El PSOE y sus políticas de derechas (por Miguel Massanet Bosch)

Resulta extraño el empeño del Gobierno del señor Rodríguez Zapatero (¿o debiéramos decir del señor Rubalcaba?) de intentar presentar la llamada reforma de pensiones como un gran acuerdo con los sindicatos y la patronal; esta misma impresión nos trasmitió el señor Durán de CIU, uno de los que han contribuido a darle un globo de oxígeno al  Ejecutivo con su decidido apoyo, en el Congreso, a las propuestas acordadas por el PSOE y los nacionalistas catalanes. Pueden decir que no les ha quedado otro remedio que hacerlo, a causa de la presión que sobre ellos ha hecho la CE; pueden también decirnos que, con estas medidas, se han garantizado las pensiones de aquellos que se jubilen dentro de 10 años y pueden hacernos creer que no había otra manera de cuadrar las cuentas públicas del Estado; y, si me apuran, pueden sostener que, con este pacto han paliado los problemas que afectan a nuestro país, en estos momentos, o, por lo menos, han quedado reducidos. Es evidente que, al menos, van a intentarlo.

No es el objetivo de este comentario analizar las partes técnicas de la reforma, que han sido difundidas por todos los medios de prensa, pero sí hacer algunas consideraciones sobre determinados puntos que, al menos, creo que merecen ser considerados con más detalle. Uno de ellos es que, puestos a reformar las pensiones, ésta ha sido la solución menos lógica. El seguir insistiendo en mantener un sistema, el de reparto, que se ha demostrado que tiene graves lagunas y que, a la larga, resulta insostenible debido a las muchas variables que llegan a incidir sobre la premisa básica, en la que se sostiene el sistema, que se concreta en que hayan suficientes cotizaciones, por parte de los trabajadores en activo, que permitan cubrir las crecientes necesidades de pago de pensiones; teniendo en cuenta la prolongación de la vida de los beneficiarios. En efecto, si para poder atender las pensiones de los que se jubilen, es preciso que un determinado número de cotizantes (trabajadores y empresas) contribuyan con sus cuotas; es obvio que, cuando disminuya el número de los que trabajan o de las empresas y, esta circunstancia, se prolonga durante un tiempo; la viabilidad del sistema queda cuestionada. El señor Aznar previó que se pudieran producir hechos circunstanciales que desequilibraran los ingresos y las prestaciones, para lo cual creó un Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que se iría nutriendo de los superávit de dicha institución. La primera aportación fue de unos 30.000 millones de pesetas y, durante sucesivos ejercicios, se fue incrementado.

Dos circunstancias se han producido que han alterado el grado de fiabilidad y seguridad del Fondo de Reserva de la Seguridad Social: la primera, que se han vendido los valores en los que estaba invertido el Fondo ( bonos alemanes y franceses) para comprar, por iniciativa del Gobierno, deuda pública española que, si bien da mayor rentabilidad, a cambio, y esto no es baladí, no goza de la fiabilidad y fortaleza de aquellos valores; en segundo lugar, la Seguridad Social, en el 2010,  sólo tuvo un superávit de 2.382 millones de euros, un 72% menos que en el 2009, con la salvedad de que este beneficio sólo se consiguió gracias  a la mayor rentabilidad de los valores en los que está invertido.  Así es que, según los datos consultados, los ingresos, en términos de contabilidad nacional, alcanzaron la cifra de 122.484 millones de euros (un 0’97% menos que el año anterior) y, por el contrario, los gastos subieron a 120.101 millones de euros o sea, un 4’55% de incremento anual. En definitiva, que el Fondo de Reserva de las pensiones, además de estar invertido en deuda pública española (difícil de vender) corre los riesgos que están afectando a nuestra deuda, objetivo de los vaivenes especulativos, en especial, dentro de las bolsas europeas.

Otra consideración. Si estamos soportando un paro que supera, doblándolo, el de la media europea; si los datos de la EPA nos han confirmado que los parados, a finales del pasado Ejercicio, superaban los 4.696.000 (el 20’33%); ¿cómo se entiende que, ahora, se tomen medidas para alargar la vida laboral de los trabajadores, incluso primando su permanencia en el trabajo por encima de los 67 años? Un dato significativo: en España tenemos a 1.300.000 familias en las que todos sus miembros están en el paro. ¿cómo se explica que, en estas condiciones, el Gobierno y los Sindicatos adopten una postura semejante? No se les ha ocurrido que sólo las empresas pueden sacarnos del apuro.  

Existe, al respecto, una circunstancia muy preocupante, al revés de lo que sucedió con el largo periodo de las post guerra española en el que muchos españoles, la mayoría poco preparados y sin estudios, emigraran hacia Alemania, donde se los internaba en una especie de gustos y se les obligaba a aprender el alemán como condición previa; no obstante, se da la paradoja de que la  señora Merkel, la canciller alemana, ahora nos está birlando a los universitarios españoles. Se han dado cuenta de que la recuperación de su país precisa de personas bien preparadas. ¿Qué va a suceder en España si, aparte de que seguimos teniendo una natalidad cada vez más baja, los universitarios que se han formado gracias a los impuestos del pueblo español, van a parar a otros países que saquen jugo a sus conocimientos?¿Cómo va a enfrentarse España a una recuperación económica si no tiene la savia de la juventud universitaria para impulsar nuevas tecnologías o asumir el relevo de aquellos que, por su edad o por su incapacidad devenida para ocupar cargos directivos, deberán abandonarlos?

Hablemos de las prejubilaciones. En el año 2010, según datos del Ministerio de Trabajo, al mes de septiembre, las prejubilaciones anticipadas, entre bajas y despidos, ascendieron a 53.000 personas un 25’1% de todas las altas por jubilación. Aparte de ser un sistema caro para las empresas que, en la mayoría de los casos, tienen que complementar, al menos durante unos años, la percepción de los jubilados y cotizar por ellas; son personas que no producen, no cotizan durante los años que se les calculó que cotizarían y, sin embargo, empiezan antes de lo previsto a percibir prestaciones de la Seguridad Social. No parece que, esta modalidad, en contra de lo que antes se afirmaba, vaya a desaparecer; en todo caso lo que se percibe es que, con toda probabilidad, serán las empresas las que tendrán que apechugar con una mayor parte del coste de ellas. Y, para redondear el panorama, es obvio que los beneficiarios van a percibir menos pensión que lo que se viene percibiendo en la actualidad a causa de la ampliación de 15 a 25 años del periodo para el cálculo de la base de cotización.

Y,  todo este sistema, enrevesado para los no expertos, poco práctico si lo que se pretendía era reducir los gastos públicos a corto plazo y, evidentemente, provisional, porque el mismo Gobierno admite que lo único que se garantiza es la estabilidad de las pensiones hasta el año 2040; resulta que, de antemano, ya se sabe que la tendencia es que las jubilaciones se las administren los mismos trabajadores. No deberían descontarse de su sueldos, como ocurre en estos momentos, un 4% de sus salarios más el 37% que cotiza la empresa por él; así, aparte de la cuota correspondiente a las prestaciones médicas, el resto lo pudiera gestionar el trabajador para hacerse su propio seguro privado, que le garantice la percepción de una cantidad o un vitalicio que no esté sujeto a las arbitrariedades de un Gobierno que hace de su capa un sayo cuando se trata de modificar las condiciones contractuales de los trabajadores. O eso opino yo.

Miguel Massanet Bosch