Celia Cámara, responsable de UPyD en Castilla La Mancha, denuncia el alineamiento del PP de Castilla La Mancha con la patronal y rechaza la política de constantes recortes contra los empleados públicos y contra los servicios de salud y educación, básicos en el Estado del Bienestar.
UPyD de Castilla La Mancha considera que Cospedal se ha terminado de quitar la careta y ha comenzado a actuar como una buena alumna de Dª Esperanza Aguirre, basando su programa de austeridad en reducir aún más los salarios de los trabajadores de la Administración, llevando su capacidad adquisitiva a niveles de pérdida que superan el 30% en apenas tres años, al tiempo que ha seguido al pié de la letra las indicaciones de la patronal que, tanto a nivel nacional como regional, ha venido pidiendo insistentemente y con excesivo énfasis que vuelvan a ser los empleados públicos los que paguen la crisis, provocando la no contratación de miles de interinos.
Por otra parte, se ha iniciado el peligroso camino de la privatización de los esenciales servicios sanitarios, en la misma dirección que se apunta en otras comunidades, como la catalana, que conduce hacia el final de una Sanidad universal y plenamente gratuita.
La formación magenta considera así mismo inadmisible que continúen los recortes en Educación, con la supresión del programa de gratuidad de libros de texto que va a perjudicar a un gran número de familias, la reducción drástica de empleo para el profesorado, la paralización de la formación permanente y el recorte de dotación económica para el funcionamiento de Centros
A juicio de Cámara, la política de austeridad debe dirigirse en primer lugar hacia los excesos y duplicidades de la sobrecargada administración de Castilla La Mancha, la aceleración en la supresión de empresas públicas innecesarias, el control sobre los gastos de cargos públicos mediante el establecimiento de bandas salariales, y abordando las necesarias reformas que precisa la organización territorial de España, con la supresión de Diputaciones y la fusión de la gestión de ayuntamientos, algo que el PP no quiere tratar dado que supondría dejar sin sillón, sueldo y privilegios a miles de sus más fieles afiliados.