(Publicado en El Mundo – e-pesimo Auxiliar 1, aquí)
FUE UN sainete en la mejor tradición del género chico español: votaron adolescentes de 16 años e inmigrantes africanos, la participación fue muy baja, el recuento se hizo sin ninguna garantía y la organización semejaba un club de amigos que se disponían a pasar un día de fiesta.
Dicho todo esto, sería un error tomar sólo a broma lo que sucedió ayer en Cataluña, donde cerca de 700.000 ciudadanos estaban convocados a las urnas en 166 localidades para votar sobre la independencia ante la absoluta pasividad del Gobierno de Zapatero, que no hizo nada para evitar esta flagrante ilegalidad.
Todavía anteayer el secretario de Organización del PSC, José Zaragoza, calificaba de «legítimas» estas consultas que violan el artículo 2 de la Constitución que preconiza la unidad de España. Zaragoza y sus compañeros deberían saber que existe otro artículo en la Constitución -el 149- que señala que es necesaria una autorización del Estado para «la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum».
El propio Estatuto de Cataluña establece en su artículo 122, recurrido por el PP ante el Tribunal Constitucional, que «la competencia exclusiva en materia de refrendos y consultas populares correspone a la Generalitat», lo que evidencia que también Montilla ha hecho dejación de sus obligaciones de hacer respetar la ley.
Lo increíble es que este tremendo disparate haya contado con la complicidad del PSC, que ha apoyado activamente la celebración de la consulta en muchos pueblos, facilitando, por ejemplo, los censos a los promotores de la iniciativa. Para vergüenza del PSOE, al menos 18 de las 166 localidades están gobernadas por alcaldes socialistas.
Montilla debería sancionar hoy mismo a los alcaldes y dirigentes municipales del PSC que han colaborado en estas consultas, ya que resulta imposible entender cómo un partido que se declara a favor de la legalidad constitucional da cobijo a personas que alientan el independentismo mediante procedimientos ilegales.
Los grandes vencedores de la jornada de ayer son ERC y CiU, los verdaderos promotores de las consultas, que han utilizado a dos irrelevantes plataformas para enmascarar su responsabilidad en la organización de esta farsa y escapar de cualquier posible acción legal.
Felip Puig, número dos de Convergència, no ocultaba ayer su satisfacción por lo que considera el inicio de «un nuevo ciclo político» que los nacionalistas van a intentar impulsar en torno «al derecho a decidir». Joan Puicercós, líder de ERC, iba incluso más lejos al afirmar que «las consultas populares convierten en intrascendente el fallo del Tribunal Constitucional» sobre el Estatuto.
Poner el énfasis en los detalles de la ridícula farsa que se consumó ayer sería un error. Lo importante no estriba en que las consultas fueron esperpénticas ni en que la participación fuera baja. Todo ello es secundario frente al hecho de que los nacionalistas consiguieron consumar sus propósitos, convirtiendo en parte del paisaje político la percepción de que hay un camino plebiscitario que lleva a la independencia de Cataluña y que puede ser seguido en otras comunidades, como el País Vasco y Baleares.
A nadie se le escapa tampoco que las consultas son una forma de presionar al Tribunal Constitucional, al que los nacionalistas ningunean bajo el pretexto de una voluntad popular expresada en las urnas que estaría por encima del fallo de esa institución sobre el Estatuto. Ayer se dio un paso muy peligroso en Cataluña sin que Zapatero tuviera los reflejos para reaccionar. Tal vez cuando lo intente, sea ya demasiado tarde