Mentiras en torno al «Alakrana»

LA primera reacción política de la oposición a la gestión del secuestro del buque «Alakrana» ha puesto fuera de lugar a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien acusó al PP de «estar del lado de los piratas». Este disparate retrata el autoritarismo con el que el Gobierno de Rodríguez Zapatero -quien el martes elogiaba la actitud de Mariano Rajoy- entiende el control político en un sistema parlamentario. No sólo ha querido apartar a la opinión pública del seguimiento de esta crisis, sino que además tacha ahora a la oposición de apoyar a una banda de piratas sólo por haber pedido explicaciones. No obstante, y siendo graves esas acusaciones, más grave aún es la falta de explicaciones coherentes, de una versión única y creíble sobre lo ocurrido durante el desenlace del secuestro. De hecho, las «verdades» oficiales del Gobierno son, por minutos, menos transparentes y más contradictorias. Sin ir más lejos, Carme Chacón afirmaba el pasado 5 de noviembre que los pescadores fueron llevados a tierra, donde estaban localizados. Y ayer, el Gobierno aceptaba la evidencia de que nunca abandonaron el barco. También ayer, el capitán del «Alakrana» negó que se hubiera producido ningún ataque de los militares españoles a los esquifes en los que huyeron los piratas, algo que, por el contrario, sí afirmaron la ministra Chacón y el jefe del Estado Mayor de la Defensa. Sencillamente, alguien oculta la verdad. El problema es que el Ejecutivo no resulta creíble y que su estrategia de ocultación de la realidad se le ha vuelto definitivamente en contra porque son muchas las dudas pendientes de resolver que la opinión pública tiene derecho a ver disipadas. A Zapatero pudo valerle esta envolvente de medias verdades durante el mal llamado «proceso de paz», pero ahora, con muchos resortes del Estado de Derecho de nuevo en jaque, no tiene escapatoria. Con sus acusaciones en el Congreso y con su insolvencia en las explicaciones de lo ocurrido, el Gobierno no sólo ofende a la oposición, que legítimamente ejerce su labor de control a la gestión del Ejecutivo, sino también a todos los españoles que han criticado la última actuación del Gobierno por torpe y claudicante. Con su fingida imagen de firmeza en la resolución del secuestro y su deliberada política de confusión, el Gobierno sólo está consiguiendo sumar una chapuza más a la larga serie de las que ha cometido. Es de esperar que el proceso abierto en la Audiencia Nacional aclare lo que el Ejecutivo se niega a aclarar.