Luis de Velasco (Publicado en República de las ideas, aquí)
“Here we go again”, allá vamos otra vez. O dicho más castizamente, vuelta la burra al trigo. ¿Pero no es volver a empezar sino seguir con lo mismo de antes? Estamos hablando de la permanente crisis de la UE, esa que parecía en vías de solución tras la reunión en la cumbre el pasado jueves. A decir verdad, lo parecía para algunos, otros mantenían/mos un sano escepticismo.
Sin duda que las decisiones de esa cumbre (si se aplican en su totalidad, algunas presentan obstáculos de consideración y que van desde unanimidad de los países miembros hasta intervenciones de legislativos en ambientes de opiniones públicas reticentes) han sido notables y denotan voluntad política de cambiar las cosas. Por lo menos, algunas. Pero siguen ahí por lo menos dos problemas de peso. Uno, llámese como se llame y los eufemismos son variados, estamos ante una suspensión de pagos “pequeñita” de Grecia que supone pérdidas para los acreedores, lo que repercute en los demás países con riesgo, entre ellos el nuestro. Es el contagio .Así lo han denunciado las “malvadas ” agencias de calificación, es su trabajo. Dos, el mal de fondo sigue lógicamente ahí y es la existencia de un área monetaria que no es óptima, que se ha ido defendiendo en época de bonanza pero que cuando hay dificultades, eso que se llaman ” shocks externos”, no los puede resistir. Ese gran problema sigue ahí a pesar de los remiendos parciales y lastra todo el proceso al pretender integrar países con enormes y creciente diferencias de competitividad. Y como telón de fondo, el muy deficiente sistema de decisiones interno de la Unión.
La situación española sigue siendo de enorme dificultad. La economía lleva tres años de mínimo crecimiento y, lo que es peor, para los años inmediatos lo más probable es continuar en el fondo de la “L”, arrastrándonos. Tenemos problemas serios en la economía financiera, son bien conocidos, y también, y esto es menos recordado, en la economía real con niveles muy bajos de productividad y capacidad de competir. Nuestra exportación de bienes pierde participación en el comercio mundial y la renta por habitante ha retrocedido, en términos reales, al nivel de hace cinco años.
En esta coyuntura de tormenta, se produce la anunciada caída de una entidad financiera de peso, la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), ejemplo de desastre de gestión y, presumiblemente, de algo más serio a la vista de lo publicado hasta ahora. Algunos datos son ilustrativos. Bajo la dirección del recientemente jubilado director general de los últimos diez años, Roberto López Abad, la caja ha concedido créditos blandos por importe de cerca de 200 millones a consejeros, familiares, amigos, compadres que les han servido para grandes negocios. La CAM se vinculó a negocios ruinosos con empresas como Martinsa, Nozar, Polaris, Terra Mítica o el Pocero, además de estar presente en actuaciones especulativas y presuntamente ilegales con personajes bien conocidos, políticos y empresarios destacados, en Alicante. La acumulación de riesgo ladrillo ha batido récords. Este ex director ha ingresado en su salida unos diez millones de euros, seguramente como recompensa a su impecable gestión. Este desastre (¿desfalco?) de la CAM ha ocurrido con la intervención directa del Gobierno de la comunidad valenciana (Zaplana nombró a ese director y Camps lo mantuvo) y bajo la mirada complaciente del Gobierno de la nación y de la autoridad reguladora y supervisora, el Banco de España.
Ahora se nos informa que el rescate costará, de momento, unos seis mil millones de euros (un billón de pesetas, para que se entienda mejor la cosa de los ceros). Como mínimo, porque habrá un esquema de protección de activos para el adjudicatario. Es decir una vez más, privatización de ganancias y socialización de las pérdidas a cargo del contribuyente. La pregunta es por qué hay que rescatar a una entidad que no es “too big to fail”. ¿Porqué no se la puede dejar caer, reintegrando a los depositantes lo que marca la ley, aplicando a sus trabajadores la normativa laboral, eliminando toda indemnización para los directivos de alto nivel e instruyendo a la fiscalía para iniciar la vía penal para consejeros y el director general? Ellos son los primeros responsables del desastre y no se pueden ir a su casa tranquilamente (a “aprender a tocar algún instrumento” como dice un periódico de ese director general) y con los bolsillos llenos. Eso sí lo entendería una opinión pública que, con razón, está harta de muchas cosas. Pero me temo que no lo veremos.