Fernando Savater, Tiempo (Publicado en UPyD, aquí)
Cuando don Julio Caro Baroja quería señalar el carácter absurdo, majadero y a fin de cuentas dañino de alguna postura, personal o administrativa, la calificaba de “melonada”. También recuerdo haberle leído la expresión a su tío, el Baroja más ilustre. La verdad es que me encanta esa calificación descalificadora y fue la primera que se me vino a las mientes al asistir al circo de las traducciones simultáneas en el Senado entre las diversas lenguas españolas: una melonada integral, la madre de todas las melonadas.
Lo de menos es el dinero que va a costar, puesto que en nuestro Estado del despilfarro viene a ser el chocolate del loro. Tampoco es lo principal lo inútil de esa complicación, que obliga a compatriotas que en los pasillos y en el bar del Senado se entienden perfectamente en la lengua que comparten a recurrir a un traductor para realizar su trabajo oficial. Incluso pasemos por alto los aspectos más ridiculizables del asunto, como que mi antiguo condiscípulo Iñaki Anasagasti, que habla con elocuencia un castellano mejor que el mío, deba expresarse balbuceando un euskera en cuyo uso no destaca precisamente. Digamos que el dispendio, la superfluidad y la ridiculez son sin duda daños pero colaterales del desafuero mayor.
Se dice que se trata de una decisión de alcance simbólico, destinada a conmemorar la pluralidad lingüística de España. Pues ahí está precisamente el núcleo del daño, en el aspecto simbólico. Que en varios territorios españoles se reconocen otras lenguas oficiales, además de la común del castellano o español, es algo que a estas alturas resulta evidente. En los parlamentos autonómicos de esas regiones hace mucho que se puede hablar en ellas, en las escuelas se puede educar en ellas (a veces en condición de monopolio), y se puede informar en ellas en televisiones, radios o periódicos. Pero ese pluralismo no comporta la existencia de naciones diferentes, como pretenden explícita o subrepticiamente los nacionalistas. Por eso es simbólicamente imprescindible que en el Senado y en el Congreso del Estado, que son organismos en los que se decide sobre España y no asambleas internacionales de países distintos, se reconozca que existe una lengua común constitucionalmente establecida, lo mismo que constitucionalmente se establece una unidad nacional. Precisamente porque los senadores representan a las regiones culturalmente diversas de un país único, es fundamental que escenifiquen esa concordancia en lo que irreprochablemente compartimos allí dónde se debaten y defienden los intereses de todos. Para que no se confundan ni nos confundan.
Basta de mentiras: las circunscripciones autonómicas del país no son entidades políticas del mismo nivel que el estado nacional, España, en su conjunto. Todas nuestras lenguas co-oficiales son respetables y válidas, pero no todas tienen el mismo rango institucional y político. Y es eso lo que simbólicamente debe afirmarse en el Senado y el Congreso: si no, ya me dirán ustedes dónde. La diversidad de lenguas españolas es una riqueza cultural, pero el tener una lengua común es una inestimable riqueza política: que se lo pregunten a los belgas, si alguien lo duda. Este es uno de los temas que deberían enseñarse en la denostada asignatura de Educación para la Ciudadanía, cuyo único defecto es llegar tarde para remediar tantas falacias y el daño causado a la democracia española por tantas imprudentes melonadas.