La “prioridad nacional” ha llegado al debate político español envuelta en el escándalo: se señala a Vox y al PP por copiar la retórica de la extrema derecha francesa, ese “los de casa primero” que huele a frontera y sospecha. Pero mientras medio país se lleva las manos a la cabeza, olvidamos que en Cataluña llevamos décadas practicando una versión propia, más refinada y amable en el discurso, pero muy eficaz en sus efectos: una prioridad nacional a la catalana, basada en la lengua y aplicada con especial intensidad en la escuela y en el empleo público. La pregunta incómoda es si una democracia puede defender la igualdad de derechos mientras normaliza filtros identitarios para acceder a los espacios donde se fabrica y se ejerce el poder.
De Le Pen a la Plaça de Sant Jaume
La idea moderna de “prioridad nacional” no nace en España, sino en la Francia de posguerra, en el ecosistema político y cultural que desembocará en el Frente Nacional de Jean‑Marie Le Pen. Allí se formula un principio sencillo y brutal: los franceses deben tener preferencia en empleo, vivienda social y ayudas públicas frente a los inmigrantes. No es solo una propuesta administrativa; es una concepción de la comunidad política donde la nacionalidad se convierte en un escalón de acceso a derechos materiales. La identidad deja de ser una pertenencia simbólica y se transforma en un filtro jurídico.
Ese principio se envuelve en un relato emocional potente: el pueblo “auténtico” frente a las élites, los extranjeros y las minorías; la Francia “de siempre” frente a la amenaza de disolución cultural y demográfica. La prioridad nacional se presenta como un mecanismo de defensa ante la supuesta invasión. No es casual que, con los años, esa lógica se haya exportado a otros países europeos y hoy inspire a movimientos que, cada uno a su modo, plantean variantes del mismo eslogan: primero los nuestros, después los demás.
En España, el trasplante ha sido directo: Vox lo ha convertido en bandera, y el PP empieza a asumir piezas de ese discurso en pactos autonómicos y propuestas concretas. Sin embargo, en paralelo, el nacionalismo catalán ha desarrollado su propio laboratorio identitario. No controla el Estado, pero sí ha levantado en Cataluña un entramado normativo y cultural donde la lengua, más que un patrimonio compartido, funciona como clave de pertenencia. La diferencia es que allí no se apela a la nacionalidad jurídica, sino a la nación catalana construida alrededor del catalán: el filtro no es el pasaporte, sino el idioma.
La escuela como fábrica de nación
Pocas políticas explican mejor esta prioridad nacional a la catalana que el modelo educativo. Sobre el papel, la escuela catalana se presenta como un instrumento de cohesión social, ascensor de oportunidades y garantía de igualdad. Para lograrlo, se erige el catalán en lengua “propia” del sistema, vehicular en la mayoría de materias, y se le otorga una centralidad que el castellano no tiene, pese a ser también oficial. El relato es conocido: sin un catalán fuerte en la escuela, la lengua desaparecería; sin una lengua fuerte, la nación catalana quedaría desprotegida.
Durante décadas, la inmersión lingüística se ha defendido como un modelo neutral, casi técnico, poco menos que incontestable. Pero bajo esa apariencia se despliega una operación política de largo alcance. Al hacer del catalán la lengua dominante de la vida escolar, la Administración no solo garantiza su conocimiento; también lo convierte en marca identitaria. No se enseña únicamente un idioma, sino una pertenencia. Quien pasa por ese molde sale, en teoría, con la “catalanidad” incorporada como segunda piel.
El problema aparece cuando esa lógica, pensada para proteger a una minoría nacional, choca con derechos individuales concretos. Familias castellanohablantes que no encuentran una oferta real de enseñanza en su lengua, alumnos que viven la escuela como un espacio de tensión idiomática, resoluciones judiciales que recuerdan que el castellano no es una lengua extranjera, sino oficial en todo el Estado. La supuesta neutralidad se resquebraja: la inmersión deja de ser solo un instrumento de inclusión y se revela como un mecanismo de homogeneización dirigido desde arriba.
En ese punto, la escuela deja de ser únicamente un servicio público y pasa a ser una fábrica de nación. La prioridad ya no es el alumno concreto, con su diversidad lingüística y cultural, sino el proyecto nacional que se quiere construir con él. La protección de la lengua –objetivo legítimo– se coloca por encima de la libertad de elección y de la igualdad real de trato entre lenguas oficiales. Eso es, en esencia, una forma de prioridad nacional: el interés de la nación, definida por su idioma, se impone sobre los derechos de quienes no encajan del todo en ese patrón.
Empleo público: cuando el certificado de idioma hace de carnet de pertenencia
El otro gran campo donde se materializa la prioridad nacional a la catalana es el empleo público. La Administración es el núcleo duro del poder en cualquier territorio: reparte recursos, regula, decide, fija normas y, no menos importante, ofrece estabilidad y prestigio a quienes logran entrar en ella. No es un mercado laboral cualquiera; es la puerta de acceso a una posición privilegiada en el entramado social.
En Cataluña, el conocimiento del catalán se ha configurado como requisito general para acceder a buena parte de estas plazas, no como mérito valorable. Sobre el papel, la justificación es coherente con la definición del catalán como lengua propia de la Administración: hay que garantizar la atención en catalán al ciudadano. En la práctica, sin embargo, la exigencia se ha extendido y elevado de tal modo que se convierte en un filtro muy selectivo. Niveles altos para docentes, exigencias que llegan a puestos donde el uso real de la lengua es marginal, convocatorias en las que, si uno rasca, el idioma pesa más que la competencia técnica.
Los tribunales han empezado a poner límites, corrigiendo casos en los que el nivel exigido resultaba desproporcionado para las funciones del puesto. Pero más allá de las sentencias, el efecto social ya está instalado: se dibuja una brecha entre quienes han pasado por la socialización lingüística adecuada –escuela, universidad, certificaciones– y quienes, aun siendo ciudadanos con todos los derechos, se encuentran con un muro invisible si aspiran a entrar en la Administración catalana. Para un castellanohablante recién llegado de otra comunidad, para muchos migrantes latinoamericanos o para familias que no han seguido el itinerario identitario completo, el acceso al empleo público se convierte en una carrera de obstáculos.
Aquí la comparación con la prioridad nacional francesa es inevitable. Allí se plantea que el estado del bienestar debe reservarse con preferencia a “los de casa”; aquí se reserva el corazón de la Administración a quienes superan un conjunto de filtros identitarios. El pasaporte español abre la puerta de los derechos formales, pero, en Cataluña, para cruzar el umbral hacia los puestos clave, hace falta otra llave: la lengua convertida en certificado de pertenencia nacional.
No se trata de negar la lógica de que un funcionario en Cataluña deba poder atender en catalán. Se trata de preguntarse si esa exigencia se ha convertido en un dogma que, bajo la noble bandera de la normalización lingüística, consolida una jerarquía silenciosa entre ciudadanos: algunos plenamente aptos para mandar y gestionar; otros confinados, en el mejor de los casos, a los márgenes del sistema.
Democracia, igualdad y la tentación de las excepciones identitarias
El corazón de la cuestión no es lingüístico, sino democrático. La igualdad de derechos y oportunidades, independientemente del origen, la lengua o las creencias, es el pilar sobre el que descansa cualquier Estado de derecho digno de ese nombre. La “prioridad nacional”, sea con bandera rojigualda o estelada, introduce una cuña en ese principio: admite que, en nombre de la identidad colectiva, se puedan hacer excepciones a la igualdad.
En el caso español, resulta especialmente paradójico. Quienes critican –con razones de peso– la prioridad nacional de Vox, por su carga xenófoba y excluyente, aceptan sin demasiados reparos una prioridad nacional a la catalana en la que el sujeto protegido no es “el español”, sino “el catalán” definido sobre todo por su relación con la lengua. Cambia el destinatario de la protección, pero la lógica de fondo es la misma: hay un “nosotros” que merece más y un “ellos” que debe esforzarse por alcanzar estándares que no todos pueden cumplir en igualdad de condiciones.
La coartada moral de la minoría nacional amenazada ha funcionado durante años como justificante de estas políticas. Y es verdad que Cataluña ha sufrido durante mucho tiempo políticas uniformizadoras desde el Estado. Pero la historia no puede convertirse en patente de corso para eternizar estados de excepción identitaria. Lo que en manos de un Estado frente a una minoría denunciaríamos como discriminación, en manos de una autonomía frente a una parte de sus propios ciudadanos se maquilla de normalidad y hasta de progreso.
La lengua, la cultura y la memoria merecen protección. Lo que no merece, en un marco democrático, es la institucionalización de jerarquías de derechos en función de la adhesión o la adaptación a un proyecto nacional concreto. Cuando aceptamos que la identidad justifica excepciones a la igualdad, abrimos la puerta a todas las prioridades nacionales: primero los españoles, primero los catalanes, primero los que sean. Discutimos el apellido, pero damos por buena la trampa.
Quizá ha llegado el momento de reivindicar una ciudadanía sin adjetivos. Una en la que la escuela sea casa común y no aduana ideológica, en la que la Administración sea servicio público y no club privado de los bien acreditados. Una en la que la lengua vuelva a ser lo que debería haber sido siempre: un puente para encontrarnos, no una frontera para clasificar quién merece estar dentro y quién debe quedarse a la puerta.