Hoy celebramos el Día del Trabajo en medio de una contradicción que resume el drama de nuestra época: España crece, las empresas ganan como nunca, pero los trabajadores apenas sobreviven. Más de 21,5 millones de afiliados a la Seguridad Social, récord histórico de empleo, productividad en ascenso. Y sin embargo, los salarios reales llevan casi un cuarto de siglo congelados. La pregunta es inevitable: ¿para quién crece exactamente esta economía?
La gran estafa del reparto
Los datos desmontan el relato oficial del progreso compartido. Desde 2019, la productividad por hora trabajada ha crecido un 9%, el margen bruto empresarial por trabajador se ha disparado un 17%, pero la remuneración media apenas avanza un 2%. No es un problema de eficiencia o competitividad: es un problema de reparto. El valor añadido que generan los trabajadores españoles se está redistribuyendo sistemáticamente hacia el capital, en todos los sectores, desde la energía hasta la hostelería.
Esta transferencia silenciosa de riqueza es el motor del empobrecimiento laboral que vivimos. Porque el problema no es solo que los salarios no suban: es que todo lo demás sí sube, especialmente la vivienda, ese «gran coladero» por donde se va la mayor parte de lo que ganamos. El trabajador pobre ya no es una excepción marginal: es una categoría estructural de nuestro mercado laboral, un fenómeno que crece precisamente cuando la economía crece.
Las asignaturas pendientes que nadie quiere corregir
Detrás de los titulares optimistas sobre el empleo se esconden fracturas profundas que comprometen el futuro. El paro juvenil alcanza el 32% en algunos tramos de edad, evidenciando que nuestro sistema educativo sigue siendo incapaz de preparar a los jóvenes para el mercado laboral real. Tenemos más tecnología que nunca, pero carecemos de especialistas para aprovecharla: la paradoja de la productividad española en una sola frase.
El paro de larga duración condena a miles de personas a la exclusión permanente, víctimas de una transformación digital que avanza sin red de protección. Y mientras el empresariado se queja de costes regulatorios, la temporalidad, la precariedad y los bajos salarios siguen siendo el modelo de contratación dominante. La flexibilidad siempre ha sido unilateral: para despedir, para recortar, para precarizar. Nunca para repartir los beneficios cuando llegan.
Un Primero de Mayo sin concesiones
Los sindicatos han entendido el momento. Este año no hay retórica vacía sobre la dignidad del trabajo: hay reivindicaciones concretas y urgentes. Subidas salariales del 4% al 7% para salarios bajos, derecho efectivo a la vivienda, jornada de 37,5 horas, reforma del despido. Son demandas elementales en cualquier economía que se pretenda justa, pero en España suenan a revolucionarias.
La manifestación central en Málaga no es casual: esa ciudad es el paradigma de cómo el turismo descontrolado y la especulación inmobiliaria expulsan a los trabajadores de sus propias ciudades. Lo que está pasando en Málaga es lo que amenaza a toda España: territorios convertidos en parques temáticos para el capital, donde los que trabajan ya no pueden vivir.
El lema «Proteger lo conquistado, ganar futuro» encierra una lucidez estratégica que debería preocupar al poder político y económico. Porque cuando los trabajadores tienen que salir a la calle para defender derechos que creíamos consolidados, significa que el pacto social se ha roto. Y cuando piden futuro, no están pidiendo migajas: están exigiendo su parte justa de la riqueza que ellos mismos generan.
El verdadero test de la democracia
España está ante una encrucijada que va más allá de cifras macroeconómicas. Podemos seguir engordando los márgenes empresariales mientras empobrecemos a la mayoría, podemos seguir celebrando récords de empleo mientras crece el número de trabajadores que no llegan a fin de mes, podemos seguir ignorando que la vivienda se ha convertido en un mecanismo de explotación más eficaz que cualquier recorte salarial.
O podemos decidir que el crecimiento económico debe traducirse en bienestar real para quienes trabajan. Que la productividad tiene que repartirse, que la vivienda es un derecho y no un activo especulativo, que trabajar no puede ser sinónimo de pobreza en un país que presume de recuperación económica.
Este Primero de Mayo no celebramos la situación actual: denunciamos la distancia brutal entre el progreso económico y el retroceso social. Y exigimos que esa brecha se cierre de una vez, no con palabras, sino con salarios dignos, viviendas asequibles y derechos laborales reforzados. Porque una economía que no sirve a quienes trabajan no es una economía sostenible: es un sistema de transferencia de riqueza que no merece llamarse democracia.