La credibilidad se decide en los primeros cien días, pero la transformación exige un horizonte de dos mandatos y rendición de cuentas.
Una alternativa política se vuelve creíble cuando explica qué hará al día siguiente de las elecciones. Las visiones para 2035 son necesarias, pero el ciudadano necesita imaginar el primer pleno, el primer presupuesto y los primeros cambios. «Somos Cuenca» debe cerrar su propuesta con un contrato de gobierno: cien días para demostrar un nuevo método, cuatro años para ejecutar una transformación y ocho años para consolidarla.
El contrato comienza con una declaración de límites. Ningún Ayuntamiento puede resolver por sí solo la despoblación provincial, reabrir una línea ferroviaria estatal, transformar el mercado nacional de vivienda o crear grandes industrias mediante decreto. Prometerlo sería repetir la política que se critica. Pero el Ayuntamiento sí puede cuidar la ciudad, facilitar actividad, rehabilitar vivienda, defender intereses, cooperar con otras instituciones, medir resultados y movilizar recursos. La honestidad competencial es el primer acto de buen gobierno.
Durante los primeros diez días se publicará una agenda de transparencia. Retribuciones, asesores, contratos, subvenciones, patrimonio municipal, ejecución presupuestaria y reuniones institucionales estarán disponibles en formatos comprensibles. Se abrirá un registro de compromisos con fecha y estado. El nuevo gobierno no esperará a que la oposición reclame información. La ofrecerá como norma.
En los primeros treinta días se pondrá en marcha el Plan de Limpieza y Belleza Urbana. Equipos municipales y contratas realizarán una inspección calle a calle: pavimento, mobiliario, grafitis, iluminación, parques, solares, contenedores y accesibilidad. Se publicará un mapa de incidencias y un calendario. La intervención se concentrará en problemas visibles y reparables. La limpieza no es una política menor; es la señal cotidiana de que la ciudad se respeta.
También en el primer mes comenzará la Oficina Anti-Burocracia. No será una nueva capa administrativa, sino una unidad temporal de revisión. Analizará trámites frecuentes, identificará duplicidades, establecerá plazos y acompañará aperturas de negocio. El objetivo será reducir tiempos sin rebajar garantías. Cada trimestre se publicarán resultados. La administración que mide su demora empieza a corregirla.
Antes de los cien días se aprobará el Plan Joven «Quédate/Vuelve». Incluirá ayudas al alquiler condicionadas, bolsa de vivienda, prácticas locales, coworking inicial, orientación a proyectos y red de conquenses en el exterior. Se convocará un consejo joven con capacidad de propuesta presupuestaria. El mensaje será inequívoco: la juventud no es un asunto festivo, sino demográfico, económico y político.
El Casco Antiguo Vivo será otra prioridad. En cien días se constituirá una oficina de rehabilitación que reúna asesoramiento técnico, ayudas y mediación. Se elaborará un censo operativo de viviendas vacías y locales, respetando la protección de datos, y se negociarán acuerdos para activar inmuebles. La movilidad y los servicios se revisarán con residentes, trabajadores y hostelería. El patrimonio dejará de gestionarse como postal aislada.
Los barrios recibirán una partida participativa. Cada zona debatirá proyectos de escala pequeña y ejecución rápida: sombra, bancos, juegos, accesibilidad, iluminación o espacios comunitarios. La experiencia permitirá diseñar un modelo estable. El gobierno asumirá el compromiso de responder por escrito a todas las propuestas, explicando viabilidad, coste y plazo.
El primer presupuesto incorporará el Observatorio «Somos Cuenca». Un cuadro trimestral medirá población, edad, empleo privado, negocios, tiempos de licencia, vivienda habitada, uso del transporte, actividad cultural, incidencias urbanas y satisfacción. Los indicadores no sustituirán el juicio político, pero impedirán que la propaganda sustituya a la realidad. Cuando un dato empeore, el gobierno tendrá que explicarlo y corregir.
La estrategia económica del primer mandato se organizará en seis programas: comercio y autónomos; turismo de calidad; cultura y audiovisual; agroinnovación; cuidados y bienestar; y captación de profesionales remotos. Cada programa contará con una mesa reducida de empresas, universidad y técnicos, objetivos anuales y convocatoria competitiva de apoyo. Se evitarán organismos sin función y planes que terminan en presentaciones.
El comercio dispondrá de un plan de locales activos, digitalización útil, campañas coordinadas, mejora del acceso y relevo generacional. Las ayudas se evaluarán por permanencia y empleo. La hostelería y el turismo deberán integrarse con convivencia y patrimonio. La cultura será tratada como infraestructura económica y social: programación estable, producción local, residencias, festivales con retorno y red de espacios.
La capital del bienestar se construirá desde dentro. Programas contra la soledad, rutas saludables, deporte base, apoyo a cuidadores, salud mental comunitaria y espacios de relación formarán una política transversal. Cuenca se promocionará después como ciudad para vivir, crear y trabajar. Primero habrá que demostrar que lo es para quienes ya están.
La movilidad tendrá un pacto de ciudad. Autobuses, aparcamiento, peatones, bicicletas, accesibilidad, estación de alta velocidad y conexiones provinciales se analizarán conjuntamente. Cada reforma contará con prueba, datos y revisión. El gobierno evitará imponer modelos cerrados. La movilidad es una experiencia diaria y debe responder a usuarios reales.
La defensa territorial será firme. El Ayuntamiento impulsará una oficina técnica para infraestructuras estratégicas y coordinará la reivindicación ferroviaria con municipios, plataformas y expertos. Su misión será producir propuestas, seguir expedientes, buscar financiación y mantener interlocución. La defensa de Cuenca dejará de depender de declaraciones episódicas.
El primer mandato tendrá tres fases. En 2027 y 2028 se producirá el desbloqueo: limpieza, trámites, vivienda, juventud, transparencia y mantenimiento. Entre 2029 y 2030 llegará el despegue: captación de talento, economía creativa, rehabilitación, eventos y cooperación provincial. En 2031 se evaluará públicamente el mandato y se propondrá la segunda etapa 2031-2035, centrada en consolidación demográfica y económica.
El presupuesto respetará una regla de sostenibilidad. Cada nueva infraestructura incluirá coste de mantenimiento. Cada subvención tendrá objetivo y evaluación. Cada gasto de comunicación deberá vincularse a un servicio o resultado. Se revisarán entes, convenios y contratos para reasignar recursos. La austeridad no consistirá en dejar de hacer, sino en dejar de gastar sin impacto.
La política de personal municipal será esencial. No habrá transformación contra los empleados públicos, sino con ellos. Se reconocerá experiencia, se formará en nuevas herramientas, se aclararán responsabilidades y se evaluarán procesos. La meritocracia, la movilidad interna y la dirección profesional deben sustituir tanto la politización como la rutina. Un Ayuntamiento facilitador necesita funcionarios respaldados y exigidos.
La relación con la oposición será institucional. Se ofrecerá información, se crearán comisiones de seguimiento de grandes proyectos y se aceptarán propuestas útiles. El gobierno no confundirá mayoría con propiedad del Ayuntamiento. A cambio, exigirá una oposición que fiscalice con datos. La regeneración política se demuestra también en la forma de discrepar.
Los pactos con otras administraciones se harán públicos. Cuando una competencia corresponda a Junta, Diputación o Gobierno, el Ayuntamiento presentará una petición formal, plazos y seguimiento. La ciudadanía podrá saber quién debe decidir y qué respuesta ha dado. Así se termina con el intercambio de culpas difuso que permite a todos anunciar y a nadie responder.
El contrato incluye un mecanismo de rectificación. Las políticas que no funcionen se modificarán. Admitir un error no será considerado debilidad, sino responsabilidad. La cultura política española premia a menudo la obstinación, pero una administración local debe aprender rápido. Los proyectos piloto, la evaluación y la escucha permitirán corregir antes de que el fracaso se haga irreversible.
Al final de cada año, el alcalde y cada concejal presentarán un balance público de compromisos cumplidos, retrasados y descartados. Las explicaciones se ofrecerán en un pleno ciudadano y en un documento verificable. No se tratará de una gala de propaganda, sino de una rendición de cuentas. La confianza crece cuando el poder reconoce lo que falta.
¿Qué debería percibir un vecino tras el primer año? Una ciudad más cuidada, una administración más accesible, información más clara, actividades culturales continuas, ayudas jóvenes operativas y barrios con capacidad de decisión. ¿Qué debería comprobar tras cuatro años? Más viviendas activas, trámites reducidos, empleo privado creciente, mayor cooperación provincial, casco histórico más habitado y un Ayuntamiento capaz de defender proyectos con rigor.
El horizonte de ocho años no es perpetuación. «Somos Cuenca» debería limitar mandatos y preparar renovación. Dos legislaturas constituyen tiempo suficiente para iniciar y consolidar un cambio; después, nuevas personas han de asumirlo. La transformación no puede depender de que un dirigente permanezca. Debe quedar en instituciones, procedimientos y cultura cívica.
El contrato de 2027 se resume en una frase: no prometemos milagros; prometemos método, trabajo y resultados. Cuenca no necesita otra etapa de administración inercial, pero tampoco una aventura improvisada. Necesita un gobierno que combine ambición y prudencia, identidad y apertura, exigencia y cuidado.
«Somos Cuenca» será verdadero cuando el pronombre deje de ser retórico. Somos significa que el Ayuntamiento no actúa solo; que los barrios deciden; que la universidad aporta; que las empresas invierten; que la provincia coopera; que la oposición controla; que los empleados públicos mejoran procesos; y que la ciudadanía evalúa. Cuenca no se transformará porque una candidatura gane, sino porque una mayoría social decida sostener un nuevo modo de gobernar.
Ese es el final de esta serie y, al mismo tiempo, su punto de partida. La ciudad dispone de patrimonio, paisaje, conocimiento, escala y comunidad. Le falta reunirlos en una dirección política. En 2027 puede volver a elegir entre administrar la inercia o abrir una etapa. «Somos Cuenca» propone la segunda opción: pequeña en tamaño, enorme en posibilidades; orgullosa sin complejo, moderna sin perder alma y responsable de su propio futuro.
El contrato municipal debe acompañarse de una matriz pública de responsabilidades. Cada compromiso tendrá un concejal coordinador, un equipo técnico, recursos y dependencias externas. De ese modo se evitará que los proyectos se pierdan entre áreas. La coordinación política será una función central de la Alcaldía, que celebrará reuniones de seguimiento orientadas a problemas y no solo a expedientes.
La contratación pública recibirá una reforma práctica. Se planificará con antelación, se dividirán lotes cuando sea posible, se mejorarán pliegos y se supervisará ejecución. Los retrasos y modificaciones se publicarán. La buena contratación no genera titulares, pero determina limpieza, mantenimiento, obras y servicios. Un contrato mal diseñado puede frustrar una política entera.
El gobierno elaborará un calendario urbano para coordinar obras, eventos y afecciones. La ciudadanía conocerá con tiempo cortes, alternativas y duración. La improvisación cotidiana deteriora la percepción incluso cuando la actuación es necesaria. Comunicar bien no es propaganda; es reducir molestias y tratar al vecino como adulto.
La rendición de cuentas alcanzará a las sociedades, consorcios y convenios en los que participe el Ayuntamiento. Todos deberán justificar objetivos, actividad y coste. Los órganos atrofiados o duplicados se reformarán o abandonarán conforme a la ley. La cooperación institucional solo tiene sentido cuando produce resultados que no podrían obtenerse de forma más sencilla.
El segundo mandato, si la ciudadanía lo concede, se condicionará al cumplimiento del primero. «Somos Cuenca» no pedirá continuidad por inercia. Presentará una evaluación externa y renovará una parte sustancial del equipo. La continuidad del proyecto debe convivir con la renovación de personas. Esa práctica distinguirá una transformación institucional de una nueva clase política instalada.
El legado de ocho años debería observarse en indicadores y hábitos: población estabilizada, mayor proporción de empleo privado, más vivienda ocupada, trámites más rápidos, barrios cuidados, casco histórico vivo, cultura continua y relaciones más exigentes con otras administraciones. También en algo menos cuantificable: una ciudadanía que ya no acepta como normal la opacidad o el retraso.
La ciudad puede experimentar contratiempos, crisis económicas o cambios legislativos. El contrato no será una predicción rígida. Incluirá reservas, escenarios y revisión anual. Gobernar responsablemente significa mantener dirección mientras se adapta el camino. La promesa no es que nada saldrá mal, sino que cada dificultad será afrontada con información, decisión y explicación.
La política de comunicación institucional cambiará desde el primer día. Se diferenciará con claridad la información de servicio de la promoción del gobierno; se limitará la personalización de campañas y se facilitará el acceso de los medios a documentos. El dinero público no financiará un culto a los cargos. La mejor comunicación será un servicio que funciona y un dato que puede comprobarse.
El contrato incluirá además una cláusula de ciudadanía: cualquier vecino podrá consultar el estado de los doce compromisos centrales, formular observaciones y recibir respuesta. Esta trazabilidad convertirá el programa en una herramienta de control durante todo el mandato. El voto dejará de ser un cheque en blanco y se transformará en una relación política continuada.
Ese control ciudadano será la garantía de que el programa permanezca vivo después de la campaña.