La tarde en que Ayuntamiento de Cuenca y Asociación de Vecinos del Centro se sientan a hablar de Carretería termina en denuncia pública: los representantes vecinales aseguran haber sido «víctimas de constantes faltas de respeto» y describen un «tono inadmisiblemente elevado» por parte de la portavoz del equipo de gobierno, Saray Portillo, y de la concejala de Cultura, Marian Martínez. Doce personas entre políticos y gabinete frente a dos vecinos para “explicar” un proyecto de reurbanización que lleva en debate desde mayo de 2025 es algo más que una simple reunión técnica: es una escenografía del poder municipal.
Invitados, no interlocutores
El relato de la Asociación de Vecinos del Centro es nítido y, sobre todo, coherente con una sensación muy extendida entre el tejido vecinal de muchas ciudades: no se les convoca para deliberar, sino para asistir. Los dos representantes que acuden a la cita hablan de «constantes faltas de respeto» y subrayan que la «puesta en escena, siendo doce personas entre políticos y gabinete frente a dos, fue excesiva a nuestro parecer». En un espacio urbano tan simbólico como Carretería, corazón cotidiano de Cuenca, ese despliegue numérico funciona como un mensaje: aquí manda el Ayuntamiento, ustedes vienen a escuchar.
La denuncia va más allá del número. Los vecinos acusan a Portillo y a Martínez de «cuestionar reiteradas veces» su derecho a asistir, alegando que solo tres personas de la directiva ostentarían formalmente la representación de la asociación. Añaden que las palabras de ambas «incurrieron en descalificaciones personales y el tono inadmisiblemente elevado», y rematan con una frase demoledora: «la manipulación constante de los comentarios aportados creó un ambiente tenso y poco colaborativo». Es decir, se sintieron interpelados, cuestionados y reinterpretados, no escuchados.
La defensa municipal: procedimiento impecable, diálogo defectuoso
Ante esta denuncia, la reacción pública del Ayuntamiento se articula sobre dos ideas: sorpresa y cumplimiento del procedimiento. Portillo afirma que el encuentro le «sorprendió» porque «solamente vinieron dos personas en representación de los vecinos y también que no fuera nadie del equipo directivo», desplazando así el foco desde el contenido de la reunión al nivel jerárquico de quienes se sientan enfrente. Es una forma elegante de decir: no vino quien debía venir, por tanto lo que allí pasó queda relativizado.
En paralelo, la portavoz insiste una y otra vez en que «nosotros lo que hemos hecho y vamos a seguir haciendo es cumplir nuestro compromiso». ¿En qué se traduce ese compromiso? En un proyecto de reurbanización de la zona Centro «ya terminado» y «siendo revisado por la Gerencia de Urbanismo», redactado por técnicos municipales con ayuda de asistencia externa, que se expondrá al público y se someterá a un periodo de alegaciones «como cualquier otro proyecto». El mensaje es claro: el procedimiento administrativo está garantizado; la participación vendrá después, en forma de alegaciones a un documento ya cerrado.
Este esquema desplaza el conflicto a un terreno cómodo para el gobierno: el de los plazos, informes y reglamentos. El verdadero problema –cómo se ejerce el poder en la mesa, cómo se trata a quien discrepa, qué margen real hay para modificar el proyecto– queda diluido bajo la fórmula «cumplimos con nuestro compromiso» y el mantra de que todo se hará “como cualquier otro proyecto”.
FEDER, PAI y Agenda Urbana: cuando Europa se usa como escudo
Portillo sitúa además la reurbanización de Carretería dentro de una estrategia «completa» financiada con fondos FEDER, encuadrada en los Planes de Actuación Integrados (PAI), “alineados con la Agenda Urbana”. Recuerda que esa Agenda Urbana «ya ha tenido su proceso de participación» e incluso reivindica que en ese proceso se incorporó la encuesta que «los propios vecinos del Centro hicieron». Sobre el papel, el expediente participativo parece irreprochable; sobre el terreno, los vecinos salen de una reunión denunciando faltas de respeto y manipulación de sus aportaciones.
Aquí se produce una tensión de fondo que va mucho más allá de Carretería. Los grandes marcos europeos –FEDER, PAI, Agenda Urbana– se conciben para impulsar transformaciones urbanas coordinadas, sostenibles, con participación ciudadana. Pero en la práctica pueden convertirse en un escudo político: el gobierno local se presenta como mero ejecutor de una hoja de ruta ya legitimada por procesos participativos generales, de modo que cuestionar un diseño concreto de calle casi equivale a poner en duda Europa, la sostenibilidad o la Agenda Urbana en su conjunto.
La pregunta es incómoda pero inevitable: ¿una encuesta vecinal incorporada a la Agenda Urbana legitima cualquier solución que se proponga después para Carretería? Difícilmente. Una cosa es recoger opiniones generales sobre movilidad, espacio público o comercio de proximidad; otra muy distinta es definir secciones, usos, plataformas, arbolado y ritmo de obra en una vía concreta. La participación genérica no puede usarse como cheque en blanco ilimitado.
La coartada de los canales oficiales
El concejal de Participación Ciudadana, Alberto Castellano, refuerza el blindaje institucional con un argumento que, a primera vista, parece técnico pero en realidad es profundamente político. Recuerda que se ha llevado a cabo «una modificación íntegra del reglamento de participación ciudadana» y que esta se articularía por dos canales: los Consejos de Distrito y el Consejo Municipal de Entidades Ciudadanas. Enseguida introduce un matiz que suena a reproche: en los Consejos de Distrito «casualmente la asociación del Centro no ha participado ni ha presentado candidatura alguna».
Sobre el segundo canal añade que, aunque la asociación ha participado en el Consejo Municipal, «en la mayoría de los casos no han asistido» a las reuniones, si bien lo atribuye –con una cortesía que no borra el mensaje– a «alguna causa justificada». Es decir, el Ayuntamiento responde a una denuncia de maltrato político en una reunión concreta recordando a la asociación que no usa lo suficiente los canales oficiales que el propio gobierno ha diseñado.
La lógica que se dibuja es peligrosa: la calidad de la escucha y el respeto que merece una asociación parece depender de su grado de cumplimiento del guion participativo establecido por el Ayuntamiento. Quien no se presenta a Consejos de Distrito o no acude regularmente al Consejo de Entidades vería así debilitado su “derecho” a quejarse del trato recibido en una reunión ad hoc. Pero la participación ciudadana no es un premio de fidelidad institucional: es un derecho político básico, incluso –y sobre todo– cuando se ejerce de manera incómoda para el poder.
La escena de Carretería: jerarquía frente a diálogo
Dos vecinos sentados frente a una docena de responsables políticos y personal de gabinete para hablar de una calle que pisan cada día. Un proyecto «ya terminado» que se presenta como objeto de revisión, pero cuyo margen de modificación real queda en la nebulosa burocrática de las alegaciones. Un gobierno local que pone sobre la mesa reglamentos de participación, Consejos de Distrito, Consejo de Entidades, fondos FEDER y Agenda Urbana, mientras los asistentes vecinales salen denunciando «constantes faltas de respeto» y un tono «inadmisiblemente elevado».
Todo en esa escena habla de jerarquía, no de diálogo. El número de sillas, la condición de “sorprendente” que se atribuye a la ausencia de la directiva, el énfasis en la trayectoria de la asociación en los canales oficiales, incluso la forma de encuadrar el encuentro en una rueda de prensa posterior, nos muestran un Ayuntamiento más preocupado por administrar su imagen de gestor responsable que por cuidar la relación con quien discrepa. Y cuando la política se reduce a gestión y comunicación, la participación corre el riesgo de convertirse en decoración.
Carretería como termómetro democrático
Carretería no es un simple proyecto de obra pública. Es la arteria donde se condensan comercio, paseo, reivindicaciones y memoria cotidiana de la ciudad. El modo en que se decide su futuro dice mucho sobre el modelo de gobierno local que se está construyendo en Cuenca. Un Ayuntamiento que presume de Agenda Urbana y de participación «por doble vía», pero tolera –o protagoniza– reuniones de las que los vecinos salen hablando de «manipulación constante» y «ambiente tenso y poco colaborativo», está enviando un mensaje contradictorio sobre su cultura democrática.
No se trata solo de si habrá más o menos tráfico, más o menos árboles o más o menos terrazas. Se trata de quién se sienta a la mesa, en qué condiciones y con qué disposición a dejarse convencer. Si la respuesta al malestar vecinal es exhibir reglamentos y aforos de consejos, en lugar de revisar seriamente qué pasó en esa sala, el problema va mucho más allá de Carretería.
La verdadera transformación urbana de Cuenca no pasa solo por cambiar el pavimento y el mobiliario de Carretería. Pasa por cambiar el tono, las formas y el reparto de la palabra en las mesas donde hoy se decide sin, o contra, quienes viven cada día esa calle. Mientras esa reforma profunda no llegue, la ciudad podrá lucir todos los sellos de la Agenda Urbana, pero seguirá suspendiendo en algo más básico: el respeto político a sus vecinos.