Mientras José Luis Rodríguez Zapatero se ha sentado hoy ante un juez de la Audiencia Nacional por el rescate de Plus Ultra, en provincias como Cuenca muchos ciudadanos tienen la sensación de que no solo se juzga a un expresidente, sino el final de todo un ciclo político. El llamado «día Z» no es solo la cita judicial de un antiguo jefe del Gobierno imputado por el rescate de una aerolínea, sino la escenificación de un país que, en realidad, está juzgando el desgaste de un proyecto que va del zapaterismo al sanchismo. Durante años, Zapatero fue el rostro amable de un PSOE que se reivindicaba como columna vertebral del régimen del 78; hoy llega a la Audiencia como símbolo de un partido que ha pasado de sinónimo de estabilidad a hacerse inseparable de la fragilidad, la polarización y la desconfianza.
Mientras en Madrid se discute si hubo organización criminal en torno a un rescate millonario, en la España interior sabemos desde hace tiempo que las verdaderas tramas se escribieron en el BOE. No necesitaban maletines ni reuniones clandestinas, sino decisiones de inversión, cierres de líneas, recortes silenciosos en sanidad y educación que consolidaron un país radial donde el centro siempre gana y provincias como Cuenca siempre pierden. El discurso oficial hablaba de modernización, competitividad, convergencia europea. Sobre el terreno, la modernización se tradujo en estaciones cerradas, servicios menguantes y un mapa cada vez más estrecho, recortado a base de sacrificar territorios «prescindibles».
En Cuenca el fin de época tiene la forma de un andén vacío. El tren convencional que vertebraba pueblos y comarcas se sacrificó en nombre de un progreso mal entendido que identifica desarrollo con alta velocidad y olvida que sin transporte diario, asequible y denso no hay tejido económico ni arraigo posibles. No hizo falta ninguna organización criminal: bastó con una concatenación de gobiernos —socialistas y populares— que asumieron como natural que el mapa de España podía reducirse a unos pocos corredores rentables, que el resto aguantaría estoicamente su condena al apagón. Cada vez que un convoy de alta velocidad atraviesa la provincia sin detenerse, esa filosofía queda explícita: el tren pasa, la vida se va, el territorio solo contempla.
Lo mismo ocurre con los servicios públicos. Cada escuela unitaria cerrada, cada consulta médica reducida, cada ventanilla administrativa sustituida por una página web inaccesible para muchos mayores forma parte de esa gran política de fondo que empuja a miles de jóvenes conquenses a buscar su vida lejos. Mientras se destinaban millones a salvar aerolíneas estratégicas, en demasiados pueblos se escatimaban los pocos miles de euros necesarios para mantener abierta una línea, una ruta de autobús, un centro de salud en condiciones dignas. La comparación es inevitable: se socializan las pérdidas de determinados negocios privados mientras se privatiza, gota a gota, la supervivencia cotidiana de la España interior.
Sería cómodo cargar la culpa exclusivamente sobre un solo partido, pero el lector de Cuenca sabe que el abandono ha sido una obra coral. Gobiernos del PSOE y del PP, ejecutivos centrales y autonómicos, todos han contribuido, con su acción o su silencio, a un modelo que convierte provincias como la nuestra en territorio de sacrificio. La paradoja de este «día Z» es que los que hoy se reparten culpas y acusaciones en Madrid pertenecen a la misma generación de dirigentes que durante décadas firmaron, por omisión o por convencimiento, el acta de defunción de nuestro tren, de nuestros pueblos y de nuestra capacidad de decidir nuestro futuro. Cambian los nombres en la Mesa del Congreso, se alternan las siglas en los Consejos de Ministros, pero el guion territorial permanece inalterable.
Durante años, el sistema se sostuvo sobre una fe sencilla: los grandes partidos sabían lo que hacían; los expresidentes, convertidos en consejeros áulicos, eran figuras tutelares por encima de la refriega; Madrid, tarde o temprano, acabaría cumpliendo con sus territorios. Esa fe se ha roto. La imputación de Zapatero, la acumulación de casos que salpican al sanchismo y la incapacidad de la oposición para ofrecer algo distinto a la revancha describen una España que ya no cree en sus viejos padres políticos. El régimen del 78 no cae con un estrépito, sin embargo: se va deshilachando en autos judiciales, tertulias broncas y estaciones fantasma. Se derrumba menos por un gran acto fundacional que por una suma de decepciones minúsculas.
Desde Cuenca, el fin de época tiene un rostro muy concreto: el del joven que no encuentra trabajo digno y se sube al primer tren —cuando lo hay— rumbo a Madrid, Valencia o más lejos; el de la familia que ve cómo desaparece el médico de cabecera del pueblo y cómo los trámites más básicos exigen ahora coche, kilómetros y paciencia; el del pequeño empresario que comprueba que la inversión pública siempre se queda en los mismos corredores, en las mismas áreas metropolitanas, en los mismos núcleos de siempre. La gran política se discute en el Congreso y en la Audiencia Nacional, pero sus consecuencias se sufren en silencio en el mostrador de una tienda vacía, en una aula que cierra, en un bar que ya no abre entre semana.
Por eso el «día Z» funciona también como espejo. Mientras un expresidente responde por sus decisiones ante un juez, millones de ciudadanos de la España vaciada podrían sentarse como testigos de cargo y relatar cómo ese ciclo político se tradujo aquí en despoblación, precariedad y resignación. El agotamiento del zapaterismo-sanchismo no se mide solo en sumarios judiciales, sino en kilómetros de vía arrancada, en consultorios clausurados, en hijos que no regresan más que en fiestas. La distancia entre el relato triunfalista de la modernización y la realidad de los territorios sacrificados se ha hecho insalvable: ya no la cubren ni las campañas de propaganda, ni los eslóganes, ni los vídeos emocionantes.
El «día Z» no cierra simplemente el ciclo de un líder, certifica el agotamiento de una forma de gobernar España que se presentó como inevitable. Se dijo que no había alternativa al modelo de alta velocidad frente al tren convencional, al centralismo disfrazado de Estado autonómico, a la lógica del gran evento frente a la inversión cotidiana en servicios básicos. Hoy sabemos que el coste de esa ausencia de alternativas es una España cada vez más desigual, más fracturada entre centros que concentran oportunidades y periferias interiores que se convierten en reservas de mano de obra y paisaje. Y sabemos también que el discurso de la ejemplaridad se vuelve ridículo cuando quienes lo pronuncian han sido incapaces de proteger lo más elemental para la vida en común.
Tal vez por eso la imagen más honesta de esta jornada no esté en la puerta de la Audiencia Nacional, sino en cualquiera de nuestras estaciones sin tren. Allí, donde ya no se oye el silbato ni el rumor de las maletas, se escucha mejor que en ningún telediario el ruido de fondo de esta época que se acaba. Cada convoy de alta velocidad que atraviesa la provincia sin detenerse repite el mismo mensaje: el progreso seguirá su camino, con ustedes o sin ustedes. El «día Z» pone nombre y apellidos a quienes diseñaron ese camino. Lo que falta por escribir —y ahí se abre la verdadera responsabilidad histórica de quienes vivimos en la España vaciada— es quién tendrá el valor de trazar uno nuevo y con qué proyecto de país se atreverá a hacerlo.