(Publicado en Voto en Blanco-Periodista Digital, aquí)
Meter la mano en el bolsillo de los ciudadanos para sacarles dinero sin eliminar antes lacras antidemocráticas como la financiación pública de los sindicatos y partidos políticos es inmoral, injusto y contrario a la democracia. En países como Estados Unidos, Inglaterra y Alemania partidos políticos y sindicatos viven de las cuotas de sus miembros y no se concibe una financiación como la de España, sustentada por los impuestos ciudadanos.
Es cierto que el gobierno afirma haber rebajado la financiación de los partidos y sindicatos un 20 por ciento, pero tenía que haberse suprimido por completo, como es recomendable en las democracias limpias y avanzadas. La opinión pública española lo tiene claro: antes de entrar a saco en los bolsillos de los ciudadanos deberían haber adoptado otras medidas igualmente necesarias, como adelgazar el Estado, engordado en contra del interés general y del bien común por políticos indecentes, sin otro fin que el de colocar a sus correligionarios, parientes y amigos.
La democracia es una sistema que se fundamenta en valores y principios, algunos irrenunciables, como el respeto a la voluntad popular, la equidad, la justicia y la ética. Los recortes aprobados por el gobierno, aunque pretendan justificarse por la situación económica, no están sustentados por la equidad, ya que perjudican más al ciudadano que al político, que una vez más actúa como déspota que no renuncia a sus privilegios, ni por la Justicia y la voluntad popular, que exigen que se desmonte primero el "Estado de Privilegio" creado por los políticos para beneficio de ellos mismos.
La inmoralidad e injusticia de las medidas del gobierno Rajoy colocan a ese partido, innecesariamente, en la senda del desgaste acelerado y del rechazo popular intenso, hasta el punto de que podría perder, inesperadamente, las próximas elecciones andaluzas. Los dirigentes del Partido Popular deberían entender que sus votantes le han apoyado para algo muy diferente a lo que están haciendo y que quienes les han llevado hasta la Moncloa no quieren que se condecore a Zapatero y se despliegue complicidad corporativa con los socialistas derrotados, sino que se persiga el delito, se sea inflexible frente a la corrupción y se eliminen los numerosos e intolerables privilegios de una casta política que es la que nos ha conducido hasta el desastre.
Antes de seguir asfixiando al ciudadano con nuevos recortes y subidas de impuestos, cuyo efecto sobre la economía siempre es paralizante y recesivo, l actual gobierno debería emprender una cruzada drástica contra los bastiones del lujo y del abuso político, entre los que se encuentran la insoportble financiación de las ruinosas televisiones públicas autonómicas, que no tienen otra utilidad que la propaganda de los gobiernos regionales, la misma financiación de partidos, sindicatos y patronales y la eliminación de administraciones duplicadas, la existencia de miles de empresas públicas inútiles y el mantenimiento de cientos de miles de puestos de trabajo superfluos, casi siempre creados para que amigos y familiares del poder vivan de la teta del Estado.
Sin emprender esa cruzada por la decencia y la justicia que los españoles ansían con todas sus fuerzas, el futuro del Partido Popular, que verá como pierde apoyos populares a rítmo de vértigo, es tan negro que, probablemente, ni siquiera alcance a culminar la actual legislatura.