Rosa Díez se reúne con el Ministro de Educación, Angel Gabilondo, para exponerle los principios y propuestas de UPyD para un Pacto de Estado por la Educación.
(Publicado en UPyD, aquí)
Últimamente se oye hablar mucho de un posible Pacto de Estado sobre educación suscrito por PSOE y PP. Es, desde luego, un pacto absolutamente necesario, como UPyD lleva urgiendo desde su fundación. Los partidos del gobierno y el principal de la oposición son también, lógicamente, los que deben garantizarlo. Pero nunca debería limitarse a ser un pacto pensado en función del interés partidista, como el intolerable Pacto por la Justicia que sólo ha servido para el reparto del poder judicial entre PSOE y PP. Un pacto de Estado digno de tal nombre debe servir para proteger a la educación de la intromisión de los partidos políticos y grupos de interés afines, cerrando de una vez la insoportable provisionalidad de las leyes educativas que cambian con cada cambio de gobierno. Y para eso debería incorporar muchas de las peticiones y propuestas de los colectivos más implicados en la educación, comenzando en primer lugar por las de los maestros y profesores. Por ejemplo, la de reforzar la posición de los docentes reconociéndoles estatus de autoridad pública.
En su reunión de ayer con Angel Gabilondo, Rosa Díez le presentó las bases que UPyD considera fundamentales para un auténtico Pacto de Estado por la Educación, y también la propuesta de ley que ella misma presentó para su debate en el Congreso de los Diputados el 8 de mayo de 2008: Ley Orgánica de reconocimiento del profesor como autoridad en el ejercicio de la función pública educativa. Una ley de mucho éxito a juzgar por las imitaciones posteriores presentadas por otros partidos, especialmente el PP, tanto en el Congreso como en diversos parlamentos autonómicos, pero que todavía espera su turno para ser debatida por los diputados españoles. Como la mayor parte de las cuestiones más urgentes de nuestro sistema educativo.
PROPUESTA DE BASES
PARA UN PACTO EDUCATIVO DE ESTADO
Reconocer por todos los que persigan un Pacto de Estado que los resultados académicos de nuestros alumnos de primaria y secundaria son malos y que el fracaso escolar es muy alto, y que el sistema educativo que desde hace veinte años se aplica en España (LOGSE-LOE), a pesar de los constantes aumentos de inversión económica en educación, es en parte responsable del fracaso. Si no hay este reconocimiento, no merece la pena sentarse a una mesa para lograr un Pacto de Estado para la Educación, porque entonces no hace falta cambiar nada ni es necesario ponerse de acuerdo.
Se ha de reconocer, asimismo, que el aumento del presupuesto en educación hasta alcanzar la horquilla del 5’2% al 6% del PIB, es deseable, pero que de ninguna manera es por sí sola una medida de mejora de la enseñanza, ya que, según lo visto en el punto 1, el fracaso escolar ha aumentado a pesar de los notables incrementos de presupuesto en educación durante los últimos 20 años. Por lo tanto, el aumento de presupuesto hasta el 6% del PIB debe quedar fuera del Pacto de Estado por irrelevante.
Realzar los objetivos de instrucción y situar los objetivos de tipo ético y social en un plano complementario, nunca en un plano principal.
Evitar entender la educación como ingeniería social. La educación puede mejorar la sociedad, pero a través del conocimiento y de la instrucción, nunca mediante la manipulación sentimental ni la indoctrinación política, moral o identitaria con la que se justifican proyectos políticos que desfiguran los verdaderos fines de la educación.
Armonizar las legislaciones educativas autonómicas, los planes de enseñanza, las evaluaciones de diagnóstico. Distinguir la gestión administrativa y de infraestructuras de las medidas que afecten al currículo. Lo relativo a este segundo aspecto no compete a las comunidades autónomas por producir una absurda fragmentación de la educación en España.
Hacer del profesor la piedra angular en la transmisión de conocimientos. Se ha de mejorar la selección del profesorado idóneo, arbitrando medidas para que compita el mayor número posible de candidatos a una plaza ofertada y para garantizar que el resultado de los concursos-oposiciones sea el de distinguir a los candidatos con excelencia de conocimientos y excelencia pedagógica.
Garantizar la movilidad del profesor, horizontalmente (de una ciudad a otra, de una autonomía a otra) y verticalmente (con posibilidades de ascenso en la carrera docente), evitando cualquier medida que impida esa movilidad (por ejemplo, experiencia docente en una determinada comunidad autónoma o exigencia previa del conocimiento de una lengua autonómica.)
El aumento de la autonomía de los centros y de la profesionalización de los docentes ha de complementarse con esta condición: responsabilizarse del rendimiento de sus alumnos. El centro y los departamentos didácticos verán reflejada su práctica docente en los resultados académicos de los alumnos. Un descenso de nivel o un alto fracaso escolar ha de tener consecuencias en los centros y en los departamentos didácticos.
Planificar evaluaciones externas y objetivas, similares en toda España, públicas, que sirvan de indicador del rendimiento escolar de los alumnos y de base de responsabilidad de los centros y departamentos didácticos.
Establecer medidas para que los departamentos de Orientación elaboren protocolos claros y precisos de atención a los alumnos con necesidades especiales, con dificultades de aprendizaje y con deficiencias graves de lectura y escritura, lejos de la desordenada e improvisada actuación actual. Establecer que los Departamentos de Orientación sean corresponsables del rendimiento de los alumnos atendidos por ellos. Permitir una mayor flexibilización de la atención a la diversidad, con menos grupos inclusivos.
Considerar, en ley orgánica, el castellano como lengua vehicular de enseñanza (lo que en la legislación estatal actual no aparece) y coexistente con la lengua vehicular vernácula en las comunidades autónomas bilingües.
Evitar el oscurantismo informativo de los centros y obligarles a informar a los padres de todas las actividades complementarias y extraescolares desarrolladas en el centro (exposiciones, campañas de solidaridad, campañas de educación sexual, de medio ambiente, etc.), sobre todo de aquéllas que supongan una formación ético-social. Los padres tienen derecho a conocer todos los aspectos de la educación que reciben sus hijos en los centros y a compensar, en sus casas, la educación ético-social recibida, cuando no sea de su gusto. Actualmente no se satisface este derecho en la mayoría de los centros.
Corregir las consecuencias indeseables y negativas de la teoría comprensiva que subyace a la legislación actual y que tan perjudiciales consecuencias ha tenido especialmente en la Educación Secundaria. Adelantar la edad de inicio de los PCPI, o de cualquier otro itinerario de contenido práctico, a los 14 años es una medida en este sentido.