salir de la vulnerabilidad.
La política social no puede reducirse a distribuir ayudas para compensar las consecuencias de un modelo que no genera suficiente vivienda, productividad y empleo estable. Un Gobierno progresista debería aspirar a que menos ciudadanos necesitaran ser asistidos, no a presentar como éxito permanente el crecimiento de las transferencias públicas.
La pobreza no se combate con propaganda ni con la fabricación de enemigos ideológicos. Se combate con educación exigente, vivienda accesible, salarios vinculados a una mayor productividad, fiscalidad razonable, seguridad jurídica y administraciones que funcionen.
Los fondos europeos: la oportunidad contra el reloj
Algo parecido sucede con los fondos europeos. El Gobierno los presentó como la gran palanca modernizadora de España, una oportunidad histórica para transformar la economía, digitalizar las empresas y acelerar la transición energética. El potencial era, efectivamente, extraordinario.
Pero la propaganda sobre los miles de millones asignados ha ocultado en ocasiones una cuestión esencial: no es lo mismo recibir, comprometer, adjudicar, ejecutar y conseguir que una inversión transforme realmente la economía.
La Comisión Europea señala que todos los hitos y objetivos del Plan de Recuperación deben estar completados en agosto de 2026 y que las últimas solicitudes de pago deberán presentarse antes de concluir septiembre. El margen temporal se ha agotado.
En julio, Bruselas consideró satisfactoriamente cumplidos 51 hitos y 64 de los 67 objetivos vinculados a la sexta solicitud de pago española. El dato acredita avances relevantes, pero también demuestra que el procedimiento está sometido a evaluación y que no todas las metas se aceptan automáticamente.
El informe europeo sobre España indicaba que, hasta marzo de 2026, se habían desembolsado alrededor de 71.000 millones de euros, aproximadamente el 70 % de la asignación total, tras el cumplimiento de 263 hitos y objetivos.
Por tanto, no cabe hablar honradamente de un fracaso absoluto, pero tampoco de una victoria consumada. La pregunta decisiva es qué quedará cuando concluya el programa: cuántas empresas habrán mejorado su productividad, cuántos proyectos serán sostenibles sin subvención, cuánto habrá avanzado la innovación y cómo se habrá beneficiado la España interior.
En provincias como Cuenca, el éxito no puede medirse por el número de presentaciones institucionales, sino por las inversiones ejecutadas, los empleos creados, la conectividad recuperada y la capacidad de fijar población.
El cerco judicial y la respuesta del lawfare
La pendiente se hace más peligrosa en el terreno institucional. Diversas investigaciones afectan a personas que pertenecieron al núcleo político del presidente, a antiguos responsables del PSOE y a miembros de su entorno familiar. Conviene mantener una regla elemental: toda persona es inocente mientras no exista sentencia firme.
Pero esa garantía no obliga a ignorar la relevancia política de los procedimientos. La responsabilidad penal corresponde a los tribunales; la responsabilidad política comienza mucho antes.
El Ejecutivo ha reaccionado impulsando un relato de persecución judicial. El término lawfare se utiliza como una llave universal para desacreditar investigaciones incómodas. De ese modo, el Gobierno pretende que el ciudadano no examine los hechos, sino que elija entre dos bandos: Sánchez o los jueces; progresismo o conspiración; democracia o reacción.
La estrategia es profundamente corrosiva. Criticar una resolución judicial forma parte de la libertad de expresión. Señalar de manera sistemática a jueces, fiscales y medios como integrantes de una operación política supone otra cosa: debilitar preventivamente la legitimidad de cualquier decisión adversa.
Un presidente democrático no debe exigir inmunidad emocional ni jurídica para su familia o sus colaboradores. Debe respetar los procedimientos, facilitar información y evitar utilizar el Consejo de Ministros como plataforma de defensa personal.
Ocupar las instituciones para sobrevivir
La voluntad de prolongar el sanchismo más allá de la propia permanencia de Sánchez constituye otro de los reproches reiterados contra su etapa final. Se señala la estrategia de controlar o influir en organismos, empresas públicas e instituciones de supervisión para conservar poder incluso después de una hipotética derrota electoral.
Cualquier Gobierno realiza nombramientos. La cuestión es la calidad, independencia y proporcionalidad de esos nombramientos. Cuando la confianza personal sustituye sistemáticamente al mérito, cuando las puertas giratorias conducen a puestos reguladores o cuando las instituciones parecen distribuidas según cuotas partidistas, el Estado pierde neutralidad.
La colonización institucional no siempre necesita quebrantar una ley. A veces basta con vaciar su espíritu: convertir un organismo independiente en una prolongación del Consejo de Ministros, utilizar medios públicos como dispositivos de legitimación o presentar toda crítica como una agresión a la democracia.
El sanchismo ha confundido progresivamente Estado, Gobierno, partido y líder. Y cuando esas cuatro realidades se mezclan, disentir del presidente comienza a interpretarse como atacar a España.
La Moncloa como refugio
Pedro Sánchez proyecta desde hace años una imagen de resistencia casi física. Su lema implícito podría resumirse así: aguantar es vencer. Esa capacidad le ha permitido superar situaciones que habrían derribado a otros dirigentes. Pero la resistencia, cuando se desvincula de un proyecto reconocible, degenera en aferramiento.
La Moncloa parece haberse convertido en refugio, fortaleza y finalidad. Ya no se gobierna para culminar una agenda coherente, sino para alcanzar la siguiente semana, superar la siguiente votación, contener el siguiente escándalo y fabricar el siguiente antagonista.
España necesita Presupuestos estables, reformas estructurales, acuerdos territoriales, política de vivienda, mejora educativa, estrategia industrial y una posición exterior firme. En cambio, recibe campañas permanentes, gestos simbólicos, polarización y un calendario condicionado por los tribunales y por las exigencias de los socios parlamentarios.
Un Gobierno sostenido por el miedo compartido a las elecciones puede durar, pero difícilmente puede dirigir.
La pendiente termina donde empieza la rendición de cuentas
El abismo de Pedro Sánchez no es una metáfora sobre su futuro personal. Es el riesgo de que España normalice un modo de ejercer el poder basado en la propaganda, la impugnación de los controles y la negativa a asumir responsabilidades.
No todo lo ocurrido durante su mandato puede atribuirse al presidente. España ha afrontado una pandemia, una guerra en Europa, inflación, tensiones energéticas y cambios geopolíticos de gran magnitud. Sería intelectualmente deshonesto ignorarlo.
Pero también sería irresponsable aceptar que cada crisis exonera al Gobierno y que toda fiscalización constituye una conspiración.
El deterioro se percibe cuando Marruecos comprueba la debilidad española; cuando la prevención forestal se sustituye por declaraciones solemnes; cuando una cuarta parte de la población continúa en riesgo de pobreza; cuando los fondos europeos corren contra el calendario; cuando la Justicia es presentada como enemiga; y cuando las instituciones se utilizan para garantizar la supervivencia de un proyecto personal.
La democracia no consiste únicamente en reunir una mayoría de investidura. Consiste en ejercer el poder con límites, transparencia, respeto institucional y voluntad de responder ante los ciudadanos.
Pedro Sánchez todavía puede continuar en la Moncloa. Puede ganar votaciones, negociar nuevos apoyos y resistir cada embate. Pero cuanto más confunda la permanencia con el éxito, más pronunciada será la pendiente.
Y el mayor peligro no es que el presidente termine cayendo. El verdadero peligro es que, en su empeño por no caer solo, pretenda arrastrar consigo la credibilidad de las instituciones, la convivencia nacional y la confianza de una sociedad cansada de que toda crítica sea contestada con propaganda.
España no necesita un presidente que sobreviva a cualquier precio. Necesita un Gobierno que gobierne, explique, rectifique y responda.
Cuando el poder deja de rendir cuentas, la pendiente ya no conduce únicamente a una derrota electoral. Conduce al abismo democrático.