El presidente catalán atribuye el registro de Convergència a una maniobra contra la candidatura soberanista
El registro judicial de la sede de Convergència, ocurrida el pasado viernes, cambió por completo el signo del pleno de la diputación permanente del Parlamento catalán que había sido convocada a petición del propio Artur Mas para explicar las razones del adelanto electoral del 27-S. La convocatoria era un evidente intento de utilizar al Parlamento como escenario de un acto propagandístico: poco interés tenía a estas alturas la explicación de un adelanto anunciado hace ya ocho meses, cuyas causas son archiconocidas, del que Mas ha hablado 53 veces en el propio Parlament y cuya convocatoria mediante decreto fue objeto de una transmisión en directo por TV3.
Pero el registro de la sede de Convergència y de la fundación CatDem de la que se financia, a raíz de la investigación abierta por un juez de Torredembarra por el presunto pago de comisiones a cambio de la concesión de obras públicas a la empresa Teyco, convirtió el pleno en un nuevo examen a las sospechas de presunta financiación ilegal que pesan sobre Convergència. El caso Teyco se suma al caso Palau y al caso Pujol, aún en sede judicial.
Mas esgrimió las medidas de transparencia impulsadas por su Gobierno, que obviamente no son garantía de virtud en la práctica política anterior y ni si siquiera en la presente. Pero lo más escandaloso fue el intento de parapetarse en el burladero habitual de una teoría de la conspiración según la cual los registros serían, una vez más, una maniobra de los aparatos del Estado para dañar a Cataluña y su candidatura soberanista. Lamentablemente para Mas, el victimismo no puede esconder la gravedad de los nuevos indicios conocidos. Y tampoco puede obviar que es una investigación dirigida por un juez que actúa con todas las garantías y que se inició a raíz de una denuncia de ERC en Torredembarra, partido que ahora acompaña a Mas en la candidatura independentista y que ayer hizo un triste papel de comparsa.