Partidos manchados

El informe del fiscal del Tribunal de Cuentas sobre indicios de falsedad documental e ilícitos tributarios de varios partidos, publicado hoy por este periódico, ofrece más motivos a la ciudadanía para mantener su desconfianza en unas organizaciones a las que sostiene con sus contribuciones obligadas (vía presupuestos públicos) y sin que los receptores garanticen la buena administración de los fondos. Por curados de espanto que estemos, no deja de sorprender que en un año tan reciente como el de 2012 los partidos más importantes continuaran conculcando, presuntamente, las normas legales que rigen su funcionamiento.

Pese a la omnipresencia de la corrupción en el debate público, en la mentalidad de las direcciones de los partidos importa más usar los escándalos como armas contra el adversario, que reformarse seriamente. La estrategia compartida de magnificar los problemas ajenos para alejar la atención de los propios parte del sobrentendido de que unos escándalos neutralizan electoralmente a otros. Pero el precio de ese modo de obrar es el descrédito del conjunto de la clase política, aunque muchas de las personas que la integran no sean culpables de nada.

La base de la investigación procede del Tribunal de Cuentas, que parece empezar a tomarse en serio su papel como fiscalizador de las fuerzas políticas tras años de ineficacia y exceso de prebendados. Otras irregularidades ya habían sido observadas en ejercicios anteriores, pero la lentitud en el trabajo del Tribunal, que ha llegado a acumular hasta cuatro y cinco años de retraso en las fiscalizaciones, y la falta de mayor respaldo legal —que solo ha logrado recientemente— ha facilitado bien la prescripción de delitos, bien la escasez de expedientes sancionadores. Ahora ya está realizada la revisión de 2012 y la Fiscalía no quiere pasar por alto las irregularidades advertidas en ese ejercicio que, a su juicio, podrían tener trascendencia penal. No deja de ser un cambio, por ejemplo, respecto a los años de gestión presuntamente delictiva de extesoreros del Partido Popular, que el Tribunal de Cuentas no había descubierto.

El estallido del caso Bárcenas, hace prácticamente dos años, propició el anuncio de Mariano Rajoy de nuevas medidas anticorrupción y de limitaciones a la financiación de los partidos, que todavía se encuentran en trámite parlamentario. El problema es que cada reforma suele responder a casos del pasado, en vez de revisar a fondo toda la legislación de partidos y establecer controles severos con vistas al futuro.

Por descontado, las fuerzas políticas afectadas están obligadas a explicarse sobre las irregularidades descubiertas. Pero también tienen la obligación de cortar con los modos del pasado. Sería una señal pésima que no sacaran conclusiones de sus culpas y que no se comprometieran formalmente a garantizar la limpieza de las competiciones en este año crucial de 2015.